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La presidenta presentó cifras sobre sueldos y prestaciones eliminadas en la Suprema Corte, en contraste con la polémica por la adquisición de vehículos blindados para actuales ministros.
México.– La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un comparativo entre los beneficios y gastos que anteriormente recibían los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las condiciones actuales, en el contexto de la polémica generada por la compra de vehículos blindados de alto costo para los actuales integrantes del máximo tribunal.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria expuso que en administraciones pasadas se justificaban erogaciones que incluían desde pagos por objetos olvidados hasta accesos preferenciales a eventos, mientras que en la actualidad se ha reducido de manera significativa el gasto en prestaciones y beneficios adicionales.
Sheinbaum detalló que el salario neto mensual de un ministro llegó a ser de 206 mil 947 pesos, mientras que para 2026 se ubica en 134 mil 310 pesos. Recordó que anteriormente existían beneficios como el seguro de gastos médicos mayores, con un costo mensual de 36 mil 906 pesos, así como el seguro de separación individualizado, que representaba más de 523 mil pesos.
A estos conceptos se sumaban aportaciones a seguridad social, primas vacacionales, aguinaldos superiores al medio millón de pesos, seguros de vida y pagos por riesgo, prestaciones que, de acuerdo con la presidenta, fueron eliminadas como parte de la política de austeridad.
En cuanto a los gastos complementarios, la titular del Ejecutivo federal señaló que los recursos destinados a medicinas, alimentos, becas, telefonía y material bibliográfico superaron los 11 millones de pesos en 2023. Para 2024 el monto se redujo a 10.8 millones, en 2025 bajó a 7.1 millones y para 2026 se proyecta un gasto aproximado de 200 mil pesos.
Con este ejercicio comparativo, Sheinbaum buscó evidenciar los privilegios que existían en el pasado dentro de la Suprema Corte y subrayó la disminución de gastos en la administración actual, como parte de una política orientada a la austeridad y a la transparencia en el uso de recursos públicos.
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