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Un grupo de jueces y ciudadanos acusa de traición al máximo tribunal del país; afirman que los ministros optaron por protegerse del costo político de impedir la reforma
Más de 850 jueces y ciudadanos reprocharon el papel de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la reforma judicial, la cual consideran el mayor retroceso en materia de independencia judicial en la historia moderna de México, que no hubiera sido posible sin cómplices dentro del Poder Judicial.
El grupo acusó de traición al máximo tribunal del país, encabezado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, por “despreciar y omitir” la revisión del amparo que obtuvieron, en el que se declaró inconstitucional la reforma judicial, por vicios legislativos.
A través de un comunicado, los jueces y ciudadanos recordaron que desde febrero de este año, solicitaron al pleno de la Suprema Corte asumir la competencia del amparo indirecto 121/2024, pero “no hubo respuesta”.
“En su lugar, hasta el 4 de junio, la presidencia de la Corte turnó indebidamente la petición a la Primera Sala cuando su conocimiento correspondía al pleno. Y el 11 de junio, en sesión privada, esa Sala la rechazó por unanimidad, al parecer, escudándose en tecnicismos y formalismos que ellos mismos fabricaron. Esa decisión no fue un descuido: fue una claudicación deliberada”.
Ante ello, consideraron que los ministros incumplieron flagrantemente el deber de guardar y hacer guardar la Constitución cuando más se necesitaba su firmeza. “Cuando más se requería de su valor, eligieron callar. Optaron por la omisión. Renunciaron a su deber histórico”, arremetieron.
Aseguraron que los ministros prefirieron protegerse del costo político, de las presiones, de las amenazas o de perder los haberes de retiro, en vez de limitar al poder ante una de las etapa más oscuras de la vida democrática en México.
“En lugar de enfrentar al poder, se replegaron y, con ello, consintieron la destrucción del equilibrio constitucional”.
Afirmaron que la reforma al Poder Judicial de la Federación no hubiera sido posible sin cómplices dentro del mismo, como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a quien señalaron de convertirse en operador político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin mencionar nombres señalaron que “un ministro valiente, que debe ser reconocido, quedó aislado. Tres ministras mostraron la ignominia del servicio al poder; otro cedió vergonzosamente a las presiones de éste y al parecer vendió su voto por un cargo en el servicio exterior mexicano; la mayoría se exhibió cobarde”.
Además, criticaron la actuación del Consejo de la Judicatura Federal que, “además de violar las suspensiones de los amparos y en flagrante contravención al nuevo artículo 100 constitucional, ordenó concentrar los juicios de amparo en juzgados y tribunales situados en Jalisco, desplazando a numerosos jueces que ya habían resuelto con independencia. Fue una maniobra para dilatar, fragmentar y diluir la respuesta judicial”.
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNA ELECTORAL
Presentan impugnación contra elección de magistrados
Excandidatos, ciudadanos y el Partido Acción Nacional (PAN) presentaron 59 juicios de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el triunfo de los magistrados electos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.
La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, admitió a trámite los recursos de impugnación y los turnó a nueve ministros, quienes elaborarán un proyecto de sentencia para ser discutido, probablemente la próxima semana durante la última sesión del actual pleno.
Cabe recordar que el martes pasado, por unanimidad, la Corte desechó de plano la impugnación en materia electoral promovida por el juez Iván Bravo Olivas, contra los resultados de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el distrito 04 del estado Durango.
Se prevé que al menos 57 impugnaciones corran la misma suerte, porque la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE) establece que la impugnación sólo está prevista para los candidatos que participaron en la elección judicial.
Luis Eduardo Jiménez Martínez y Samuel Manuel Mercado Ramos, candidatos a magistrado de circuito y a juez de Distrito, respectivamente, impugnaron la validez y entregas de constancia de mayoría para elegir a Gilberto de Guzmán y Claudia Valle, como magistrados electos de la Sala Superior.
A su vez, el PAN reclamó el acuerdo del INE, por el que se emitió la sumatoria nacional de la elección de magistrados y la asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos.
