.png)
El presidente ha gobernado mediante decretos, emergencias nacionales y decisiones unilaterales en política exterior y seguridad, mientras la...
El presidente ha gobernado mediante decretos, emergencias nacionales y decisiones unilaterales en política exterior y seguridad, mientras la mayoría republicana en el Legislativo ha limitado los contrapesos institucionales.
Un año después de su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha consolidado una expansión sin precedentes del poder presidencial en Estados Unidos, apoyado en el uso intensivo de decretos, facultades de emergencia y un Congreso dominado por aliados republicanos que ha ofrecido escasa resistencia efectiva a esa concentración de autoridad.
Durante su segundo mandato, Trump ha desdibujado los límites tradicionales de la Presidencia, respaldado por un Gabinete de lealtad absoluta y un liderazgo republicano dispuesto a acompañar su agenda, incluso cuando ello implica tensionar precedentes históricos del propio Poder Legislativo. Analistas políticos han advertido que el Ejecutivo ha llevado al límite el marco legal al asumir atribuciones que históricamente correspondían al Congreso, a los tribunales y a los gobiernos estatales.
En apenas un año, la Casa Blanca ha emitido más de 200 órdenes ejecutivas, acelerado cambios regulatorios y definido la política exterior con mínima consulta institucional. Desde el primer día de su toma de posesión, Trump firmó decretos para suspender programas de admisión de refugiados, endurecer vetos migratorios y ampliar las facultades de agentes migratorios, concentrando decisiones que antes transitaban por procesos legislativos más amplios.
A ello se suma el uso reiterado de poderes de emergencia. Bajo la figura de “emergencia nacional” por migración y tráfico de fentanilo, el mandatario impuso aranceles a importaciones de Canadá y México, así como medidas comerciales contra otros socios, amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Varias de estas acciones han sido impugnadas en tribunales federales y se encuentran bajo revisión de la Corte Suprema.
En materia de seguridad y defensa, Trump también ha marcado distancia con prácticas de gobiernos anteriores al ordenar acciones militares sin notificación previa al Congreso. Bombardeos contra embarcaciones vinculadas presuntamente al narcotráfico, así como operaciones internacionales de alto impacto, han generado críticas por un presunto sobrepaso de las facultades presidenciales en materia de guerra, aunque sin lograr frenar la estrategia desde el Legislativo.
El Congreso, con mayoría republicana en la Cámara de Representantes y un Senado de fuerte peso conservador, ha permitido que la agenda presidencial avance con bajo costo político, bloqueando intentos de supervisión y rechazando reformas para acotar el uso de decretos y emergencias. Aunque han surgido episodios aislados de inconformidad, tanto de legisladores conservadores como de sectores bipartidistas, estos no han derivado en una oposición organizada capaz de restablecer contrapesos efectivos al poder presidencial.
