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Autoridades guatemaltecas descartaron cualquier pacto con líderes del Barrio 18, luego de motines simultáneos en tres cárceles del país do...
El Gobierno de Guatemala afirmó que no negociará con los líderes de la pandilla Barrio 18 que protagonizan motines simultáneos en al menos tres centros penitenciarios del país, donde mantienen retenidos a 46 trabajadores del Sistema Penitenciario. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan presionar para recuperar privilegios que les fueron retirados durante recientes operativos de control.
Los disturbios se registran en la prisión de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el departamento de Escuintla, así como en el centro Fraijanes II y en el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, en la periferia de la Ciudad de Guatemala. En estos puntos, los reclusos mantienen privados de la libertad a nueve guardias en Renovación I, nueve más en la zona 18 y 28 agentes en Fraijanes II.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, atribuyó la revuelta a una reacción coordinada del crimen organizado ante las requisas realizadas por las autoridades, con las que se busca retomar el control estatal de los penales, desmantelar centros de operación para extorsiones y frenar el ingreso de objetos ilícitos.
El funcionario subrayó que no habrá diálogo si este implica ceder a chantajes o devolver beneficios a los internos. Afirmó que el Estado no permitirá que grupos criminales impongan condiciones y dejó claro que no se restituirán privilegios a cambio de que depongan sus acciones.
De acuerdo con información oficial, las exigencias provienen de Aldo López Ochoa, alias “Lodo”, identificado como líder del Barrio 18, quien habría solicitado su traslado y comodidades especiales dentro del penal, como aire acondicionado, ingreso de comida de restaurantes y una cama tipo King Size.
Además de los motines al interior de las cárceles, se reportaron acciones externas destinadas a generar caos, entre ellas la quema de un vehículo en la ruta al Pacífico. Ante este escenario, el ministro responsabilizó directamente a los reclusos por la integridad de las personas retenidas y advirtió que el uso de la fuerza pública es una opción inminente.
Las autoridades reiteraron que, de ser necesario, se empleará la fuerza del Estado para retomar el control total de los centros penitenciarios y garantizar la seguridad, enfatizando que los grupos criminales no marcarán la agenda del gobierno.
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