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La administración del presidente estadounidense busca reactivar una orden ejecutiva bloqueada por tribunales, mientras enfrenta demandas de varios estados que consideran inconstitucional la medida.
Washington, D.C.– La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este lunes a la Corte Suprema autorizar la aplicación de una orden ejecutiva que impone nuevas restricciones al voto por correo, la cual permanece suspendida por decisiones judiciales.
La petición fue presentada una semana después de que un tribunal federal de apelaciones en Massachusetts confirmara el bloqueo de la orden ejecutiva emitida en abril, con la que el gobierno busca endurecer los controles para la emisión y distribución de boletas electorales enviadas por correo de cara a las elecciones intermedias de noviembre.
La medida establece que el Servicio Postal solo podrá distribuir boletas de voto por correo a electores que aparezcan como elegibles en registros estatales elaborados con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Tras la emisión de la orden, casi dos docenas de estados y el Distrito de Columbia promovieron demandas contra la administración federal, al considerar que la disposición es inconstitucional y que su propósito es restringir el acceso al voto.
En el contexto de las elecciones de mitad de mandato, Trump ha reiterado sus señalamientos sobre un supuesto fraude en el voto por correo, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas que respalden esas afirmaciones.
Paralelamente, el mandatario impulsa en el Congreso la aprobación de la iniciativa denominada Save America, la cual obligaría a los estados a exigir documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense para registrarse como votantes en elecciones federales.
Los tribunales que han frenado la orden ejecutiva sostienen, de manera preliminar, que el presidente no tiene facultades para modificar de forma unilateral las reglas que rigen los procesos electorales, competencia que corresponde principalmente al Congreso y a los estados.
Además, la administración ha promovido demandas contra 29 estados para obtener copias de sus padrones electorales, que contienen información como fechas de nacimiento, números de licencias de conducir y parte de los números del Seguro Social de los votantes. Hasta ahora, jueces federales han impedido la entrega de esos registros en tres estados, mientras el resto de los casos continúa en litigio.
El voto por correo cobró especial relevancia durante las elecciones presidenciales de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Tras esos comicios, autoridades electorales, tribunales y agencias federales concluyeron que no existían evidencias de un fraude generalizado y señalaron que el sistema cuenta con mecanismos de verificación y auditoría.
