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El mandatario venezolano aseguró ante el juez que “sigue siendo presidente” de su país; ambos enfrentan cargos por narcotráfico, conspiración y delitos con armas derivados de una acusación federal en EE.UU.
Nueva York / Caracas.— El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores se declararon inocentes de los cargos que les imputa la justicia de Estados Unidos, durante su primera audiencia judicial realizada este lunes 5 de enero de 2026 en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En su intervención ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro afirmó: “Soy inocente, soy un hombre decente y todavía soy presidente de mi país”. Su abogado, Barry Pollack, señaló que por el momento no solicitará libertad bajo fianza, aunque dejó abierta la posibilidad de hacerlo más adelante.
El tribunal programó la próxima audiencia para el 17 de marzo, a las 11:00 horas tiempo local.
Los esposos permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde fueron ingresados tras su captura el pasado 3 de enero en Caracas, durante una operación relámpago ejecutada por fuerzas estadounidenses.
De acuerdo con la acusación federal, Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de presunta colaboración con estructuras criminales catalogadas como terroristas por Washington.
En el caso de Cilia Flores, la Fiscalía le atribuye participación logística y financiera dentro de la misma red criminal. La acusación —calificada como “imputación sustitutiva”— amplía un expediente abierto desde 2020 y suma a otros presuntos implicados, entre ellos Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario; Diosdado Cabello Rondón; Ramón Rodríguez Chacín y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, líder del Tren de Aragua.
La Fiscalía estadounidense sostiene que, durante más de dos décadas, la estructura señalada habría utilizado instancias del Estado venezolano para introducir grandes volúmenes de cocaína a territorio norteamericano. La defensa de los imputados rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas.
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