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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El que no se siente de verdad perdido se pierde inexorablemente; es decir, no se encuentra jamá...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“El que no se
siente de verdad perdido se pierde inexorablemente; es decir, no se encuentra
jamás, no topa nunca con la propia realidad”, José Ortega y Gasset (1883-1955)
Filósofo y ensayista español.
BAJO LA LUPA
La entrega del
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2026 no es un acto menor
dentro de la rutina institucional de Sinaloa.
Más allá del
trámite formal, el anuncio de que los 20 municipios del estado serán auditados
no solo en lo financiero, sino también bajo un enfoque de desempeño, coloca
sobre la mesa una discusión que durante años se ha pospuesto: la diferencia
entre gastar y gobernar.
El planteamiento
hecho por Emma Guadalupe Félix Rivera, al frente de la Auditoría Superior del
Estado, introduce una lógica distinta a la tradicional fiscalización centrada
únicamente en números.
Revisar si los
recursos se ejercieron conforme a la ley es indispensable, pero insuficiente
cuando la ciudadanía sigue enfrentando carencias estructurales en servicios
básicos, infraestructura y atención social.
El presupuesto
basado en resultados obliga a responder una pregunta incómoda para muchos
gobiernos municipales: ¿para qué se gasta y qué se logra con ello?
La decisión de
auditar a los 20 municipios bajo este doble enfoque revela, de entrada, una
realidad que no puede ignorarse.
La mayoría de
los ayuntamientos sinaloenses opera con márgenes financieros estrechos, alta
dependencia de participaciones federales y una planeación que, en muchos casos,
responde más a la urgencia política que a una estrategia de mediano plazo.
Evaluar desempeño implica revisar si los proyectos prometidos se ejecutaron, si
cumplieron su objetivo y si realmente impactaron en la vida pública.
Que el PAAVI se
haya entregado al presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del
Estado de Sinaloa no es un detalle menor.
El Congreso no
solo recibe el documento, también asume la responsabilidad política de dar
seguimiento a sus resultados. La fiscalización pierde sentido si las
observaciones se convierten en expedientes archivados o en negociaciones
silenciosas que diluyen cualquier garantía de rendición de cuentas.
La insistencia
de la ASE en subrayar que el programa se construyó con criterios técnicos y sin
discrecionalidad apunta a otro problema recurrente: la percepción ciudadana de
que las auditorías se utilizan como herramientas de presión política.
Transparentar la metodología es un paso necesario, pero no suficiente.
La verdadera
prueba estará en la aplicación uniforme de los criterios y en la publicación
clara de los resultados, incluso cuando estos incomoden a actores con peso
político.
Particular
atención merece el anuncio de auditorías al Poder Ejecutivo y a entes autónomos
como la Fiscalía General del Estado y la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En un contexto
donde la autonomía institucional suele invocarse como escudo, someter estos
organismos a revisiones de desempeño representa un ejercicio saludable, siempre
y cuando se mantenga el equilibrio entre fiscalización y respeto a sus
funciones sustantivas.
El fondo del
asunto es claro: auditar con enfoque de desempeño no es castigar, sino
corregir. Pero también implica reconocer que, si los resultados son negativos y
no hay consecuencias administrativas o políticas, el discurso se vuelve vacío.
La rendición de
cuentas no se agota en informes técnicos; se completa cuando hay decisiones,
ajustes y, en su caso, responsabilidades.
La pregunta que
queda abierta es inevitable: ¿están los gobiernos municipales preparados para
ser evaluados no solo por cuánto gastan, sino por lo que realmente entregan a
la sociedad?
La respuesta no
está en el PAAVI como documento, sino en la voluntad política para asumir sus
conclusiones y convertirlas en cambios reales en la forma de gobernar.
ADAPTACIÓN
La apuesta de la
Universidad Autónoma de Sinaloa por ampliar su matrícula a través de la
tecnología y la modalidad mixta abre una discusión necesaria sobre el rumbo de
la educación superior pública.
La decisión,
anunciada por el rector Jesús Madueña Molina, responde tanto a una demanda
institucional como a una realidad presupuestal que ya no permite crecer
indefinidamente en infraestructura física.
La solicitud de
la Secretaría de Educación Pública para flexibilizar la oferta educativa coloca
a la Universidad Autónoma de Sinaloa ante un reto doble: aumentar el acceso sin
sacrificar calidad.
El discurso de
modernización resulta atractivo, pero obliga a preguntarse si la inversión
tecnológica será suficiente para sostener modelos académicos sólidos y no solo
soluciones de emergencia.
La experiencia
que dejó la pandemia demostró que la virtualidad puede funcionar, aunque
también evidenció brechas de acceso, acompañamiento y evaluación. Transitar
hacia esquemas mixtos exige más que plataformas y equipos; implica rediseñar
planes de estudio, capacitar docentes y asegurar que el aprendizaje no se
diluya en la comodidad administrativa.
El verdadero
desafío no está en crecer en números, sino en garantizar que ese crecimiento
mantenga estándares académicos y equidad.
La pregunta es
inevitable: ¿la expansión de la matrícula mediante tecnología fortalecerá el
proyecto universitario o será solo una respuesta pragmática a la presión
presupuestal y a la falta de espacios físicos? El tiempo, y la forma en que se
implemente esta reforma, darán la respuesta.
¿COLOR DE ROSA?
Las
declaraciones de Édgar Barraza Castillo sobre el impacto de la violencia en el
escenario electoral de 2027 revelan más una postura política que una certeza
medible.
Asegurar que la
inseguridad no afectará de fondo a Morena en Sinaloa parte de una lectura
interna del movimiento, pero no necesariamente del ánimo social en su conjunto.
Reconocer que el
voto “podría afectarse en algún sentido” y, al mismo tiempo, sostener que las
mediciones son positivas, muestra la dualidad con la que hoy conviven los
partidos en contextos de violencia prolongada.
Las asambleas,
afiliaciones y recorridos pueden continuar, pero eso no implica que la
percepción ciudadana sobre seguridad y gobernabilidad quede al margen de la
decisión electoral.
La normalización
de la violencia como telón de fondo político es, quizá, el mayor riesgo. Cuando
un dirigente admite que el problema lleva más de un año y que, aun así, el
trabajo partidista no se detiene, el mensaje implícito es que la inseguridad se
ha integrado al cálculo electoral, no necesariamente a la agenda prioritaria de
solución.
El reto para
Morena rumbo a 2027 no será solo conservar posiciones, sino demostrar que su
confianza electoral no descansa en la inercia del movimiento, sino en
resultados tangibles frente a una problemática que atraviesa la vida cotidiana
de los sinaloenses.
La pregunta
queda abierta: ¿el respaldo que hoy percibe el partido resistirá si la
violencia se mantiene como una constante y no como una excepción?
RESULTADOS
El anuncio de
que Culiacán iniciará 2026 con la pavimentación de 75 calles vuelve a colocar
la obra pública como uno de los ejes centrales del discurso municipal. Juan de
Dios Gámez Mendívil presenta cifras ambiciosas: más de 400 vialidades para este
año y una inversión relevante financiada, principalmente, con recursos propios.
El planteamiento
tiene un componente político inevitable. Vincular la pavimentación al pago del
predial busca reforzar la idea de eficiencia recaudatoria y retorno tangible
para la ciudadanía.
Sin embargo, el
reto no está solo en el número de calles anunciadas, sino en su distribución,
calidad y permanencia en zonas donde el rezago histórico sigue siendo evidente.
La pregunta es
directa: ¿la magnitud de las cifras se traducirá en mejoras reales y
equitativas en la movilidad urbana o quedará como un balance favorable en el
cierre administrativo? Ahí se jugará la percepción ciudadana más allá del
anuncio.
PROYECCIÓN
El arranque de
obras de alcantarillado en Mazatlán confirma que la infraestructura básica
sigue siendo uno de los principales pendientes urbanos del puerto.
Con una
inversión cercana a los 14 millones de pesos, Estrella Palacios Domínguez
inicia su agenda de obra pública apostando por proyectos que no se exhiben,
pero que inciden de forma directa en la calidad de vida cotidiana.
La
rehabilitación del drenaje en colonias con rezagos históricos refleja una
lógica de atención a lo esencial antes que a lo visible.
El reto, sin embargo, no está en el arranque
simbólico, sino en la ejecución eficiente y en que estas acciones se traduzcan
en soluciones duraderas frente al crecimiento urbano desordenado.
La pregunta es
inevitable: ¿estas intervenciones marcarán un punto de inflexión en la
planeación de la infraestructura urbana o seguirán siendo respuestas parciales
a problemas estructurales que Mazatlán arrastra desde hace décadas?
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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