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Una de las familias víctimas del accidente ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por lesiones y abuso de autoridad contra las empresas contratistas presuntamente involucradas en el descarrilamiento que dejó 14 personas fallecidas y varios heridos. La representación legal busca que las víctimas participen activamente en la investigación y evitar que el caso quede impune o en el olvido.
Una de las familias afectadas por el accidente del Tren Interoceánico presentó este lunes una querella ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones, además de una denuncia por abuso de autoridad en contra de los contratistas presuntamente responsables del descarrilamiento registrado el pasado 28 de diciembre, que dejó como saldo 14 personas fallecidas.
La denuncia fue presentada por el equipo legal sin la presencia física de los afectados —la familia integrada por Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y su hijo, Alexis Iglesias— con el propósito de aportar información adicional a la investigación ya abierta por la FGR sobre los hechos ocurridos en Oaxaca.
“Presentamos esta denuncia en representación de las víctimas con la finalidad de que puedan participar activamente en la investigación”, declaró el abogado Adrián Arellano, integrante de la firma Vega Mac Gregor Arellano, quien subrayó que la familia busca evitar que el caso quede archivado con el paso del tiempo.
En testimonio telefónico, Juan Manuel Iglesias señaló que la querella también se dirige contra funcionarios que “omitieron su trabajo y cedieron a la corrupción”, y denunció deficiencias en la atención médica que reciben los heridos, a quienes —dijo— se mantiene en hospitales con carencias de insumos y personal poco sensible a su situación.
Relató que su hijo sufrió una herida en la cabeza que requirió 18 puntos y una operación en el brazo; él presenta una lesión de segundo grado en el tobillo, mientras que su esposa registra afectaciones en la zona cervical.
La defensa informó que, en esta primera etapa, la denuncia se sustenta en presuntas irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación desde 2019 hasta febrero de 2025, e involucra a las empresas contratistas Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, a las que atribuyen una posible responsabilidad en el siniestro.
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