.png)
Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Las cuestiones políticas son demasiado serias para dejarlas en manos de los políticos”, Hannah ...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Las cuestiones
políticas son demasiado serias para dejarlas en manos de los políticos”, Hannah
Arendt (1906-1975) Filósofa y teórica política alemana
DOS CARAS
El altercado
entre Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, y Gerardo Fernández
Noroña en el pleno del Senado no es solo un episodio aislado de violencia
parlamentaria.
Es, más bien, un
reflejo de la polarización que atraviesa la política mexicana y de la
fragilidad de los espacios de diálogo en el Congreso.
Las opiniones de
Paola Gárate, diputada local del PRI, y de Merary Villegas, diputada federal de
Morena, muestran con claridad los diferentes ángulos desde los cuales se
interpreta este incidente.
Para Gárate, la
agresión de Moreno surge como consecuencia de un ambiente donde la cancelación
del diálogo y la falta de respeto a los procesos parlamentarios se han
normalizado, en particular bajo la administración federal actual.
Desde esta
perspectiva, la violencia no sería un acto planificado, sino una manifestación
del hartazgo ante un sistema que, según ella, limita la diversidad de opiniones
y pretende acallar voces incómodas.
Por otro lado,
la lectura de Villegas es diametralmente opuesta: considera que la agresión de
Moreno fue deliberada, un acto premeditado que vulnera las reglas claras del
Senado sobre el uso de la palabra.
Además, enfatiza
que Moreno carga con tensiones adicionales derivadas de denuncias de presunta
corrupción y un expediente de desafuero en la Cámara de Diputados, lo que
podría haber influido en su reacción.
Desde este
ángulo, la violencia se entiende como un acto estratégico, con implicaciones
políticas que van más allá del choque personal entre legisladores.
Analizar ambos
puntos de vista permite comprender que la pelea no es únicamente física, sino
simbólica.
Representa un
choque de culturas políticas: por un lado, la visión de que la confrontación y
la imposición de autoridad son respuestas a la falta de respeto al debate; por
el otro, la convicción de que la violencia en el recinto legislativo es
inaceptable y debe tener consecuencias concretas.
Esta dicotomía
evidencia cómo la política mexicana enfrenta un dilema estructural: cómo
garantizar espacios de diálogo respetuoso en un entorno donde la polarización y
la presión mediática potencian los enfrentamientos personales.
Las
consecuencias de este episodio son tanto inmediatas como potencialmente
duraderas. Inmediatamente, el Senado y la Cámara de Diputados deberán analizar
responsabilidades y sanciones, un proceso que será observado de cerca por la
ciudadanía y los medios.
A mediano plazo,
la agresión podría consolidar narrativas partidistas: para el PRI, un intento
de mostrar fuerza y liderazgo frente a un gobierno que, según algunos de sus
militantes, limita la pluralidad; para Morena, la necesidad de proyectar unidad
frente a la agresión y reforzar la percepción de defensa de la
institucionalidad.
Más allá de las
implicaciones partidistas, lo que subyace es un riesgo para la legitimidad del
Congreso.
La violencia
entre legisladores erosiona la confianza ciudadana en la política y en los
mecanismos democráticos de debate.
La normalización
de estos episodios, por mínima que sea, puede enviar un mensaje preocupante:
que la confrontación física es un recurso válido para dirimir diferencias,
reemplazando la deliberación racional.
En última
instancia, el caso Noroña-Alito es una advertencia sobre la fragilidad del
debate parlamentario en México y la necesidad de fortalecer las reglas, la
disciplina y la civilidad dentro del Congreso.
Ambos partidos,
PRI y Morena, tienen la responsabilidad de demostrar que el Parlamento puede
ser un espacio de resolución de conflictos y no un escenario de espectáculo
mediático.
La política
mexicana necesita institucionalidad y argumentos, no golpes, para recuperar la
confianza de los ciudadanos y garantizar que la pluralidad de opiniones se
traduzca en diálogo y no en confrontación.
ENFOQUES
Los datos más
recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) confirman que
Sinaloa se mantiene como una de las entidades con mejores indicadores laborales
en el país. La tasa de desempleo del 2.2% durante el segundo trimestre de 2025,
por debajo del promedio nacional de 2.7%, no solo es un número, sino un reflejo
de políticas locales, condiciones económicas y dinámicas productivas que
permiten a la entidad destacarse en el panorama nacional.
Más allá de la
cifra de desocupación, es relevante analizar la composición del empleo en
Sinaloa. La población económicamente activa supera el millón cuatrocientos
ochenta mil personas, con un crecimiento sostenido en la población ocupada
desde 2021 de más de 141 mil personas, lo que representa un aumento del 10.8%.
Esta tendencia positiva indica que no se trata únicamente de un dato aislado,
sino de una trayectoria de recuperación y generación de empleo consistente.
Los ingresos
también reflejan la posición favorable de la entidad. Con un ingreso semanal
promedio de 3,498 pesos, Sinaloa se coloca entre los seis estados con mayores
ingresos del país, superando ampliamente la media nacional de 2,767 pesos. Esto
no solo mejora el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que impacta
directamente en el consumo, la inversión local y la dinámica económica interna.
Otro aspecto
significativo es la incorporación creciente de mujeres al mercado laboral. El
aumento de 88,555 trabajadoras desde 2021, equivalente a un 17.1%, ubica a
Sinaloa en el quinto lugar nacional en generación de empleo femenino. Este dato
no solo tiene relevancia social y de equidad, sino que fortalece la base
económica del estado, ampliando la participación laboral y diversificando las
oportunidades productivas.
Si bien la
informalidad laboral sigue siendo un desafío —46.6% de los trabajadores se
encuentran en esta condición—, Sinaloa registra niveles inferiores al promedio
nacional de 54.8%, lo que indica que la formalización del empleo avanza, aunque
de manera gradual. Menor informalidad significa mayor acceso a seguridad
social, beneficios laborales y estabilidad, elementos esenciales para
consolidar un mercado laboral robusto y sostenible.
En términos
políticos y estratégicos, estos resultados son también un reflejo de la gestión
estatal y del entorno económico de Sinaloa. Mantener estas cifras requiere
continuidad en políticas de fomento al empleo, inversión productiva y
capacitación, así como estrategias claras para integrar a sectores vulnerables
y jóvenes al mercado formal.
Sinaloa, por lo
tanto, muestra que es posible conjugar crecimiento económico, generación de
empleo y formalización laboral. Sin embargo, el reto ahora es sostener estas
cifras, reducir la brecha de informalidad y consolidar oportunidades que
permitan que la prosperidad laboral alcance a todos los sectores de la
población. La ENOE no solo refleja números, sino la oportunidad de construir un
modelo laboral que combine productividad, equidad y estabilidad, y Sinaloa
tiene las condiciones para liderarlo en el país.
RELEVO
El próximo 21 de
septiembre, el PAN en Sinaloa dará un paso importante hacia la paridad de
género en la política local, con la elección de candidatas que encabezarán
nueve de los 18 comités directivos municipales en todo el estado. Esta decisión
no solo cumple con los criterios legales de igualdad, sino que representa un
ejercicio estratégico para fortalecer la presencia femenina en la estructura
partidista y consolidar liderazgo local en municipios clave.
La convocatoria
establece que solo mujeres con más de tres años de militancia podrán
participar, lo que garantiza experiencia y conocimiento interno del partido.
Además, el método de elección por voto directo en asambleas municipales apunta
a dar legitimidad a quienes resulten electas y a fortalecer la participación de
la militancia.
Este proceso
refleja cómo los partidos políticos pueden integrar la paridad de género más
allá del discurso, construyendo estructuras de decisión donde la representación
femenina no sea simbólica, sino efectiva. Para el PAN, la correcta conducción
de estas elecciones será clave no solo para cumplir la ley, sino para proyectar
un liderazgo más inclusivo y cercano a la militancia en los municipios de
Sinaloa.
