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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Para todo problema humano hay siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada”, Henry-L...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Para todo problema humano hay
siempre una solución fácil, clara, plausible y equivocada”, Henry-Louis Mencken
OBJETIVOS
El anuncio de la
construcción del Tren “El Sinaloense”, una obra ferroviaria que conectará
Mazatlán con Los Mochis, ha despertado expectativas importantes en Sinaloa.
De acuerdo con
declaraciones del secretario de Economía del estado, Ricardo “Pity” Velarde
Cárdenas, este proyecto no solo impulsará el turismo, sino que servirá como
catalizador de inversiones a lo largo de los 20 municipios de la entidad.
La iniciativa,
respaldada por el gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia
Sheinbaum, se presenta como una apuesta por la conectividad territorial y la
integración regional.
Desde una
perspectiva objetiva, el proyecto contiene elementos que justifican tanto el
entusiasmo de sus promotores como las reservas que pueden surgir ante obras de
esta envergadura.
Por un lado, el
enfoque turístico del tren representa una oportunidad clara de diversificación
económica.
Mazatlán, los
cinco pueblos mágicos de Sinaloa, sus pueblos señoriales y la posibilidad de
conectar con el Tren Chepe que va hacia la Sierra Tarahumara, ofrecen un
potencial atractivo para viajeros nacionales e internacionales.
La experiencia
de otros trenes turísticos en el país, como el propio Chepe o el recién
inaugurado Tren Maya, sugiere que los proyectos ferroviarios con orientación
turística pueden contribuir al desarrollo económico local, siempre y cuando
vayan acompañados de estrategias complementarias de infraestructura y
servicios.
Además, la
visión de que el tren servirá como medio de transporte interno cobra relevancia
en un estado con una geografía alargada y municipios intermedios que suelen
quedar al margen de los grandes flujos económicos.
La posibilidad
de articular al norte, centro y sur de Sinaloa en un solo corredor ferroviario
podría beneficiar a comunidades que hasta ahora han permanecido desconectadas o
relegadas, facilitando el intercambio comercial y cultural entre regiones.
Sin embargo,
también es necesario tomar en cuenta los retos. Los proyectos de trenes
turísticos en México no han estado exentos de cuestionamientos, especialmente
en lo relativo a su rentabilidad, sostenibilidad ambiental y viabilidad social.
La
implementación de una ruta de este tipo implica no solo construir vías férreas,
sino garantizar su operación continua, su mantenimiento, y la coordinación con
otros sectores productivos y sociales.
El riesgo de que
se convierta en una obra de alto costo con bajo uso, si no se logra articular
una demanda real de transporte o una atracción turística sostenida, es un
factor que debe considerarse con seriedad.
Otro punto
crítico es la equidad territorial. Si bien se afirma que todos los municipios
se verán beneficiados, la experiencia demuestra que los efectos positivos de
este tipo de obras tienden a concentrarse en los nodos principales: en este
caso, Mazatlán y Los Mochis.
Los municipios
intermedios necesitarán políticas complementarias para aprovechar el tren como
herramienta de desarrollo, más allá del simple paso de las vías.
En conclusión,
el Tren “El Sinaloense” representa una iniciativa ambiciosa que combina
objetivos de desarrollo turístico, económico y de conectividad. Sus potenciales
beneficios son evidentes, pero también lo son los desafíos que conlleva su
materialización. El éxito del proyecto dependerá de una planeación integral, de
la participación de los distintos niveles de gobierno, y de la inclusión
efectiva de las comunidades locales en la cadena de valor que pueda generarse.
A fin de
cuentas, la construcción del tren será apenas el inicio; lo importante será que
realmente se convierta en motor de transformación regional para Sinaloa.
A LAS PRUEBAS
La decisión de
un juez federal que ordena la reinstalación de Gerardo Vargas Landeros como
alcalde de Ahome ha colocado en una posición delicada al Congreso del Estado de
Sinaloa y a otras autoridades involucradas, al exigirles que actúen conforme a
derecho, independientemente de sus posturas políticas.
En palabras del
abogado Juan Guillermo Gaza Esperón, defensor del edil con licencia, la
resolución es clara y de obligatorio cumplimiento, en tanto no sea revocada o
modificada por una instancia superior.
Este caso abre
una discusión jurídica y política que debe observarse con objetividad. Por un
lado, es evidente que un mandato de un juez federal debe cumplirse.
El Estado de
derecho se sostiene precisamente en que las instituciones y sus integrantes se
sometan a las decisiones judiciales, sin condicionar su cumplimiento a
interpretaciones personales o a afinidades políticas. Lo contrario pondría en
riesgo la legalidad misma del sistema democrático.
El abogado
sostiene que el Congreso de Sinaloa ha sido debidamente notificado, y que
incluso ha demostrado tener conocimiento del fallo mediante sus propios
pronunciamientos públicos.
Argumenta además
que la negativa a acatar la orden podría deberse más a motivos personales o
intereses políticos, lo cual, de comprobarse, agravaría la responsabilidad de
quienes se nieguen a obedecer un mandato judicial.
Sin embargo, es
importante señalar que este asunto no se puede reducir únicamente al
cumplimiento de una orden. Si bien la ley establece la presunción de inocencia
y permite a un funcionario electo continuar en funciones mientras no haya una
sentencia condenatoria, también es cierto que existe una tensión legítima entre
la legalidad y la legitimidad política.
La percepción
pública, el contexto penal que rodea a Vargas Landeros y el papel del Congreso
como contrapeso, hacen que la decisión no sea políticamente neutra.
Desde el punto
de vista jurídico, el regreso del alcalde tiene sustento legal. Pero en el
plano político, su retorno podría polarizar aún más a la sociedad ahomense y al
entorno institucional en el estado.
Esa es la
encrucijada que enfrentan los actores públicos: cumplir con la ley, sin que
ello suponga ignorar los posibles efectos sociales y políticos de su
cumplimiento.
Por último, el
caso también revela los límites de la coordinación entre poderes. Si el
Congreso actuó más allá de sus competencias al promover acciones contra Vargas
Landeros, como sugiere el abogado, esto deberá ventilarse en otras instancias.
Lo cierto es que
ninguna autoridad puede invocar razones políticas para omitir el cumplimiento
de una resolución judicial firme. Hacerlo sería incurrir en desacato y socavar
los principios constitucionales.
En resumen, el
caso de Gerardo Vargas Landeros es una prueba para el Estado de derecho en
Sinaloa.
El debate puede
y debe continuar en lo político, pero en lo jurídico, mientras no haya una
nueva resolución judicial, la orden del juez debe cumplirse. Ignorarla no solo
implicaría una falta administrativa o legal, sino una señal preocupante de
debilitamiento institucional.
PUNTA DE LANZA
La situación que
enfrentan los pescadores de altamar en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, pone
de manifiesto una combinación crítica de abandono institucional, falta de
políticas integrales para el sector pesquero y el agotamiento económico de
quienes durante décadas han sostenido esta actividad estratégica para el norte
del estado.
Desde el cierre,
hace dos años, de la oficina de certificación y rehabilitación de embarcaciones
que operaba mediante una concesión federal en Topolobampo, los armadores han
tenido que trasladarse hasta Guaymas, Sonora, para cumplir con los requisitos
legales que les permiten salir a altamar.
Esto ha
significado un incremento considerable en sus costos de operación y un golpe
adicional para un sector ya afectado por el encarecimiento del combustible, el
deterioro de las embarcaciones y la baja rentabilidad de la actividad
camaronera.
La diputada
federal Ana Elizabeth Ayala Leyva ha recibido formalmente las peticiones de los
pescadores y se ha comprometido a llevar el tema ante la Comisión de Pesca del
Congreso de la Unión. Si bien esta gestión es positiva, resulta evidente que
los problemas que se plantean no son coyunturales, sino estructurales.
La ausencia de
una oficina de certificación en Topolobampo no solo encarece los trámites, sino
que evidencia la falta de presencia institucional en un puerto que debería
estar mejor equipado para dar servicio a una flota relevante en el Pacífico
mexicano.
Por otro lado,
la solicitud de al menos 12 pescadores para devolver sus permisos de pesca a
cambio de una liquidación, como se hacía en otros programas federales, refleja
un hecho preocupante: la pesca de altamar ha dejado de ser viable para muchos.
El retiro de
embarcaciones obsoletas y su sustitución por otras más eficientes podría ser
una oportunidad de renovación del sector, pero sin un esquema claro de
incentivos, apoyos o alternativas productivas para quienes se retiran, la
medida podría convertirse en una salida desesperada antes que en una solución
planificada.
Topolobampo,
como puerto estratégico, requiere atención directa del gobierno federal. No se
trata solo de gestionar un par de solicitudes en el Congreso, sino de reactivar
políticas de reconversión pesquera, certificación local, rehabilitación
portuaria y financiamiento adecuado.
La crisis que
hoy viven los pescadores no surgió de un día para otro; es el resultado de años
de rezago, de dependencia de subsidios sin acompañamiento técnico, y de
decisiones institucionales que han dejado de lado a los actores locales.
En suma, lo que
está en juego en Topolobampo no es únicamente la operación de unas cuantas
embarcaciones, sino la viabilidad de una comunidad pesquera que ha sostenido
parte de la economía de Ahome.
Si el gobierno no da respuestas integrales, el retiro silencioso de la pesca de altamar podría convertirse en la antesala de una crisis social de mayores dimensiones.
