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  Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “No somos las mismas personas que el año pasado, tampoco lo son aquellos a los que amamos. Es ex...

 


Entre Veredas

Marco Antonio Lizárraga

“No somos las mismas personas que el año pasado, tampoco lo son aquellos a los que amamos. Es extraordinario que, cambiando, podamos seguir amando a alguien que también cambió”, William Somerset Maugham (1874-1965) Escritor británico.

LOS RETOS

Feliz Año Nuevo para Sinaloa. Comenzamos 2026 con esperanza, pero también con una agenda política cargada de retos, decisiones pendientes y señales claras de que este será un año decisivo para definir el rumbo del estado, tanto en términos de gobierno como de sucesión rumbo a 2027.

No es un año cualquiera: es el momento en que el desempeño del gobierno dejará de medirse en promesas y comenzará a evaluarse en resultados concretos.

En Sinaloa, la discusión pública se está concentrando en tres ejes que inevitablemente cruzan la política: seguridad, obra pública y ejercicio del presupuesto.

A partir de ahora, cada obra iniciada, cada ajuste administrativo y cada decisión presupuestal tendrá una lectura doble: la institucional y la electoral. Es el costo —y el peso— de gobernar en la antesala de una sucesión.

El gobierno estatal ha apostado a consolidar su narrativa de estabilidad y obra social, pero el reto ya no es anunciar programas, sino demostrar impacto real en las calles, colonias y municipios.

La ciudadanía no está mirando discursos; está evaluando infraestructura, empleo, servicios públicos y seguridad. Esa será la métrica que marcará el pulso del debate político durante este año.

Al mismo tiempo, la ruta hacia 2027 ya empezó sin declararse formalmente. Hay movimientos silenciosos, posicionamientos sutiles, recorridos territoriales y operaciones discretas dentro de los partidos.

Algunos cuadros buscan proyectarse como continuidad del proyecto; otros intentan capitalizar el desgaste natural del ejercicio de gobierno. El tablero se está moviendo, aunque todavía nadie lo admita abiertamente.

En medio de ello, la oposición enfrenta su propio dilema: reconstruirse o resignarse. Tendrá que demostrar si puede articular una alternativa real o si volverá a quedar atrapada en pleitos internos y candidaturas testimoniales.

El votante sinaloense será más exigente en 2026 que en cualquier elección reciente; la inconformidad social ya no se resuelve solo con retórica.

El punto clave es que 2026 será el año del balance político del gobierno actual.

Lo que se haga —o lo que se deje de hacer— definirá el tono de la contienda que viene.

No basta con administrar la inercia: la ciudadanía espera decisiones firmes en temas sensibles como seguridad pública, apoyo al sector productivo, transparencia institucional y eficacia del gasto.

Por eso, más que un año de discursos, Sinaloa necesita que 2026 sea un año de coherencia política y resultados visibles.

Si el gobierno logra cerrar filas, corregir áreas débiles y consolidar proyectos estratégicos, llegará fuerte a la antesala de 2027. Si no, la conversación pública cambiará de manos más rápido de lo que muchos imaginan.

El reloj político ya empezó a correr.

Y este Año Nuevo no solo nos invita a celebrar, sino a reflexionar: ¿será 2026 el año en que Sinaloa consolide su rumbo… o el año en que comiencen a romperse las costuras del proyecto en el poder?

FRAGILIDAD

La visita del alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, a la colonia Insurgentes para levantar el diagnóstico de daños y brindar apoyo a una familia cuya vivienda fue consumida por el fuego tras un enfrentamiento entre civiles armados, no es solamente un acto de asistencia social: es también un mensaje político y un reflejo de la fragilidad institucional que hoy enfrenta el sur de Sinaloa.

El acompañamiento del DIF y de dependencias municipales refuerza una narrativa de cercanía y solidaridad.

El alcalde apela a un concepto clave: las víctimas colaterales de la violencia. Reconocerlas públicamente implica aceptar que la violencia no solo se mide en cifras de homicidios, sino también en hogares fracturados, patrimonio destruido y comunidades que viven bajo la tensión permanente de hechos armados.

Sin embargo, el episodio también abre preguntas inevitables. ¿Estamos ante una respuesta humanitaria necesaria… o ante una política reactiva que llega después del daño? En las últimas dos semanas,

Escuinapa ha registrado al menos tres hechos de alto impacto con saldo de ocho personas fallecidas, incluidos ciudadanos que nada tenían que ver con los conflictos. La reacción municipal ha sido de acompañamiento social, pero la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿dónde está la estrategia preventiva y quién está realmente conteniendo la violencia?

El gesto del edil —caminar el territorio, escuchar a las familias, prometer apoyo— cumple una función simbólica importante: evita el vacío político y sostiene la percepción de presencia gubernamental en momentos de crisis.

Pero también evidencia los límites de los municipios cuando la violencia rebasa la capacidad local. Por eso, no es casual que en paralelo se impulse el proyecto de un batallón de Infantería para reforzar la seguridad en la región: la respuesta ya no es solo civil ni exclusivamente administrativa.

La visita del alcalde transmite empatía y compromiso comunitario, sí; pero también confirma que el gobierno municipal se mueve más en el terreno de la reparación que en el de la contención estructural.

El acompañamiento “permanente” anunciado es valioso para las familias afectadas, aunque no sustituye la urgencia de una política de prevención más clara, coordinada y sostenida con los otros niveles de gobierno.

Escuinapa atraviesa hoy un punto crítico: las comunidades no solo piden ayuda para reconstruir paredes quemadas, sino garantías para no volver a perderlas en un nuevo estallido de violencia.

Ese es el verdadero desafío político —y ético— que queda sobre la mesa.

FACTOR SOCIAL

La entrega de cenas y despensas por parte de la alcaldesa de Rosario, Claudia Liliana Valdez Aguilar, a familias en situación vulnerable durante la celebración de fin de año, se inscribe en una narrativa de cercanía, empatía y presencia territorial del gobierno municipal.

No es solo un gesto asistencial; es también un mensaje político en tiempos donde la legitimidad pública se construye tanto en el discurso como en el contacto directo con la gente.

El acto humanitario conecta con una realidad innegable: en comunidades como Chilillos y Los Alacranes persisten carencias estructurales y rezagos históricos.

 En ese contexto, la figura de la alcaldesa aparece no como autoridad distante, sino como acompañante solidaria de las familias que viven al margen de la estabilidad económica.

La ciudadanía interpreta estos gestos como reconocimiento y dignificación —un “no están solos” en medio de las desigualdades cotidianas.

Sin embargo, la acción abre un espacio para el análisis de fondo. ¿Estamos ante una política social sostenida o ante un esfuerzo simbólico de temporada?

La entrega de alrededor de 100 cenas representa alivio inmediato, pero también evidencia una paradoja: el municipio asume un papel asistencial en lugar de fortalecer rutas estructurales para reducir la vulnerabilidad que hace necesarias estas intervenciones.

El discurso de cercanía y empatía funciona políticamente porque establece identidad emocional entre gobierno y ciudadanía; no obstante, la transformación social requiere políticas públicas de mayor alcance: acceso a servicios, empleo local, infraestructura comunitaria y programas permanentes de apoyo alimentario y desarrollo social.

La reacción comunitaria —agradecimientos, reconocimiento al gesto, valoración del “corazón solidario”— confirma que el capital simbólico de los gobernantes sigue teniendo peso en territorios rurales y marginados.

Pero también revela otra dimensión: la ciudadanía agradece la ayuda… porque aún la necesita.

En suma, el gesto de Claudia Valdez es valioso en lo humano y oportuno en lo social. Refuerza presencia institucional y reconstruye tejido comunitario en fechas sensibles.

El desafío, sin embargo, va más allá de la entrega de cenas: convertir la solidaridad estacional en política pública sostenida, para que en el futuro las familias de Rosario no requieran apoyo extraordinario para vivir con dignidad.

La diferencia entre un gesto solidario y una transformación real dependerá de lo que ocurra después de la foto y de la cena.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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