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Las propuestas abordan desde la visibilidad obligatoria de placas vehiculares y el uso de lenguaje inclusivo, hasta el endurecimiento de penas por robo de vehículos y la ampliación de la protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.
Culiacán, Sinaloa.– El Congreso del Estado de Sinaloa dio lectura a cuatro nuevas iniciativas durante la Sesión Ordinaria de este jueves, de las cuales tres fueron turnadas a segunda lectura y una enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para su análisis y dictaminación.
La primera iniciativa fue presentada por la diputada Luz Verónica Avilés Rochín, de Morena, y propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Estado de Sinaloa, con el objetivo de garantizar que las placas vehiculares se mantengan visibles y legibles en todo momento. La propuesta establece que se considerará incumplida la obligación cuando se utilicen portaplacas, micas, láminas u objetos que obstruyan la información; cuando las placas estén dobladas, deformadas o mal colocadas; cuando exista suciedad, corrosión o accesorios que impidan su lectura; o cuando la placa trasera no cuente con iluminación adecuada para su visibilidad nocturna o en condiciones de baja luz.
La segunda iniciativa fue promovida por el diputado Serapio Vargas Ramírez, también de Morena, y plantea reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa para incorporar el uso de lenguaje inclusivo, con el fin de promover la igualdad sustantiva y visibilizar a las mujeres en los cargos públicos. Entre los cambios propuestos se encuentra adecuar la redacción constitucional para utilizar términos como gobernadora, diputada, senadora, magistrada, jueza, secretaria, regidora, síndica y comisaria, cuando dichos cargos sean ocupados por mujeres.
En una tercera propuesta, la diputada Arely Berenice Ruiz López presentó una iniciativa para reformar el Código Penal para el Estado de Sinaloa, en materia de agravantes del delito de robo de vehículos. La propuesta contempla incrementar las penas, pasando de un rango actual de 5 a 15 años, a uno de 6 a 16 años de prisión. Además, se consideran agravantes la destrucción deliberada del vehículo robado, su traslado a otras regiones del estado y la posesión, uso, custodia o adquisición de vehículos o autopartes robadas, aun cuando no exista lucro. También se plantea excluir la acción penal cuando se cuente con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado o del Registro Público Vehicular que acrediten la inexistencia de reporte de robo.
La cuarta iniciativa fue presentada por la diputada Erika Rubí Martínez Rodríguez y propone reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, con el propósito de fortalecer la protección de menores víctimas de violencia familiar y violencia vicaria. La iniciativa amplía definiciones legales de violencia contra niñas, niños y adolescentes, violencia familiar y violencia vicaria, y plantea promover la pérdida de la patria potestad y la imposibilidad de ejercer guarda y custodia cuando exista violencia acreditada. Asimismo, busca garantizar la implementación de protocolos específicos de atención integral y restitución de derechos, priorizando el interés superior de la niñez en todas las etapas del procedimiento penal.
En el fondo, las iniciativas plantean una pregunta clave: ¿cómo fortalecer el marco legal para mejorar la seguridad, la igualdad y la protección de los derechos en Sinaloa? La respuesta que se perfila desde el Congreso apunta a mayores controles, lenguaje jurídico incluyente, sanciones más severas y una protección reforzada para los sectores más vulnerables, particularmente niñas, niños y adolescentes.
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