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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga ¡Caer está permitido. Levantarse es obligatorio!, Proverbio ruso RETOS FINANCIEROS Las finan...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
¡Caer está
permitido. Levantarse es obligatorio!, Proverbio ruso
RETOS FINANCIEROS
Las finanzas
públicas municipales en Sinaloa evidencian un escenario complejo que no solo se
explica con cifras de deuda o presupuestos aprobados, sino con la realidad
diaria de gobernar territorios desiguales, con recursos limitados y
problemáticas que superan la capacidad operativa de muchos ayuntamientos.
En los
municipios pequeños del estado, el desafío de gobernar no se expresa únicamente
en términos administrativos, sino en la tensión constante entre atender
necesidades básicas y sostener funcionando al aparato municipal.
En municipios
como San Ignacio, Concordia, Choix, Cosalá y El Fuerte, la fragilidad
financiera es evidente. No se trata únicamente de presupuestos pequeños, sino
de economías locales con recaudación mínima, población dispersa y alta
dependencia de participaciones federales.
Los alcaldes
gobiernan con poca capacidad de maniobra y con estructuras administrativas que,
en muchos casos, consumen una parte desproporcionada del gasto.
La principal
pregunta que enfrentan es inevitable: ¿cómo transformar el territorio cuando el
presupuesto apenas alcanza para mantener la operación mínima del gobierno? En
estos municipios, la austeridad no es una política trazada, es una condición
permanente.
En otros
municipios como Rosario, Escuinapa, Badiraguato y Angostura, los desafíos se
combinan entre la presión social y la limitación financiera.
Son gobiernos
que deben atender comunidades rurales extensas, caminos deteriorados, sistemas
de agua rezagados y economías locales que dependen de actividades primarias o
temporadas productivas irregulares.
Aquí, el reto
para los alcaldes no es solamente administrar correctamente los recursos, sino
enfrentar expectativas ciudadanas que crecen más rápido que la capacidad
presupuestal.
Gobernar en
estos territorios significa responder a urgencias sin contar con reservas
financieras y, muchas veces, improvisar soluciones ante carencias estructurales
que llevan años sin resolverse.
Municipios como
Mocorito, Elota, Sinaloa de Leyva y Salvador Alvarado enfrentan presiones
adicionales ligadas al gasto operativo y a obligaciones de corto plazo. Son
administraciones que no siempre enfrentan problemas de endeudamiento formal,
pero sí una realidad financiera que se vive mes a mes.
El municipio
funciona, pero al límite. Las tesorerías trabajan bajo presión constante, los
pagos a proveedores se difieren y la posibilidad de planear proyectos de
inversión se reduce drásticamente.
En estos casos,
la pregunta para los gobernantes es directa: ¿existe margen para planear el
futuro o el gobierno ha quedado atrapado en la administración de la urgencia?
En municipios
turísticos o con vocación económica parcial, como San Ignacio, Escuinapa o
Rosario, surge otro dilema: el territorio genera potencial económico, pero los
gobiernos locales no siempre participan del beneficio directo.
La derrama
económica ocurre, pero la recaudación municipal no crece en la misma
proporción.
La
infraestructura urbana se desgasta, los servicios públicos se encarecen y el
ayuntamiento termina financiando costos que la economía local no devuelve en
ingresos. Ahí surge un reto político y administrativo que pone a prueba a
quienes gobiernan: cómo sostener municipios que funcionan como regiones
productivas o turísticas, pero que recaudan como si fueran localidades rurales.
Un elemento
común recorre a la mayoría de los municipios pequeños de Sinaloa: la política
pesa tanto como las finanzas.
Plantillas
heredadas, estructuras sindicales, compromisos de campaña y presiones de grupos
locales limitan los ajustes administrativos necesarios.
Muchos alcaldes
inician su gestión con una deuda invisible, no financiera sino política, que
condiciona decisiones, frena reformas internas y obliga a priorizar la
estabilidad del aparato municipal sobre la transformación del territorio.
En ese punto se
define gran parte del carácter de gobierno: sostener la estructura o enfrentar
el costo de modificarla.
El reto final es
de fondo. Los municipios pequeños de Sinaloa no solo necesitan recursos,
necesitan capacidad institucional, planificación regional y decisiones que
trasciendan el corto plazo.
Hoy, los
alcaldes gobiernan entre la presión social, la limitación presupuestal y la
inercia histórica de modelos administrativos que no han cambiado.
La gran
disyuntiva no está solo en equilibrar cuentas, sino en responder una pregunta
que define el sentido de gobierno: ¿administrar la sobrevivencia municipal o
asumir el riesgo de intentar transformar realidades que llevan décadas
postergadas?
En Sinaloa, las
finanzas municipales no solo hablan de dinero, hablan de territorio, de
desigualdad y de gobiernos que todos los días deben decidir entre sostener el
presente o intentar construir futuro con lo poco que tienen.
PASOS DE GIGANTE
México inicia el
2026 con un conjunto de indicadores macroeconómicos que, en apariencia,
describen un escenario de estabilidad financiera y confianza en los mercados.
El fortalecimiento del peso frente al dólar —su mejor comportamiento desde
1991— se ha convertido en uno de los principales referentes del discurso
económico federal.
Junto a ello, el
cierre positivo de la Bolsa Mexicana de Valores y el desempeño histórico de la
Bolsa Institucional de Valores confirman que, en el terreno financiero, el país
mantiene un entorno atractivo para inversionistas y capitales.
Sin embargo, la
lectura técnica de estos resultados exige ir más allá del balance numérico.
Un peso fuerte y
mercados bursátiles en crecimiento no constituyen por sí mismos una garantía de
bienestar social.
Surge entonces
una interrogante clave para la evaluación económica de fondo: ¿la estabilidad
macroeconómica está permeando de manera efectiva hacia la economía real, o
existe una brecha entre el comportamiento financiero y las condiciones
materiales de la población trabajadora?
En otras palabras, el reto no es solo crecer,
sino cómo crece el país y quién se beneficia de ese crecimiento.
El incremento
del salario mínimo en 13 por ciento representa un esfuerzo deliberado por
recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas. Desde una perspectiva
técnica, esta medida contribuye al fortalecimiento del consumo interno y genera
un efecto positivo en las economías locales.
No obstante, el
mercado laboral mexicano mantiene rasgos estructurales que complican su impacto
pleno: informalidad elevada, desigualdad regional y sectores con baja
productividad.
Bajo ese
contexto es necesario cuestionar: ¿hasta qué punto el aumento salarial
beneficia a quienes laboran fuera de esquemas formales?
¿El incremento
al salario mínimo mejora realmente la movilidad social o corre el riesgo de
convertirse en un avance estadístico que no alcanza a millones de trabajadores
sin seguridad social ni estabilidad contractual?
En el ámbito
sectorial, el turismo se consolida como uno de los motores más dinámicos de la
economía nacional. Con un Producto Interno Bruto Turístico equivalente al 8.7
por ciento del PIB y una Inversión Extranjera Directa que creció más de 40 por
ciento en 2025, el sector muestra fortaleza, atracción de capital y alta
capacidad de generación de empleo.
Sin embargo, el
análisis crítico obliga a observar las asimetrías: ¿este crecimiento se
distribuye de manera equilibrada entre los distintos destinos del país, o se
concentra en corredores turísticos consolidados mientras otras regiones
permanecen rezagadas?
¿Las ciudades
receptoras cuentan con infraestructura urbana, servicios públicos y planeación
ambiental suficiente para sostener el ritmo de expansión sin generar presión
sobre el territorio, el agua o los ecosistemas?
El empleo
turístico —cinco millones de puestos vinculados al sector— representa casi uno
de cada diez empleos a nivel nacional.
Las cifras son
relevantes, pero deben leerse con profundidad.
El desafío no es
solamente crear empleo, sino elevar la calidad del empleo existente. Frente a
ello es pertinente cuestionar: ¿qué proporción de estas plazas corresponde a
trabajos formales, con seguridad social y estabilidad salarial, y cuántas
responden a esquemas temporales, estacionales o con bajos niveles de protección
laboral?
¿El crecimiento
económico en el turismo se traduce en movilidad social para las comunidades
locales o reproduce ciclos de dependencia y desigualdad regional?
Las expectativas
para 2026 apuntan a un incremento en ingresos por visitantes internacionales,
mayor flujo de divisas y continuidad en la estabilidad cambiaria. Son
proyecciones optimistas que, desde la perspectiva de política económica,
representan oportunidades para fortalecer inversión pública, infraestructura
social y desarrollo productivo.
Pero también
plantean un desafío estratégico: ¿existe una política económica capaz de
transformar los buenos indicadores en mejoras estructurales, o el país corre el
riesgo de sostener un modelo que crece sin corregir desigualdades históricas?
En síntesis,
México inicia el año con estabilidad, disciplina fiscal y señales de confianza
externa.
El verdadero
punto de inflexión, no obstante, se encuentra en el terreno distributivo: cómo
se convierte la fortaleza macroeconómica en bienestar social, cómo se reduce la
desigualdad territorial y cómo se transita de la estadística favorable a la
mejora tangible en la vida cotidiana de la población.
La economía
avanza; el desafío es que el desarrollo avance con ella.
LO QUE VIENE
El anuncio del
Proyecto Anual de Obras para el 2026 en Culiacán coloca nuevamente en el centro
del debate público la capacidad del municipio para avanzar en infraestructura
urbana y social, en un contexto donde la demanda de servicios básicos y
mejoramiento de vialidades continúa siendo una de las principales exigencias
ciudadanas.
La secretaria de
Obras y Servicios Públicos, María del Carmen Morales Donada, adelantó que el
próximo año se priorizará la pavimentación de más calles en colonias y
sindicaturas, la construcción de canchas deportivas y la puesta en marcha de un
proyecto de planta tratadora de aguas negras.
Se trata de
acciones que, en el papel, buscan atender tres frentes esenciales: movilidad,
cohesión comunitaria y medio ambiente.
La pavimentación
de vialidades forma parte del compromiso asumido por el alcalde Juan de Dios
Gámez Mendívil, quien ha planteado como meta el acondicionamiento de al menos
mil calles durante su administración.
El inicio
temprano de procesos de licitación en enero de 2026 apunta a una planeación
anticipada que, en teoría, podría permitir una ejecución más ordenada de las
obras. Sin embargo, el reto no solo radica en cumplir metas cuantitativas, sino
en garantizar criterios de priorización social, transparencia y calidad técnica
en cada proyecto.
La ampliación de
espacios deportivos, como las canchas de futbol contempladas, responde a una
necesidad visible en los sectores populares y en las comunidades rurales.
En términos de
impacto social, estos espacios suelen traducirse en puntos de convivencia,
prevención del ocio nocivo y fortalecimiento del tejido comunitario.
No obstante, su
efectividad depende también del acompañamiento institucional, mantenimiento
permanente y uso comunitario efectivo.
El proyecto más
relevante desde la perspectiva de sostenibilidad urbana es, sin duda, la
planeación de una planta tratadora de aguas negras.
Su eventual
construcción representa un paso estratégico en materia de saneamiento, cuidado
ambiental y manejo responsable de los recursos hídricos.
Aun así, se
trata de una obra de alta complejidad técnica y financiera, por lo que la
definición del sitio adecuado, el esquema de inversión y la capacidad operativa
serán factores determinantes para que no quede solo en intención.
La propia
autoridad reconoce una realidad que atraviesa a los gobiernos locales: el
presupuesto no alcanza para cubrir todas las necesidades.
Bajo ese
escenario, la prioridad debe ser clara: invertir en obras que generen
beneficios colectivos medibles, que respondan a diagnósticos reales y no
únicamente a expectativas políticas o presiones coyunturales.
El 2026 será un
año clave para evaluar no solo la cantidad de obras realizadas, sino la
coherencia del proyecto urbano que se está construyendo en Culiacán.
La
infraestructura pública deja huella durante décadas; por ello, la planeación
responsable, la visión de largo plazo y la rendición de cuentas deben acompañar
cada decisión.
Más allá de los
anuncios, la verdadera evaluación llegará desde las colonias, las sindicaturas
y los barrios donde la obra pública transforma —o deja intactas— las
condiciones de vida de la población.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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