Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Para siempre está compuesto de ahoras” , Emily Dickinson (1830-1886) Poetisa estadounidense. ...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Para siempre
está compuesto de ahoras” ,
Emily Dickinson
(1830-1886) Poetisa estadounidense.
ILEGALIDAD
La democracia
sindical no admite interpretaciones a modo ni prórrogas discrecionales. Es un
mandato legal, estatutario y ético.
Cuando un
dirigente se aferra al cargo una vez vencido su periodo, no solo incumple la
norma: fomenta la ilegalidad como método de control y rompe el principio básico
de representación colectiva.
En la Sección 27
del SNTE, ese escenario tiene nombre y fecha. Genaro Torrecillas López
concluyó formalmente su gestión como secretario general el 4 de noviembre de
2025.
Desde entonces,
la ausencia de una convocatoria para renovar la dirigencia no puede explicarse
como retraso administrativo ni como circunstancia extraordinaria. Es, en los
hechos, una negativa consciente a la democracia sindical.
La Ley Federal
del Trabajo no deja margen a la ambigüedad. El artículo 371, fracciones IX y X,
obliga a los sindicatos a establecer y respetar la duración de los cargos y los
procedimientos democráticos para la elección y renovación de sus directivas.
Al no convocar a
elecciones tras el vencimiento de su mandato, Torrecillas López incumple una
obligación expresa de ley y cancela el derecho de los trabajadores a decidir
quién los representa.
A ello se suman
los artículos 358 y 359 de la LFT, que consagran la libertad y la democracia
sindical como derechos fundamentales.
La permanencia
en el cargo sin respaldo electoral vulnera estos principios y coloca a la
dirigencia seccional en una condición de ilegitimidad jurídica y política.
El problema se
agrava cuando se observa el incumplimiento de los estatutos del propio SNTE,
que establecen con claridad los plazos y mecanismos para la renovación del
Comité Ejecutivo Seccional.
Ignorarlos no es
un acto menor: es una ruptura deliberada del orden interno y una señal de
desprecio hacia la base magisterial.
Desde el 4 de
noviembre de 2025, cualquier decisión, firma, gestión de recursos o acto de
representación realizado por una dirigencia sin mandato vigente queda
jurídicamente cuestionado.
No se trata de
una discusión retórica, sino de un riesgo real de nulidad de actos y de
conflictos legales ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La ilegalidad no es simbólica; tiene consecuencias.
La pregunta es
inevitable y necesaria: ¿por qué Genaro Torrecillas López se niega a convocar
a elecciones? ¿Qué explica el miedo al relevo democrático?
La experiencia
sindical demuestra que solo quienes temen a la voluntad de la base bloquean los
procesos electorales y prolongan artificialmente su permanencia en el poder.
Este escenario
rebasa el ámbito local. El SNTE nacional no puede mirar hacia otro lado.
El silencio
frente a una dirigencia seccional cuyo periodo venció el 4 de noviembre de 2025
y que se niega a renovar su mandato equivale a avalar prácticas autoritarias y
a traicionar el discurso de democracia sindical que el propio sindicato dice
defender.
El llamado es
claro y directo: el SNTE nacional debe intervenir de inmediato, exigir la
convocatoria a elecciones, garantizar un proceso libre, democrático y
transparente, y devolverle la decisión a los trabajadores de la educación de la
Sección 27.
La democracia no
se suspende por conveniencia personal ni se administra a discreción del
dirigente en turno. Se ejerce o se viola. Y desde el 4 de noviembre de 2025,
con su negativa a convocar a elecciones, Torrecillas López ha optado
por violarla, colocando a la Sección 27 del SNTE en una ruta de ilegalidad que
daña al magisterio y debilita al propio sindicato.
ALTO IMPACTO
El ataque armado
contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix y
Elizabeth Montoya Ojeda, constituye un hecho grave que trasciende lo individual
y obliga a una reflexión más amplia sobre la seguridad, la vida pública y el respeto
al Estado de derecho en la entidad.
Más allá de
filiaciones partidistas, el atentado representa una agresión directa contra
representantes electos y, por extensión, contra la función legislativa y el
ejercicio democrático.
En una sociedad
que aspira a resolver sus diferencias por la vía institucional, cualquier acto
de violencia contra actores políticos erosiona la confianza ciudadana y
debilita las bases de la convivencia pública.
El contexto en
el que ocurrió el ataque —una vía pública de la capital del estado y a plena
luz del día— subraya la dimensión del desafío que enfrentan las autoridades en
materia de seguridad.
La reacción
inmediata de los cuerpos de auxilio y la atención médica brindada a los
legisladores fue fundamental para preservar vidas, pero no sustituye la
obligación del Estado de esclarecer los hechos, identificar a los responsables
y garantizar que no haya impunidad.
La respuesta
institucional anunciada por el Gobierno de México y por el Gobierno de Sinaloa,
en el sentido de coordinar acciones y dar seguimiento puntual al caso, es un
paso necesario. Sin embargo, el reto no se limita a una investigación concreta.
El atentado
plantea preguntas legítimas sobre los mecanismos de prevención, la protección
de servidores públicos y la capacidad de las instituciones para contener
escenarios de violencia que impactan directamente en la vida política.
También es
importante evitar lecturas apresuradas o especulativas. La prudencia, la
información confirmada y el respeto al debido proceso son indispensables para
no politizar el hecho ni utilizarlo como herramienta de confrontación. La
gravedad del suceso exige responsabilidad de todos los actores: autoridades,
partidos políticos y sociedad.
El caso de
Sergio Torres y Elizabeth Montoya debe asumirse como una oportunidad para
reforzar el compromiso institucional con la legalidad, la seguridad y la
protección de quienes ejercen cargos públicos.
No se trata solo
de garantizar condiciones para el trabajo legislativo, sino de enviar un
mensaje claro de que la violencia no puede convertirse en un componente
normalizado de la vida política.
En un estado
como Sinaloa, marcado históricamente por retos complejos en materia de
seguridad, la defensa del Estado de derecho pasa por hechos concretos:
investigaciones eficaces, coordinación real entre niveles de gobierno y una
política de seguridad que privilegie la prevención y la justicia.
El atentado
contra los diputados de Movimiento Ciudadano no debe quedar solo como una
noticia de alto impacto.
Debe ser un
punto de reflexión y acción institucional para reafirmar que la política, en
una democracia, se ejerce con argumentos, leyes y votos, nunca con violencia.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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