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La legisladora del PRI afirmó que las víctimas huyen por amenazas, ataques y control territorial del crimen organizado; presentó una iniciativa para reconocer legalmente el desplazamiento forzado y garantizar atención inmediata
CDMX.- Más de tres mil familias han sido desplazadas de sus hogares en Sinaloa como consecuencia directa de la violencia criminal que afecta diversas regiones del estado, denunció la senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, quien advirtió que tanto el gobierno federal como la administración estatal “han fallado en la protección de la población”.
La legisladora señaló que comunidades completas han tenido que abandonar sus viviendas ante amenazas, ataques armados y control territorial del crimen organizado, situación que —dijo— ha derivado en la pérdida de patrimonio, ruptura del tejido social y ausencia de condiciones mínimas de seguridad. Afirmó que el desplazamiento forzado “se ha convertido en una tragedia cotidiana ante la omisión de las autoridades”.
Ante este escenario, informó la presentación de una iniciativa para reconocer legalmente a las víctimas del desplazamiento forzado, ya sea por violencia, fenómenos naturales o conflictos sociales, con el propósito de garantizar su acceso a vivienda, seguridad y servicios esenciales durante el proceso de atención y restitución de derechos.
La propuesta establece además la obligación de las autoridades de proporcionar alojamiento y alimentación en condiciones de dignidad y seguridad desde el primer momento en que una persona se ve forzada a abandonar su hogar. “El desplazamiento forzado no es normal. Son familias destrozadas, vidas en riesgo y sueños truncados. No podemos permitir la indiferencia de quienes tienen la responsabilidad de proteger”, expresó.
Sánchez Ramos criticó que, frente a lo que calificó como una emergencia humanitaria, el gobierno federal y el gobernador Rubén Rocha reiteren únicamente que “están trabajando”, mientras las familias desplazadas continúan sin protección efectiva, sin atención institucional y sin condiciones para retornar a sus comunidades.
La senadora concluyó advirtiendo que la ausencia de acciones concretas mantiene a miles de sinaloenses en situación de abandono institucional, sin acceso a vivienda, seguridad ni servicios básicos, pese a su condición de extrema vulnerabilidad.
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