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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Lo que pensamos, lo que sabemos, lo que creemos, a fin de cuentas, es de poca importancia. Lo ú...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Lo que
pensamos, lo que sabemos, lo que creemos, a fin de cuentas, es de poca
importancia. Lo único realmente trascendente es lo que hacemos”, John Ruskin
(1819-1900) Crítico y escritor británico.
TRANSPARENCIA
La ratificación
de Sandra Guadalupe Angulo Cázarez como titular de la Secretaría de
Transparencia y Rendición de Cuentas representa un movimiento institucional que
combina dos señales claras: la apuesta del Gobierno del Estado por la
continuidad administrativa en materia de control interno y, al mismo tiempo, el
compromiso del Congreso por mantener una vigilancia permanente sobre el
desempeño de esta área estratégica.
Con 37 votos a
favor, el respaldo del Poder Legislativo fue amplio y transversal. No se trató
solo de un aval político, sino de un reconocimiento a un perfil técnico
construido desde la experiencia operativa dentro de la administración estatal.
Durante la
sesión, se destacó su paso por áreas como Obras Públicas, Administración y
Finanzas e Innovación Gubernamental, es decir, espacios donde la gestión de
procesos, la normatividad interna y el control administrativo resultan
fundamentales para la operación pública.
Este énfasis en
la trayectoria confirma que el nombramiento busca sostener una línea de trabajo
ligada a la funcionalidad institucional más que a la rotación por razones
políticas.
Al mismo tiempo,
la referencia al desempeño de la administración saliente —con resultados
favorables ante la Auditoría Superior de la Federación— proyecta un mensaje de
estabilidad y continuidad. La Secretaría no solo administra normas y
procedimientos: también es una pieza clave en la construcción de confianza
pública y en la percepción ciudadana sobre el uso de los recursos estatales.
En ese sentido,
el nombramiento no se inscribe únicamente en la dinámica de un cambio
administrativo, sino en la intención de preservar un modelo de gestión que ya
ha sido validado en términos técnicos.
Sin embargo, la
postura expresada desde la oposición introduce un matiz relevante. El
acompañamiento legislativo no se plantea como un acto incondicional, sino como
un respaldo sujeto a seguimiento y evaluación.
La advertencia
de que la ratificación no equivale a un “cheque en blanco” coloca el desempeño
de la funcionaria bajo un marco de vigilancia institucional que fortalece el
equilibrio entre control interno y fiscalización externa.
Particularmente,
la atención puesta en las funciones que antes correspondían a la autoridad de
acceso a la información pública abre un espacio de debate sobre los alcances y
responsabilidades que ahora recaerán en la Secretaría.
Desde el
Ejecutivo, la toma de protesta refuerza la narrativa de orden administrativo,
disciplina del gasto y ejercicio responsable de la información pública.
El llamado a
actuar con eficiencia y apego a la normatividad reafirma que el nombramiento se
inscribe en una agenda orientada a consolidar mecanismos de rendición de
cuentas como parte del funcionamiento cotidiano del gobierno.
En este
contexto, el reto central no radica únicamente en la continuidad del modelo
técnico, sino en su capacidad para responder a las expectativas de
transparencia en una etapa de mayor escrutinio social y legislativo.
La Secretaría
asume responsabilidades en un escenario donde la confianza pública se construye
no solo con resultados administrativos, sino también con apertura, claridad y
legitimidad frente a los órganos de fiscalización y la ciudadanía.
La ratificación
de Angulo Cázarez puede interpretarse como un mensaje de estabilidad
institucional, pero también como el inicio de un periodo en el que la
transparencia será observada con mayor rigor.
La eficacia de
su gestión dependerá de su habilidad para consolidar procesos, fortalecer
controles y, al mismo tiempo, sostener un diálogo permanente con los poderes
del Estado y con la sociedad. En un entorno donde la rendición de cuentas deja
de ser un discurso para convertirse en una exigencia estructural, la
transparencia no solo se administra: se demuestra en cada decisión pública.
ACCIONES
El reclutamiento
de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales no es un fenómeno
aislado ni reciente; es el reflejo de una falla estructural del Estado y de la
sociedad en su conjunto.
La iniciativa
presentada por el diputado Bernardino Antelo Esper busca colocar en el centro
del debate una realidad que durante años ha sido normalizada: la incorporación
temprana de menores a dinámicas delictivas como resultado de contextos de
desigualdad, violencia comunitaria y ausencia de oportunidades reales.
El enfoque de la
propuesta resulta relevante porque parte de una premisa correcta: los menores
reclutados no son delincuentes en formación, sino víctimas de un entorno que
los empuja a esos escenarios.
La idea de
impulsar protocolos de detección temprana, atención psicológica, reinserción
social y justicia restaurativa implica reconocer que el problema no se resuelve
desde la lógica del castigo, sino desde la prevención y la reconstrucción del
tejido social.
Colocar a
instituciones como SIPINNA, Seguridad Pública, Educación y Fiscalía en un
esquema de coordinación interinstitucional también es un acierto, pues el
fenómeno es multicausal y no puede abordarse desde una sola trinchera.
Sin embargo, la
magnitud de las cifras expuestas obliga a una reflexión más profunda. Si a
nivel nacional se estima que hasta 250 mil menores están en riesgo de ser
reclutados y en Sinaloa existen decenas de adolescentes ya judicializados por
actividades ligadas al crimen, entonces el problema no solo está identificado,
sino instalado.
Los datos sobre
jóvenes de entre 18 y 29 años detenidos por delitos sugieren una continuidad
generacional: muchos de los que hoy aparecen en expedientes penales iniciaron
su contacto con la criminalidad en etapas tempranas de su vida. Eso evidencia
que el sistema preventivo ha llegado tarde o, en ocasiones, simplemente no ha
existido.
La iniciativa
legislativa abre una discusión necesaria, pero también exhibe los límites del
discurso institucional.
Se habla de
protocolos y políticas públicas, pero no se explicitan mecanismos de
financiamiento, plazos de implementación ni indicadores de impacto.
Tampoco se
profundiza en factores estructurales como la deserción escolar, la precariedad
laboral, la ruptura familiar o la falta de espacios comunitarios que brinden
alternativas reales a los jóvenes. Sin atender estas causas de origen,
cualquier política corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo.
Otro elemento a
considerar es el uso político del tema. Al cerrarse el posicionamiento desde la
bancada que impulsa la propuesta, existe el riesgo de que la discusión se
traslade al terreno partidista en lugar de convertirse en una estrategia de
Estado.
El reclutamiento
criminal de menores no admite banderas ideológicas; demanda corresponsabilidad
institucional, continuidad administrativa y evaluación permanente de
resultados.
Si el objetivo
es evitar que más generaciones sean absorbidas por el crimen organizado, la
respuesta no puede limitarse a reformas legales.
Se requiere una
política pública sostenida, con presupuesto asignado, participación comunitaria
y articulación real entre escuelas, familias, organizaciones civiles y
autoridades. No basta con reconocer que el problema existe: es necesario
construir oportunidades tangibles para quienes hoy siguen viviendo al filo de
la violencia y la marginación.
La iniciativa es
un paso en la dirección correcta, pero el verdadero desafío será convertirla en
acciones concretas.
De lo contrario,
el país seguirá produciendo diagnósticos, mientras los niños y adolescentes
continúan siendo la cara más vulnerable —y silenciosa— de una realidad que
todavía no sabemos afrontar.
LOS RETOS
La Universidad
Autónoma de Sinaloa inicia 2026 bajo un escenario financiero complejo que
refleja tensiones acumuladas en su estructura presupuestal.
El propio rector
Jesús Madueña Molina reconoce que el cierre del año anterior fue posible
gracias a préstamos y apoyos del Gobierno del Estado, lo que permitió cumplir
con obligaciones laborales, pero también significó cargar parte de los
compromisos de 2025 sobre el presupuesto del nuevo ejercicio.
En la práctica,
esto coloca a la institución en una dinámica de adelanto de recursos y de
financiamiento condicionante para su operación anual.
El rector señala
que la falta de apoyos extraordinarios federales y el contexto económico
nacional influyeron en este escenario, al tiempo que destaca que el incremento
estatal al subsidio irreductible y la llamada “Reingeniería” institucional
podrían generar márgenes de respiro para 2026.
Sin embargo,
también anticipa que dichos recursos no serán suficientes para resolver por
completo el déficit, lo cual confirma que la universidad continuará operando
bajo un esquema de presión presupuestal constante.
Las medidas
anunciadas, entre ellas compactación administrativa, ahorros en estructura,
creación de un fideicomiso para nuevas generaciones de trabajadores y
retenciones graduales a jubilados y personal activo, buscan dar viabilidad
financiera a mediano plazo.
No obstante,
también implican ajustes internos que requieren consenso, claridad en su
aplicación y mecanismos de transparencia que garanticen certidumbre a la
comunidad universitaria.
El mensaje
institucional plantea una ruta de contención y ordenamiento financiero, pero
deja abierta la interrogante sobre la sostenibilidad del modelo en el largo
plazo.
La dependencia
recurrente de apoyos extraordinarios, los pagos pendientes a instancias
fiscales y de seguridad social y el endeudamiento temporal reflejan que la
solución no puede limitarse únicamente a medidas administrativas, sino que
demanda una revisión integral del esquema de financiamiento universitario y de
su ejercicio presupuestal.
En este
contexto, la UAS enfrenta un doble reto: cumplir con sus responsabilidades
laborales y académicas, y al mismo tiempo fortalecer la confianza interna
mediante información clara, evaluación permanente de sus estrategias de ajuste
y diálogo con los sectores que expresan inconformidad.
La estabilidad
institucional dependerá, en gran medida, de la capacidad para equilibrar
disciplina financiera con cohesión universitaria.
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