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La Fiscalía General de la República informó que la carpeta de investigación derivada de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos aún no reúne el estándar probatorio que exige la legislación mexicana para ejercer acción penal.
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que hasta el momento no cuenta con pruebas suficientes para sustentar una acción penal contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y las otras nueve personas señaladas por autoridades de Estados Unidos, aunque confirmó que la investigación permanece abierta.
Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que el expediente es atendido por la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas y cedió la explicación técnica a David Bone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional.
El funcionario señaló que la carpeta de investigación se inició a partir de la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos, en la que aparecen diez personas, entre funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Sinaloa.
Precisó que los delitos señalados por las autoridades estadounidenses constituyen únicamente el punto de partida de la investigación en México.
"No ha habido pruebas, concretamente para responder en el sentido del parámetro probatorio mínimo que requiere el derecho mexicano", reconoció Bone de la Garza.
Indicó que la Fiscalía ha realizado entrevistas ministeriales a los diez señalados y recabado diversos informes como parte de una investigación que calificó como exhaustiva, aunque evitó precisar si Estados Unidos ha entregado información adicional distinta a la contenida en la solicitud inicial.
Por su parte, Ernestina Godoy descartó que este caso pueda resolverse mediante el procedimiento utilizado anteriormente para el traslado de más de 90 presuntos integrantes de grupos criminales hacia Estados Unidos, al señalar que aquellos casos correspondían a personas con órdenes de aprehensión y procesos penales vigentes.
En contraste, explicó que la petición contra Rocha Moya y los demás involucrados corresponde únicamente a una solicitud de detención provisional con fines de extradición, la cual sigue su propio procedimiento conforme a la Ley de Extradición Internacional y requiere que el Gobierno estadounidense justifique la urgencia de la medida.
La fiscal también confirmó que la investigación no se ha ampliado a posibles delitos financieros, lavado de dinero o revisión de cuentas bancarias y patrimonio de los involucrados.
"No hemos ampliado la investigación a otros delitos", sostuvo, al precisar que las diligencias se limitan a los ilícitos planteados en la solicitud formulada por Estados Unidos.
El caso se originó luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara a Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de presuntamente recibir sobornos y colaborar con una organización criminal para facilitar el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Tras hacerse pública la acusación, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador, misma que fue aprobada por el Congreso de Sinaloa, quedando como gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde.
