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Tras el aval de 14 Ayuntamientos, el Congreso estatal formalizó la incorporación del Decreto 335 a la Constitución local y dio lectura a cuatro nuevas iniciativas en sesión ordinaria.
Culiacán, Sinaloa.- Después de que la mayoría de los Ayuntamientos de Sinaloa aprobaran el Decreto 335, el Congreso del Estado declaró formalmente incorporada a la Constitución Política estatal la reforma a los artículos 109 Bis B y 109 Bis D, cuyo objetivo central es la extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública como organismo autónomo.
La Junta de Coordinación Política informó que 14 Ayuntamientos avalaron el decreto dentro del plazo legal, cumpliéndose así con el requisito constitucional. La reforma busca homologar el marco jurídico estatal con la reforma constitucional federal aprobada en diciembre de 2024 en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, garantizando principios como certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
Los Ayuntamientos que votaron a favor fueron Ahome, El Fuerte, Sinaloa, Mocorito, Salvador Alvarado, Angostura, Badiraguato, Culiacán, Elota, Cosalá, Mazatlán, Escuinapa, Guasave y Juan José Ríos. En contra se pronunciaron Choix y Navolato, mientras que Eldorado, San Ignacio, Concordia y Rosario no remitieron su voto, aunque estos se computaron como aprobatorios al haberse alcanzado las dos terceras partes necesarias.
Con base en los artículos 159 de la Constitución local y 229 de la Ley Orgánica del Congreso, el decreto será remitido al Ejecutivo estatal para su promulgación y publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa.
Durante la sesión ordinaria de este jueves 22 de enero, la 65 Legislatura también dio lectura a cuatro nuevas iniciativas que fueron turnadas para segunda lectura. La primera, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, propone reformar el Código Penal para precisar las modalidades del delito de robo en escuelas y detallar los bienes comúnmente afectados, con el fin de facilitar la investigación y la correcta aplicación de sanciones.
Otra iniciativa, impulsada por la diputada Rita Fierro Reyes, plantea reformas a la Ley Orgánica del Congreso para fortalecer la formalidad y el respeto en las sesiones, incluyendo la obligación de vestir de manera formal y sanciones económicas para quienes abandonen el Pleno durante votaciones.
Asimismo, el diputado Manuel de Jesús Guerrero Verdugo propuso modificar la Ley de Educación para sustituir el término “maestro sombra” por “docente acompañante del alumno”, con un enfoque más incluyente para la atención de estudiantes dentro del espectro autista.
Finalmente, la diputada Elizabeth Ramírez Tirado presentó una iniciativa para reforzar los derechos y apoyos educativos de personas con condición del espectro autista, incorporando medidas y figuras de acompañamiento académico, así como la posibilidad de celebrar convenios para garantizar este apoyo en instituciones públicas y privadas.
