.png)
Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que vien...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“El político
debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año
que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”,
Winston Churchill (1874-1965) Político británico.
REFORMAS
La
ruta de la reforma electoral del gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a
definirse con mayor claridad, aunque aún no exista una iniciativa formal
presentada.
Las
señales políticas apuntan hacia un rediseño orientado a reducir el costo de las
elecciones, disminuir el financiamiento público a los partidos, compactar
estructuras institucionales y replantear el modelo de representación
plurinominal sin eliminarlo por completo.
Más
que una modificación técnica, la discusión coloca en el centro el equilibrio
entre austeridad pública, representación democrática y estabilidad del sistema
electoral.
En
este contexto surge una primera pregunta clave: ¿la reducción de costos
fortalecerá realmente la eficiencia institucional o, por el contrario, podría
debilitar las capacidades técnicas de los órganos electorales?
Desde
la óptica positiva, la intención de hacer más eficiente y menos costoso el
aparato electoral responde a una demanda social legítima.
En
un país con desigualdades profundas, resulta difícil justificar estructuras
demasiado grandes o presupuestos crecientes sin revisión crítica.
Redimensionar
organismos, compactar los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y
modernizar procesos no implica necesariamente debilitar el arbitraje
democrático; en el mejor escenario, podría derivar en mayor eficiencia
operativa y en un sistema menos oneroso para el erario.
La
apuesta por la fiscalización mediante tecnología abre otra interrogante
relevante: ¿la sustitución de burocracia por herramientas tecnológicas será
suficiente para vigilar el gasto político, o requerirá siempre acompañamiento
humano especializado para evitar sesgos y omisiones?
Asimismo, modificar el esquema de plurinominales para reducir el control de las cúpulas partidistas podría oxigenar la representación; sin embargo, cabe preguntar si este rediseño democratizará verdaderamente la selección de candidatos o solo desplazará el poder de decisión a otros espacios internos del sistema partidista.
Del
otro lado del debate, los riesgos también son evidentes y no pueden
minimizarse. Reducir el financiamiento público a los partidos no significa
necesariamente que habrá menos dinero en la política; por el contrario, existe
el peligro de que aumente la dependencia de recursos privados, aportaciones
opacas o influencias fácticas difíciles de rastrear.
¿Disminuir
el financiamiento institucional reducirá el gasto electoral… o abrirá espacios
para capitales no transparentes que terminen condicionando la competencia? La
experiencia comparada sugiere que recortes sin regulación estricta suelen
desplazar —no eliminar— el flujo de recursos.
Del
mismo modo, compactar estructuras electorales locales o reducir consejeros
puede traducirse en debilidad operativa si no se acompaña de fortalecimiento
técnico y garantías de autonomía.
Surge
entonces otra pregunta inevitable: ¿la centralización institucional permitirá
mayor orden administrativo o terminará erosionando la capacidad de respuesta
frente a conflictos electorales complejos a nivel local?
Otro
punto sensible es la naturaleza eminentemente política del proceso. El hecho de
que la comisión asesora solo genere insumos y que la decisión final recaiga en
la presidencia y su coalición de gobierno evidencia que la reforma responderá
en buena medida a la correlación de fuerzas del momento.
El
desafío consiste en que los cambios no se diseñen desde la conveniencia
coyuntural, sino desde una perspectiva de largo plazo.
De
ahí que resulte pertinente cuestionar si la reforma está pensada para
garantizar sustentabilidad democrática más allá del actual ciclo de poder, o si
corre el riesgo de convertirse en una reconfiguración funcional a la mayoría
vigente.
El
debate de fondo no gira únicamente en torno a cuánto cuesta el sistema
electoral, sino a qué tanto debe costar para seguir garantizando certeza,
imparcialidad y legitimidad.
Un
modelo institucional sustentable no se define solo por el ahorro, sino por su
capacidad de equilibrar eficiencia con autonomía, modernización tecnológica con
vigilancia efectiva, simplificación administrativa con preservación de
contrapesos y reformas a la representación que no erosionen la pluralidad
política.
En
este sentido, conviene preguntarse qué indicadores permitirán evaluar, con el
paso del tiempo, si la reforma fortaleció o debilitó la calidad democrática del
país y quién gana y quién pierde políticamente con esta reconfiguración del
sistema electoral.
La
reforma electoral que se perfila representa, al mismo tiempo, una oportunidad y
un riesgo.
Puede
modernizar estructuras, ordenar el gasto y acercar la política a un estándar
institucional más sobrio; pero también puede derivar en concentración de poder,
pérdida de capacidades técnicas y apertura a financiamiento no regulado si no
se diseña con rigor y contrapesos claros.
Entre
la austeridad presupuestal y la garantía democrática existe una línea fina.
El
reto para el gobierno será cruzarla sin romperla, demostrando que los cambios
no buscan acomodarse al poder del presente, sino fortalecer las reglas del
juego para todos los futuros posibles.
TRABAJO
El
nombramiento de Víctor Guzmán Dagnino como director general del Instituto
Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) llega en un momento clave para la
política pública de vivienda y ordenamiento territorial en México.
No
se trata solamente de un relevo administrativo; es la confirmación de que el
país entra en una fase donde el acceso a la tierra, la certeza jurídica y el
desarrollo urbano ordenado dejan de ser asuntos técnicos para convertirse en
temas estratégicos de bienestar social.
La
meta institucional es contundente: avanzar hacia la regularización del suelo y
la entrega de escrituras a cientos de miles de familias, como parte del
objetivo federal que busca alcanzar el millón de documentos patrimoniales
durante el sexenio.
Pero
detrás de la cifra hay una realidad más compleja: la regularización no es
únicamente un trámite registral, sino una puerta de entrada a derechos
económicos, financieros y sociales que durante décadas fueron negados a
comunidades marginadas.
Ese
es el primer gran reto de Guzmán Dagnino: cumplir metas sin reducir el proceso
a una lógica de números.
Regularizar
implica diálogo con ejidos, conciliación de conflictos históricos, trabajo
técnico en campo, coordinación con municipios y un entendimiento profundo del
tejido social en cada territorio. No es una tarea que se pueda acelerar solo
con voluntad; requiere institucionalidad, capacidad operativa… y paciencia
política.
El
segundo desafío está en el equilibrio entre regularización y planeación urbana.
Dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra es indispensable, pero hacerlo
sin visión de futuro puede reproducir los mismos patrones de crecimiento
desordenado que hoy afectan a muchas ciudades.
El
INSUS está llamado a ser algo más que un gestor de escrituras: debe convertirse
en un actor clave del desarrollo territorial sostenible, donde vivienda,
servicios, movilidad y medio ambiente caminen en la misma dirección.
A
ello se suma un tercer nivel de exigencia: demostrar impacto social real. Una
escritura cambia la vida de una familia, sí, pero su valor es pleno cuando se
acompaña de acceso a servicios, infraestructura básica y oportunidades
productivas.
La
regularización sin inclusión puede convertirse en un acto simbólico; la
regularización con desarrollo puede transformar comunidades.
Guzmán
Dagnino llega con experiencia técnica y conocimiento institucional, pero
también con la responsabilidad de fortalecer la confianza ciudadana en una
política que, históricamente, ha sido lenta, fragmentada o utilizada con fines
clientelares en distintos periodos.
Su
gestión será evaluada por su capacidad para acelerar resultados sin perder
rigor jurídico, por su sensibilidad frente a las realidades locales y por la
forma en que logre articular a los tres niveles de gobierno en un mismo
propósito.
El
INSUS tiene hoy la oportunidad de pasar de la regularización como respuesta
tardía… a la regularización como instrumento de justicia territorial. Esa es la
verdadera dimensión del reto.
Y
será en ese punto —entre lo técnico y lo social, entre el papel y el
territorio— donde se medirá el legado de Víctor Guzmán Dagnino.
MEDIDAS
El
anuncio del Gobierno de Sinaloa de mantener durante 2026 una política de
austeridad y orden en el gasto público confirma que la administración estatal
ha optado por privilegiar la estabilidad financiera por encima de cualquier
tentación expansiva del presupuesto.
La
postura, expuesta por el subsecretario de Planeación, Inversión y
Financiamiento, David Moreno Lizárraga, coloca al gobierno en una ruta de
disciplina administrativa que busca evitar desequilibrios al cierre del año y
blindarse frente a riesgos financieros que ya han afectado a otras
instituciones del país.
La
lógica es clara: prever, contener, priorizar.
El
presupuesto —según lo señalado— responde a necesidades y propuestas de las
dependencias, pero opera bajo un marco restrictivo propio de un gobierno que
entra en su quinto año de ejercicio, una etapa donde los márgenes para la
improvisación financiera suelen ser menores y la presión por cerrar con
estabilidad aumenta.
La
austeridad, en este contexto, no se presenta como un discurso político sino
como un mecanismo de control presupuestal que pretende garantizar liquidez,
cumplimiento de compromisos y capacidad de apoyo a municipios con rezagos.
Desde
una perspectiva positiva, la continuidad de una política de disciplina fiscal
puede interpretarse como una señal de responsabilidad gubernamental.
Evitar
sobregasto, ordenar la operación administrativa, controlar contrataciones,
eliminar privilegios y digitalizar procesos son prácticas que, bien ejecutadas,
contribuyen a un uso más eficiente de los recursos públicos.
La
afirmación de que Sinaloa no enfrenta problemas financieros graves —y que
incluso ha podido respaldar a algunos municipios— sugiere que la estrategia ha
generado márgenes de maniobra institucional en momentos de presión económica.
Sin
embargo, la austeridad también plantea preguntas necesarias.
¿Hasta
qué punto la contención del gasto permite sostener políticas públicas
estratégicas sin afectar áreas sensibles como infraestructura social, servicios
públicos o inversión en desarrollo regional?
¿La
disciplina financiera opera como herramienta de orden administrativo o corre el
riesgo de convertirse en una limitante para la atención de demandas ciudadanas
crecientes?
En
términos de gestión pública, gobernar con estabilidad es importante, pero
gobernar con capacidad de respuesta lo es igualmente.
Otro
ángulo relevante es el político-administrativo. Un gobierno que avanza hacia la
última parte de su periodo apuesta por cerrar con cuentas claras, pero también
debe garantizar que la austeridad no derive en inmovilidad institucional.
Las
medidas de contención del gasto —como la reducción de gastos no esenciales, la
racionalización del uso de recursos y la eliminación de compensaciones
discrecionales— tienen sentido cuando fortalecen la transparencia y reorientan
presupuesto a áreas prioritarias; pierden legitimidad cuando se perciben como
simples recortes sin impacto social.
La
discusión de fondo, entonces, no es solo si Sinaloa mantiene equilibrio
financiero, sino cómo traduce esa estabilidad en bienestar tangible para la
población.
La
austeridad es sostenible cuando no se limita a resistir el déficit, sino cuando
convive con inversión pública estratégica, eficiencia en programas sociales y
fortalecimiento institucional.
El
reto para 2026 será demostrar que la disciplina presupuestal no significa
inmovilidad, sino gestión inteligente de los recursos.
Si
la austeridad se convierte en un vehículo para mejorar el desempeño
gubernamental y asegurar prioridades sociales, el gobierno habrá encontrado un
punto de equilibrio.
Si,
en cambio, se transforma en una barrera para la acción pública, la estabilidad
financiera podría terminar conviviendo con una percepción de estancamiento.
Entre
el orden administrativo y la capacidad de respuesta pública existe una línea
delicada. La eficacia del modelo dependerá, en última instancia, no solo de
cuánto se ahorra… sino de cómo y para qué se administra cada peso del
presupuesto estatal.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
Facebook,Instagram
y X: PeriodistaMarco
