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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga "La familia es la patria del corazón", Giuseppe Mazzini (1805-1872) Político italiano. ¿NUE...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
"La familia es la patria del corazón", Giuseppe Mazzini (1805-1872) Político italiano.
¿NUEVO MODELO DE REPÚBLICA?
En México, la República no ha muerto por decreto ni ha sido abolida por una ruptura constitucional. Sigue presente en el texto legal, en los símbolos y en la narrativa institucional. Sin embargo, en el ejercicio real del poder, la República ha dejado de operar como sistema de equilibrios. Lo que hoy se vive es una desaparición funcional de los poderes, y en ese proceso, Morena ha sido un actor determinante.
El problema no radica en la existencia de un partido mayoritario —eso es propio de la democracia—, sino en la forma en que ese partido ha redefinido la relación entre poder político, instituciones y contrapesos. Morena no solo ganó elecciones; construyó un modelo de gobernanza que privilegia la concentración del poder y la subordinación institucional como método.
El principio republicano se sostiene en la división efectiva del poder. No como ornamento constitucional, sino como mecanismo de contención. En el México gobernado por Morena, ese principio se ha debilitado de manera sistemática. El poder no circula entre instituciones: se centraliza en el Ejecutivo y se replica disciplinadamente en los otros poderes.
El Poder Legislativo es el ejemplo más claro. Bajo la hegemonía de Morena y sus aliados, el Congreso ha dejado de ser un espacio de deliberación autónoma para convertirse en un brazo político del proyecto gobernante. La mayoría legislativa no opera como contrapeso, sino como garante de la agenda presidencial. Las iniciativas se aprueban con rapidez, pero sin discusión profunda; las reformas avanzan, pero sin resistencia institucional real. El Legislativo existe, pero no ejerce poder propio.
Esta subordinación no es casual. Morena ha construido una narrativa en la que la disciplina partidista se confunde con lealtad al mandato popular. En ese esquema, disentir no es deliberar, sino traicionar. Así, el Congreso no fiscaliza, no corrige y no limita. Ratifica. Y un poder que solo ratifica ha dejado de ser poder.
El Poder Judicial enfrenta una erosión distinta, pero igualmente grave. Desde el discurso político impulsado por Morena, la justicia ha sido presentada con frecuencia como un obstáculo al “cambio” y no como un pilar de la República. Las resoluciones incómodas se desacreditan, los jueces se cuestionan y la legalidad se relativiza frente a la voluntad política. No se trata solo de críticas aisladas, sino de una estrategia discursiva que mina la autoridad del Poder Judicial.
Cuando la ley es sometida a juicio político permanente, el árbitro pierde fuerza. Y sin árbitro, el equilibrio republicano se rompe. El Poder Judicial no ha sido formalmente eliminado, pero su capacidad de contener al poder ha sido debilitada por la deslegitimación constante. En los hechos, un poder judicial desacreditado es un poder neutralizado.
A este proceso se suma el trato de Morena hacia los órganos constitucionales autónomos. Instituciones diseñadas para separar decisiones técnicas de la lógica electoral han sido reducidas, absorbidas o puestas en entredicho. La autonomía ha sido reinterpretada como privilegio, no como garantía republicana. El mensaje es claro: toda instancia que no se subordine al proyecto político es vista como un estorbo.
El Ejecutivo, respaldado por Morena, ha ido más allá de gobernar: ha concentrado funciones. Decide políticas públicas, evalúa su impacto, define la narrativa, señala adversarios y legitima sus propias decisiones. La rendición de cuentas ha sido sustituida por un discurso de legitimidad electoral permanente. El poder ya no se limita; se explica.
Así, Morena no solo gobierna: redefine el funcionamiento del Estado. No mediante la eliminación formal de los poderes, sino a través de su subordinación política. La República permanece en la Constitución, pero en la práctica se ha convertido en una estructura vertical, donde los contrapesos existen, pero no operan.
México no enfrenta una ruptura constitucional abierta, pero sí una crisis republicana profunda, impulsada por un modelo de poder que privilegia la concentración sobre el equilibrio y la voluntad política sobre la institucionalidad. Los poderes siguen ahí, pero ya no se confrontan, no se corrigen y no se limitan entre sí.
Por eso, la afirmación no es exagerada: bajo la hegemonía de Morena, la República sobrevive solo de nombre.
Nomine tenus res publica.
La pregunta ya no es si México sigue siendo formalmente una República, sino si Morena está dispuesto a permitir que vuelva a serlo en el ejercicio real del poder. Porque una República sin contrapesos no gobierna: administra la concentración del poder.
EL QUIEBRE
Los ajustes anunciados por el gobernador Rubén Rocha Moya en su gabinete estatal confirman una dinámica de revisión permanente de la estructura gubernamental, orientada a fortalecer áreas estratégicas de la administración pública. Lejos de interpretarse como movimientos coyunturales, los cambios en dependencias clave reflejan una reconfiguración administrativa gradual, acorde con las necesidades operativas del gobierno estatal.
La salida de Francisco Javier López Cervantes de la Dirección de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Ceapas) y la incorporación de Abraham Bello, proveniente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa (Cesavesin), apuntan a una lógica de movilidad interna basada en perfiles técnicos y experiencia sectorial. Este tipo de reacomodos permite al Ejecutivo evaluar resultados, redefinir prioridades y fortalecer áreas sensibles como el manejo del agua, un tema central para el desarrollo y la sostenibilidad del estado.
De igual forma, el anuncio de la integración del actual director del Registro Público de la Propiedad como subsecretario de Bienestar se inscribe en una estrategia de refuerzo institucional en una dependencia con alta incidencia social. La Secretaría de Bienestar, encabezada por Omar López Campos, es una de las áreas con mayor interacción directa con la ciudadanía, por lo que el fortalecimiento de su estructura responde a la necesidad de mejorar la coordinación y ejecución de programas sociales.
El papel asignado a la secretaria general de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, como responsable de formalizar estos movimientos, confirma su función como eje de coordinación política y administrativa dentro del gabinete. Su intervención en estos procesos refuerza la idea de una toma de decisiones ordenada y con apego a los procedimientos institucionales.
En el caso del Registro Público de la Propiedad, la precisión hecha por el gobernador respecto a la incorporación de Fernando Barrón en la sede de Mazatlán muestra un ajuste territorial y operativo, orientado a mejorar la atención en una de las regiones con mayor dinamismo económico del estado. Este tipo de reacomodos internos suelen responder a cargas de trabajo específicas y a la necesidad de optimizar servicios.
Los movimientos anunciados se suman a una serie de cambios realizados entre septiembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que el gobernador ha insistido en la naturaleza administrativa de estos ajustes. La renovación en áreas como Comunicación Social, Economía, Bienestar, Transparencia, Rendición de Cuentas y Tesorería revela una evaluación constante del desempeño gubernamental, así como la intención de alinear equipos con los objetivos del cierre de administración.
En este contexto, la permanencia de Flor Emilia Guerra Mena al frente de la Secretaría de Pesca y Acuacultura destaca como un elemento de continuidad institucional, lo que sugiere reconocimiento a la estabilidad y resultados en un sector estratégico para la economía sinaloense. La coexistencia de ajustes y permanencias refuerza la idea de un gobierno que combina renovación con estabilidad.
En conjunto, los cambios anunciados por el gobernador Rubén Rocha Moya pueden interpretarse como parte de un proceso normal de reorganización administrativa, orientado a fortalecer la operación gubernamental y mejorar la eficacia de las políticas públicas. Más que una señal de improvisación, estos movimientos reflejan una gestión que revisa, corrige y ajusta su estructura con base en la experiencia acumulada y las necesidades del momento.
