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La medida permitirá a instituciones financieras estadounidenses procesar operaciones autorizadas para asistencia humanitaria y reconstrucción, sin modificar el régimen de sanciones vigente.
Washington, D.C.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una flexibilización temporal de ciertas medidas de supervisión financiera relacionadas con Venezuela, con el propósito de facilitar operaciones autorizadas vinculadas a la ayuda humanitaria y la recuperación económica del país tras los terremotos registrados el mes pasado.
La disposición establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no emprenderá acciones de cumplimiento contra instituciones financieras estadounidenses que participen en operaciones autorizadas en Venezuela entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la medida busca reducir los riesgos regulatorios para bancos y otras entidades financieras que procesen transacciones relacionadas con asistencia humanitaria, reconstrucción y recuperación económica derivadas de los daños ocasionados por los sismos.
La dependencia aclaró que esta flexibilización no representa un levantamiento de las sanciones económicas impuestas a Venezuela. Las instituciones financieras deberán mantener sus programas de prevención de lavado de dinero y continuar cumpliendo con las restricciones establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Asimismo, precisó que la protección no ampara violaciones deliberadas o intencionales a la legislación financiera estadounidense.
Según un informe del Banco Mundial, los terremotos ocurridos el 24 de junio, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron daños estimados en 19 mil 600 millones de dólares, una cifra que podría afectar la recuperación económica venezolana durante la próxima década.
Estados Unidos mantiene sanciones contra funcionarios y sectores de la economía venezolana desde 2015, medidas que fueron ampliadas en 2017 y endurecidas en 2019 con restricciones sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA). Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha emitido licencias y excepciones específicas para determinadas actividades, especialmente de carácter humanitario y energético.
