El Gobierno federal calificó de infundadas las declaraciones del titular de la DEA, Terry C. Cole, quien aseguró que existe una “conexión mo...
El Gobierno federal calificó de infundadas las declaraciones del titular de la DEA, Terry C. Cole, quien aseguró que existe una “conexión mortal” entre los cárteles y autoridades mexicanas; la administración de Claudia Sheinbaum defendió los resultados de su estrategia de seguridad.
Ciudad de México. El Gobierno de México rechazó las declaraciones del director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry C. Cole, quien afirmó que existe una "conexión mortal" entre los cárteles del narcotráfico y el Gobierno mexicano, al asegurar que dichas afirmaciones carecen de sustento y no corresponden a los resultados obtenidos en materia de seguridad.
Los señalamientos fueron realizados por el funcionario estadounidense durante la conferencia "Fentanyl Free America", celebrada en Orlando, Florida, donde sostuvo que los grupos del crimen organizado mantienen vínculos con funcionarios mexicanos, situación que, afirmó, dificulta el combate al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.
Gobierno mexicano responde
A través de una tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México rechazó las declaraciones de Cole y aseguró que los resultados de la estrategia de seguridad son públicos y verificables.
"Las afirmaciones realizadas carecen de sustento y no corresponden a los resultados que, de manera pública y verificable, ha presentado el Gobierno de México en el combate a las organizaciones criminales", señaló.
Destacan detenciones y acciones contra funcionarios
Como parte de su respuesta, el Gobierno federal informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2026 fueron detenidas 59 mil 582 personas relacionadas con actividades delictivas.
Además, destacó que entre los detenidos se encuentran integrantes de distintos grupos del crimen organizado, así como más de 80 servidores y exservidores públicos presuntamente vinculados con actividades ilícitas, incluidos siete presidentes municipales en funciones, derivados de acciones como la Operación Enjambre y otras investigaciones.
Con ello, sostuvo que "no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas", independientemente del cargo que ocupe.
Crece la tensión bilateral
La postura del Gobierno mexicano se da en medio del incremento de las tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.
En semanas recientes, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la extradición de varios funcionarios sinaloenses, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con organizaciones criminales.
Hasta el momento, el Gobierno mexicano ha reiterado que no procederá contra los funcionarios señalados mientras las autoridades estadounidenses no presenten las pruebas que respalden dichas acusaciones, postura que también ha sostenido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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