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Por unanimidad, diputadas y diputados aprobaron una reforma al Código Penal que incrementa las penas por robo de vehículo cuando haya personas vulnerables a bordo; además, se dio lectura a iniciativas en materia de lenguaje incluyente, denuncias falsas contra docentes, Parlamento Abierto y agravantes al delito de extorsión.
Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa aprobó por unanimidad este martes una reforma al Código Penal estatal que adiciona agravantes al delito de robo de vehículo, incrementando la pena de prisión de cuatro a ocho años adicionales cuando a bordo de la unidad se encuentren mujeres, menores de edad, personas adultas mayores o personas con discapacidad.
La reforma, avalada durante Sesión Ordinaria, contempla la adición de un cuarto párrafo al artículo 207 del Código Penal y fue propuesta por la diputada María Teresa Guerra Ochoa, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena. Actualmente, dicho artículo establece penas de cinco a quince años de prisión y multas de 350 a 550 días a quien se apodere de un vehículo automotor sin derecho ni consentimiento.
Con la modificación aprobada, la sanción se incrementará de manera adicional cuando el robo implique un riesgo directo para personas pertenecientes a grupos vulnerables, reforzando así el enfoque de protección a la integridad y la vida, más allá del daño patrimonial.
Durante la discusión, el diputado Hólincer Castro Marañón subrayó que la reforma responde al crecimiento del robo de vehículos en la entidad y al peligro que representa este delito para mujeres, niñas, niños, personas adultas mayores y con discapacidad. Afirmó que la iniciativa se sustenta en una visión de seguridad pública con perspectiva de derechos humanos y justicia social. La reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.
En la misma sesión, la 65 Legislatura dio lectura a cuatro nuevas iniciativas de ley. La primera, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, propone reformar la Constitución Política del Estado para incorporar lenguaje incluyente y erradicar expresiones discriminatorias, con el objetivo de visibilizar a las mujeres y reconocer la diversidad social y cultural en el marco constitucional.
Otra iniciativa, promovida por el diputado Hólincer Castro Marañón, plantea sancionar las denuncias falsas contra profesionistas, particularmente personal docente, mediante reformas al Código Penal, la Ley de Educación y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. La propuesta busca proteger la estabilidad laboral y la reputación profesional frente a acusaciones infundadas, estableciendo penas de prisión, multas y reparación del daño cuando se acrediten denuncias falsas.
Asimismo, la diputada Juana Minerva Vázquez González presentó una iniciativa para fortalecer el modelo de Parlamento Abierto, proponiendo que las sesiones, reuniones de comisiones y documentos legislativos sean públicos y accesibles, así como ampliar el contenido de la Gaceta Legislativa y limitar las sesiones secretas únicamente a casos específicos como juicios políticos.
Finalmente, la diputada Moncerrat López López, del Partido del Trabajo, propuso adicionar agravantes al delito de extorsión, específicamente en la modalidad conocida como “cobro de piso”, planteando que la pena actual de cuatro a doce años de prisión pueda incrementarse hasta en una mitad cuando se trate de exigencias de pagos periódicos a comerciantes, transportistas o prestadores de servicios.
Con estas acciones, el Congreso de Sinaloa avanzó en el fortalecimiento del marco legal en materia de seguridad, derechos humanos, transparencia y combate a delitos de alto impacto que afectan directamente a la sociedad.
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