La diputada Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, informó que el Tribunal Electoral del Poder...
La diputada Yeraldine Bonilla Valverde, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los actos del Congreso no vulneraron los derechos político-electorales de Rosa Margarita Velázquez Valdez, quien ocupaba la presidencia provisional del municipio.
Culiacán, Sinaloa.- La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que los acuerdos emitidos por el Congreso del Estado de Sinaloa, relacionados con el desafuero de Gerardo Octavio Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome, se realizaron conforme a derecho y no violaron los derechos político-electorales de la ciudadana Rosa Margarita Velázquez Valdez, quien había sido designada como presidenta provisional.
En la sesión celebrada el 28 de agosto, la Sala Regional precisó que el nombramiento provisional de Velázquez Valdez estaba sujeto a la vigencia del cargo de Vargas Landeros, por lo que, al concluir este a raíz del procedimiento de declaratoria de procedencia, también cesó automáticamente la designación provisional.
En consecuencia, se confirmó la validez de los acuerdos 80 y 83 del 2 de mayo de 2025, mediante los cuales se declaró la vacante de la presidencia municipal de Ahome y se nombró como sustituto a Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.
La diputada Yeraldine Bonilla Valverde destacó que esta resolución respalda la actuación del Congreso y reafirma que los procedimientos de declaratoria de procedencia son actos soberanos no susceptibles de amparo indirecto, conforme al artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.
Asimismo, señaló que la misma Sala Regional indicó que los actos impugnados derivan de posibles hechos delictivos que fueron materia de procesos penales competencia de la Fiscalía de Sinaloa, por lo que no constituyen afectación indebida a los derechos políticos de los involucrados.
La legisladora también cuestionó la actuación del Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas, que admitió el juicio de amparo 1832/2025, considerando que ello podría representar actos irregulares que atentan contra la correcta administración de justicia.
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