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Por unanimidad, el Pleno aprobó reformas a la Ley de Vivienda para priorizar el acceso a una vivienda digna para mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades indígenas y afromexicanas.
Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad reformas y adiciones a la Ley de Vivienda del Estado con el propósito de fortalecer el derecho a una vivienda adecuada desde una perspectiva de género e inclusión social, priorizando la atención de mujeres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Las modificaciones abarcan diversos artículos de la legislación estatal y buscan consolidar la vivienda como un eje prioritario para el desarrollo económico, social y cultural de Sinaloa, además de garantizar que las políticas públicas en la materia se desarrollen bajo los principios de igualdad, no discriminación y perspectiva de género.
Entre las principales adiciones destaca el reconocimiento de la vivienda como un área prioritaria para el desarrollo del estado, estableciendo la responsabilidad del Ejecutivo estatal de impulsar acciones en coordinación con los sectores social y privado.
Asimismo, se incorpora el concepto de grupos en situación de vulnerabilidad, que incluye a personas con discapacidad, jefas de familia de bajos ingresos, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas adultas mayores.
Las reformas también fortalecen la política estatal de vivienda al establecer mecanismos de coordinación con los municipios para mejorar las condiciones habitacionales en zonas urbanas y rurales, fomentar la participación de comunidades con altos índices de marginación y vigilar la correcta aplicación de indicadores que permitan orientar los programas de vivienda.
Uno de los nuevos apartados, el artículo 54 Bis, establece la obligación del Estado de implementar mecanismos y acciones que garanticen la tenencia legítima de una vivienda adecuada, digna y decorosa para mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y, de manera especial, para las jefas de familia.
De igual forma, las reformas amplían las atribuciones de la Comisión de Vivienda para desarrollar programas de financiamiento dirigidos a los sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad, garantizando igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos.
Además, la política de vivienda deberá priorizar el acceso a una vivienda para personas en condiciones de pobreza o marginación, incluyendo expresamente a personas con discapacidad, jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, jóvenes y comunidades indígenas y afromexicanas.
Con estas modificaciones, el Congreso de Sinaloa busca fortalecer el marco jurídico para que las políticas públicas en materia de vivienda respondan con mayor equidad a las necesidades de los sectores históricamente más vulnerables de la población.
