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Los nueve ministros de la Suprema Corte acordaron no utilizar los vehículos recientemente comprados y solicitar su devolución o reasignaci...
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que no utilizará las camionetas recientemente adquiridas para los ministros, luego de la polémica generada por su alto costo y el debate público en torno a la política de austeridad. La decisión fue tomada por unanimidad por los nueve integrantes del máximo tribunal.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Corte detalló que se solicitó iniciar el proceso correspondiente para la devolución de las unidades. De manera alternativa, se planteó la posibilidad de ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos, siempre en apego a la normatividad aplicable.
En el comunicado, los ministros reiteraron su compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como con el fortalecimiento del sistema de justicia. Además, anunciaron que este lunes a las 8:30 horas ofrecerán una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la determinación adoptada.
La controversia surgió tras conocerse la compra de camionetas de la marca Jeep para los nuevos integrantes del tribunal electos por voto popular en junio de 2025, con un valor aproximado de 1.7 millones de pesos por unidad, sin considerar equipamiento adicional como blindaje.
Ante los señalamientos por una aparente contradicción con el discurso de austeridad, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó previamente que la adquisición respondió a un cambio de esquema, al sustituirse contratos de renta por la compra de unidades, lo que —afirmó— representó un ahorro superior a mil millones de pesos.
Por su parte, la Suprema Corte había señalado que la decisión se sustentó en evaluaciones técnicas de autoridades federales, las cuales concluyeron que los vehículos anteriores ya no cumplían con los estándares de seguridad requeridos. Asimismo, precisó que la renovación se realizó conforme a una normativa interna vigente desde 2019, que establece la sustitución periódica del parque vehicular y que el proceso se llevó a cabo sin generar un gasto adicional.
