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La diputada informó que la resolución de la SCJN solo impacta una fracción del artículo 293 del Código Penal; se mantienen sanciones por uso de menores y personas vulnerables.
Culiacán, Sinaloa.– La diputada María Teresa Guerra Ochoa informó que, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionada con el delito de halconeo, el 90 por ciento del artículo 293 del Código Penal del Estado de Sinaloa continúa vigente, incluidos los agravantes que sancionan con mayor severidad el uso de menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad.
La legisladora explicó que, a diferencia de otras entidades del país, en Sinaloa permanecen vigentes las fracciones primera y segunda del citado artículo, así como los agravantes incorporados para castigar de forma más estricta a quienes utilicen o involucren a personas en situación de vulnerabilidad para la comisión de este delito.
Precisó que la observación realizada por la Suprema Corte se limita únicamente a la fracción tercera del artículo 293, por lo que, una vez que el Congreso del Estado reciba la notificación formal, se analizará si esta disposición debe ser reelaborada o derogada, con el objetivo de evitar interpretaciones que no correspondan a la intención original del legislador.
Guerra Ochoa subrayó que en ningún caso se busca invadir ni limitar el ejercicio periodístico, al señalar que la finalidad de la reforma es fortalecer la seguridad pública y evitar que menores de edad o personas vulnerables sean utilizados en actividades relacionadas con el halconeo.
La diputada destacó que la reforma permitió fortalecer el tipo penal y ha contribuido a incrementar las detenciones relacionadas con este delito, sin que hasta el momento se haya aplicado la fracción observada por la Corte. Añadió que Morena actuó con responsabilidad legislativa y mantiene disposición para perfeccionar el marco jurídico, priorizando la protección de los sectores más vulnerables.
Finalmente, indicó que el Grupo Parlamentario de Morena continuará trabajando para fortalecer el marco legal en materia de seguridad, en coordinación con autoridades estatales y federales, con el propósito de avanzar en la pacificación de Sinaloa y garantizar el bienestar de la población.
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