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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “La descomposición de todo gobierno comienza por la decadencia de los principio sobre los cuales...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“La descomposición de todo gobierno comienza por la
decadencia de los principio sobre los cuales fué fundado”, Montesquieu
(1689-1755) Escritor y político francés.
TIEMPO RÉCORD
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos
marca un parteaguas en la historia política de América Latina. No se trata solo
de la caída de un presidente cuestionado, ni de un operativo espectacular con
aviones, fuerzas especiales y traslados a Nueva York.
Lo que está en juego es algo más incómodo: la frontera entre
justicia internacional y poder hegemónico; entre el deseo legítimo de millones
de venezolanos de ver fin a un régimen asfixiante y el riesgo de que la región
vuelva a normalizar las viejas formas de intervención bajo ropaje jurídico.
Estados Unidos presenta la operación como una acción en
defensa de la ley y la seguridad: un jefe de Estado acusado de narcotráfico,
narco-terrorismo y conspiración para inundar de droga el territorio
estadounidense, finalmente llevado ante los tribunales.
El mensaje es contundente: ni la investidura ni las
fronteras nacionales serían un escudo frente a ciertos delitos.
Pero, detrás de esa narrativa, emerge la primera gran
pregunta: ¿estamos ante un avance de la justicia universal o ante un precedente
de que, cuando un gobernante “incómodo” no cae por vía interna, se habilita la
vía de la fuerza bajo justificaciones penales?
En Venezuela, la captura de Maduro no resuelve el colapso
institucional; simplemente cambia el escenario. La designación de Delcy
Rodríguez como presidenta interina muestra que el chavismo —o lo que queda de
él— no está dispuesto a ceder el control del aparato estatal sin negociar su
propia supervivencia.
El poder, en política, rara vez se evapora: se recicla, se
redistribuye, se adapta. ¿Realmente estamos ante el fin de una era o ante una
mutación del mismo sistema, ahora sin su figura más visible pero con las mismas
estructuras militares, económicas y clientelares operando detrás de bambalinas?
En el plano regional, la reacción ha sido profundamente
dividida. Gobiernos y liderazgos opositores celebran la salida de un presidente
acusado de autoritarismo, fraude electoral y violaciones sistemáticas a los
derechos humanos.
Para ellos, la captura es una victoria simbólica y práctica:
el rostro más duro del chavismo sentado frente a un juez estadounidense.
Pero otros países alertan de inmediato sobre la violación de
la soberanía venezolana, la ausencia de un mandato claro de organismos
multilaterales y el riesgo de que se normalice un tipo de operación que,
aplicada en otros contextos, sería condenada sin matices.
Ahí aparece otra pregunta incómoda: si mañana otro gobierno
es acusado de crímenes graves, ¿quién decide cuándo procede un operativo de
este tipo y cuándo no? ¿La legalidad internacional o la correlación de fuerzas?
La figura de Maduro tampoco puede ser leída solo en blanco y
negro. Es evidente que su gobierno encabezó una de las peores crisis
económicas, sociales y migratorias de la historia contemporánea de América
Latina.
Millones de venezolanos salieron del país huyendo del
hambre, la inseguridad y la falta de futuro. Las denuncias de fraude electoral,
persecución a opositores, censura y manipulación de instituciones son demasiado
numerosas como para ignorarlas.
Pero incluso reconociendo eso, la vía de su captura reabre
otro dilema: si los sistemas internos están quebrados o capturados, ¿es
legítimo que una potencia extranjera intervenga militarmente para “corregir” la
historia? ¿O esa lógica, por muy tentadora que parezca en casos extremos,
siempre termina cobrando una factura política y moral a los pueblos de la
región?
En paralelo, aparece el tablero geopolítico. Venezuela no es
solo un país en crisis; es un territorio con enormes reservas de petróleo, un
aliado histórico de Rusia y China en la región y un símbolo del discurso
antiestadounidense en América Latina.
La captura de Maduro no solo tiene resonancia en Caracas,
sino en Moscú, Pekín, La Habana, Teherán y Bruselas. ¿Estamos ante un mensaje
de fuerza de Washington hacia sus rivales globales?
¿O ante un intento de reordenar la influencia en el
hemisferio aprovechando la debilidad interna del chavismo? La justicia, en este
nivel, siempre camina de la mano del cálculo estratégico.
También vale la pena interrogar el papel de los organismos
internacionales. ¿Dónde quedaron la Organización de Estados Americanos, la ONU,
la Corte Penal Internacional, las instancias regionales que, en teoría,
deberían encauzar conflictos como el venezolano?
¿Se intentó hasta el límite la vía diplomática, la presión
multilateral, la construcción de un acuerdo de transición negociada? ¿O el
mundo terminó aceptando, de facto, que frente a ciertos regímenes la única
respuesta efectiva será, una vez más, la fuerza?
Cada vez que se legitima una intervención unilateral, se
debilita —un poco más— la idea de un orden internacional basado en reglas y no
en músculo.
Para América Latina, el caso Maduro es también un espejo
incómodo. Durante décadas, la región ha denunciado el intervencionismo, las
dictaduras, los golpes de Estado clásicos y las operaciones encubiertas.
Hoy, sin embargo, una parte importante de la opinión pública
se debate entre el rechazo histórico a la injerencia y la sensación de que, en
Venezuela, el sistema político estaba tan degradado que ya no quedaban salidas
internas.
¿Qué pesa más en la
balanza moral: el repudio a la injerencia o el deseo de justicia frente a un
régimen que parecía no tener límites? La respuesta no es simple, pero definirla
marcará la postura de la región en los años por venir.
En el interior de Venezuela, la captura de Maduro puede
abrir dos caminos opuestos. Por un lado, puede detonar un proceso de transición
política, con negociaciones entre sectores del chavismo, la oposición y la
comunidad internacional para reconstruir instituciones, convocar elecciones
creíbles y atender la emergencia humanitaria.
Por otro, puede generar un vacío de poder, una lucha interna
entre facciones, tentaciones militares y un nuevo ciclo de violencia y
represión.
¿Quién garantiza que
el reacomodo no derive en una nueva versión del mismo autoritarismo, pero ahora
bajo otros nombres y rostros?
La propia sociedad venezolana enfrenta un reto monumental:
convertir el hartazgo en proyecto, el dolor en organización, la esperanza en
estrategia política. La salida de un líder no reconstruye, por sí sola, la
economía, las instituciones, la confianza ciudadana ni el tejido social roto
por años de crisis.
Es legítimo celebrar
la caída de un símbolo del autoritarismo; lo peligroso es creer que con eso
basta. ¿Qué fuerzas políticas están realmente preparadas para ofrecer una
alternativa seria, democrática y viable? ¿Qué papel desempeñarán la diáspora,
los movimientos sociales, el empresariado y las fuerzas armadas en esa
recomposición?
Desde la perspectiva latinoamericana, conviene hacer una
reflexión que vaya más allá del caso venezolano.
Si la región no es capaz de construir mecanismos propios de
prevención de crisis, defensa de la democracia, mediación y justicia, otros
actores llenarán ese vacío, casi siempre con sus propios intereses por delante.
La captura de Maduro
es también un recordatorio de la debilidad de los proyectos de integración
regional, del desgaste de los foros multilaterales y de la tendencia de muchos
gobiernos a mirar hacia otro lado mientras las crisis se pudren en casa ajena.
Al final del día, la captura de Nicolás Maduro puede leerse
como un acto de justicia, como un abuso de poder internacional o como una
mezcla incómoda de ambas cosas. Lo cierto es que no cierra ningún capítulo: lo
abre.
Abre el debate sobre
hasta dónde puede llegar una potencia en nombre de la ley. Abre el dilema sobre
cómo enfrentar a regímenes autoritarios sin caer en la tentación del atajo
militar. Abre también la oportunidad —y el riesgo— de una transición que puede
regenerar o terminar de hundir a un país ya golpeado.
La historia juzgará a Maduro, pero también juzgará la forma
en que fue derribado y las decisiones que la región tome a partir de ahora.
¿Aprenderá América Latina a defender la democracia sin entregar la llave de su
destino a fuerzas externas?
¿Serán los pueblos quienes definan, con sus propias
herramientas, el rumbo de sus países, o seguiremos atrapados entre caudillos
internos y tutelas externas? Esas son las preguntas de fondo. Y las respuestas,
nos guste o no, ya se están escribiendo en las calles de Caracas, en los
tribunales de Nueva York y en las cancillerías de medio mundo.
SOBRE AVISO
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos
no solo desató un terremoto político en Venezuela; también abrió un nuevo
capítulo de tensiones hemisféricas que ahora alcanza directamente a México.
El operativo militar que terminó con el traslado del
exmandatario venezolano a Nueva York, bajo acusaciones de narcotráfico y
narco-terrorismo, fue presentado por Washington como una acción de justicia y
seguridad internacional.
Sin embargo, la narrativa judicial pronto se transformó en
un instrumento político más amplio: desde el mismo discurso oficial
estadounidense, comenzaron a insinuarse advertencias hacia otros países de la
región, entre ellos México, bajo el argumento del combate al crimen organizado.
No se trata de una coincidencia discursiva. Tras la
operación en Venezuela, el gobierno estadounidense ha enviado mensajes que, aun
sin declararse como amenazas abiertas, operan como recordatorios de poder.
México fue señalado indirectamente como un país que “no ha
hecho lo suficiente” frente al narcotráfico y que, de no actuar de manera más
firme, podría enfrentar presiones mayores.
La frase “algo tendrá que hacerse” no es solo una opinión:
es una expresión cargada de historia, resonancias y precedentes en la relación
asimétrica entre ambos países. De fondo late una pregunta inquietante: ¿hasta
qué punto el caso Venezuela puede convertirse en argumento para justificar
nuevas intervenciones bajo el mismo guion?
El gobierno mexicano respondió condenando la intervención
militar en Venezuela y defendiendo el respeto al derecho internacional, pero
sin romper puentes diplomáticos ni escalar el conflicto.
Es una posición prudente, aunque también revela el dilema
que enfrenta México: mantener una postura soberana sin provocar una
confrontación directa con su principal socio económico y vecino estratégico.
La tensión no está solo en lo que se dice, sino en lo que se
insinúa. Cuando una potencia afirma que la acción militar en un país no fue
“una advertencia” para México, pero en la misma frase critica su política de
seguridad, el mensaje queda flotando en el aire aunque no se pronuncie de
manera explícita.
Este escenario obliga a mirar la captura de Maduro más allá
de la figura del exmandatario. Lo que se está configurando es una redefinición
del equilibrio regional, donde el discurso de la lucha contra el narcotráfico,
el terrorismo y el crimen transnacional se convierte en plataforma para
reactivar lógicas de intervención.
La operación en Venezuela no ocurrió en el vacío: se da en
un contexto de competencia geopolítica, disputas por recursos estratégicos,
alianzas internacionales y debilitamiento de los mecanismos multilaterales. La
consecuencia es clara: cuando las instituciones internacionales pierden
eficacia, la ley termina siendo interpretada por quien tiene la fuerza para
imponerla.
México, por su parte, se encuentra atrapado en un cruce de
presiones. Por un lado, enfrenta el desafío real del crimen organizado, la
violencia y las estructuras ilícitas que afectan su seguridad interna.
Por otro, debe resistir la narrativa que pretende reducir un
problema complejo a un argumento funcional para legitimar presiones externas.
Si la captura de Maduro abre la puerta a una nueva doctrina de intervención
selectiva, ¿quién define cuál país es “candidato” a una acción de ese tipo y
bajo qué criterios? ¿La justicia internacional o la conveniencia geopolítica?
El riesgo para América Latina es evidente: normalizar la
idea de que los conflictos internos, por graves que sean, pueden resolverse
desde fuera.
Si el caso venezolano se transforma en precedente, cualquier
crisis política o de seguridad puede convertirse en plataforma para avanzar
intereses estratégicos ajenos a las realidades nacionales.
Y, al mismo tiempo, los gobiernos de la región quedan
entrampados entre dos fuerzas: la presión interna para resolver sus crisis y la
presión externa que busca condicionar sus decisiones.
Para México, la coyuntura exige algo más que comunicados
diplomáticos. Se requiere una política exterior firme, coherente y articulada
con la región; una estrategia de seguridad que no solo responda a las demandas
internas, sino que reduzca las vulnerabilidades que hoy sirven como argumento
para la injerencia.
Pero también se necesita una reflexión profunda: ¿qué
significa soberanía en un mundo donde los problemas locales son utilizados para
fines globales? ¿Cómo defender la autonomía sin negar la urgencia de
transformaciones estructurales dentro del propio país?
La captura de Nicolás Maduro y las advertencias veladas
hacia México no deben leerse como hechos aislados, sino como piezas de un mismo
tablero. América Latina vuelve a situarse en el punto donde confluyen la
disputa por los recursos, los discursos de seguridad y las tensiones
ideológicas.
El desafío es no repetir la historia: ni caer en la
complacencia autoritaria de los regímenes que oprimen a sus pueblos, ni aceptar
que el remedio provenga, una vez más, de la fuerza externa.
La región tiene ante sí una oportunidad y una advertencia.
La oportunidad es construir respuestas propias, fortalecer
sus instituciones, recuperar la vía multilateral y asumir con seriedad la
defensa de la democracia y la justicia.
La advertencia es clara: si no lo hace, otros decidirán por
ella. Y cuando eso ocurre, los países dejan de escribir su propio destino y
pasan a ser solo escenarios de una obra escrita desde lejos.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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