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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de febrero se negarán recursos federales a estados que alberguen gobiernos locales que se resistan a las políticas migratorias de su administración, retomando una estrategia que en el pasado fue frenada por tribunales.
El presidente de Donald Trump afirmó que, a partir del próximo 1 de febrero, su gobierno dejará de otorgar fondos federales a cualquier estado que cuente con ciudades o gobiernos locales que se opongan a las políticas de inmigración de su administración, en especial a las llamadas ciudades santuario.
El anuncio fue realizado al final de un discurso en el Club Económico de Detroit, donde el mandatario sostuvo que estas jurisdicciones “protegen a criminales a expensas de los ciudadanos estadounidenses” y generan fraude, crimen y otros problemas, sin detallar qué programas o recursos específicos serían afectados.
Al ser cuestionado posteriormente en Washington sobre el tipo de financiamiento que sería recortado, Trump evitó precisiones y se limitó a señalar que el impacto será “significativo”. La medida podría tener efectos amplios en distintos estados y municipios del país, incluso en aquellos que no suelen identificarse abiertamente como favorables a políticas migratorias flexibles.
Las denominadas ciudades santuario no cuentan con una definición legal estricta, pero generalmente se refieren a jurisdicciones que limitan su cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), particularmente en la detención y deportación de personas en situación migratoria irregular.
No es la primera vez que Trump impulsa una estrategia de este tipo. Durante su primer mandato, en 2017, intentos similares de cortar fondos federales a ciudades santuario fueron bloqueados por los tribunales. Asimismo, una orden ejecutiva emitida el año pasado para retener recursos a estas jurisdicciones fue anulada por un juez federal en California.
El Departamento de Justicia publicó previamente una lista de más de 30 estados, ciudades y condados considerados como jurisdicciones santuario, en su mayoría gobernados por administraciones demócratas, entre ellos California, Nueva York y Connecticut, así como ciudades como Boston y Nueva York.
En semanas recientes, el gobierno federal ha intentado suspender o modificar el financiamiento de diversos programas, acciones que ya enfrentan impugnaciones legales y podrían derivar nuevamente en disputas judiciales.
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