.png)
Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “La fuerza es confiada por naturaleza. No existe un signo más patente de debilidad que desconfia...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“La fuerza es
confiada por naturaleza. No existe un signo más patente de debilidad que
desconfiar instintivamente de todo y de todos”, Arturo Graf
AVANCE
El Gobierno del
Estado ha desembolsado ya alrededor de 650 millones de pesos para ejecutar 46
obras incluidas en el llamado Plan Sinaloa para la reactivación económica, una
estrategia que busca dinamizar la economía local a través de la obra pública.
Hasta aquí, el
balance es positivo: se trata de una derrama importante que permea en sectores
clave como la construcción, insumos industriales y empleo.
De acuerdo con
el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, ya hay 10 obras
terminadas y otras 10 a punto de concluirse, lo que implica que cerca de la
mitad del paquete muestra avances considerables.
Además, se
subraya que ninguna obra fue asignada por adjudicación directa, un punto
relevante en un contexto nacional donde la opacidad ha sido moneda corriente en
otros niveles de gobierno.
En este caso, se
afirma que todas fueron licitadas y que se priorizó a empresarios locales, algo
que, de cumplirse cabalmente, es digno de reconocerse.
Sin embargo, no
todo está concluido. Aún faltan por licitar 21 obras adicionales que
representarían una inversión cercana a los 673 millones de pesos, lo que
duplicaría prácticamente el recurso ya ejercido.
Es decir, el
Plan Sinaloa va a mitad del camino, y será importante mantener el mismo ritmo
y, sobre todo, los mismos estándares de transparencia y prioridad regional.
Hay obras de
gran envergadura, como el malecón de la margen izquierda del río y el enlace
Agricultores en Culiacán, que por su complejidad ralentizan los indicadores
generales de avance.
Pero el propio
titular de Obras Públicas aclara que están dentro del calendario previsto.
En una
administración pública donde los discursos suelen anticiparse a los resultados,
este tipo de informes ayuda a poner en perspectiva las acciones del gobierno
estatal.
Falta ver si la
ejecución sigue el curso adecuado y si la derrama económica realmente se
traduce en empleos y desarrollo sostenido para las regiones donde se construye.
En suma, el Plan
Sinaloa camina, y lo hace con algunos aciertos en la forma en que se adjudican
y pagan las obras.
Pero queda por
ver si el segundo tramo del plan mantiene el mismo nivel de ejecución, y sobre
todo, si el beneficio económico es más que una estadística contable en un
boletín oficial.
Como siempre, el
tiempo y la supervisión ciudadana tendrán la última palabra.
ALARMA
El gobernador
Rubén Rocha Moya anunció que se analiza la implementación de un sistema de
alertas en tiempo real para informar a la ciudadanía sobre hechos de alto
impacto en Sinaloa.
La propuesta,
surgida en una reunión entre el Gabinete de Seguridad Federal y representantes
de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), apunta a
que la población pueda tomar precauciones inmediatas cuando surjan situaciones
de riesgo.
En un estado
como Sinaloa, donde la seguridad ha sido históricamente una preocupación
constante, el anuncio no es menor.
La idea es que,
mediante un sistema similar a los avisos de Protección Civil, las autoridades
puedan advertir a tiempo sobre bloqueos, operativos, balaceras o eventos que
alteren la vida pública. Y es aquí donde el enfoque preventivo cobra
relevancia.
La instrucción
ya fue girada por el general Ricardo Trevilla Trejo al comandante de la Tercera
Región Militar, Guillermo Briseño Lobera, y al secretario de Seguridad estatal,
Óscar Rentería Schazarino. Esto indica que hay voluntad institucional para echar
a andar el mecanismo.
Pero más allá
del anuncio, las preguntas comienzan a surgir: ¿cómo se definirá qué hechos
ameritan una alerta?, ¿qué canales se usarán?, ¿quién validará la información?,
¿habrá riesgo de alarmismo o mal uso político? Aún no se dan detalles, y según
el propio gobernador, será la Vocería del Estado la que explique en los
próximos días el funcionamiento del sistema.
La ciudadanía,
por su parte, ha aprendido a sobrevivir en medio de la desinformación y los
rumores.
Un sistema de
alertas en tiempo real podría convertirse en una herramienta útil, pero también
en un arma de doble filo si no se maneja con responsabilidad, oportunidad y
criterios bien definidos.
Lo cierto es que
el regreso del Gabinete de Seguridad Federal a Sinaloa, el pasado 3 de agosto,
deja ver que hay temas pendientes. Se han comprometido a reforzar la
videovigilancia, a mejorar el equipamiento policiaco y ahora a alertar de
manera oportuna a la población.
El compromiso
está sobre la mesa.
Queda por ver si
esta nueva iniciativa trasciende el discurso y se convierte en una política
pública eficaz, con resultados medibles y, sobre todo, con el respaldo de la
ciudadanía. Porque una alerta a destiempo no salva vidas; sólo perpetúa el
ruido.
RETOMAR CAMINO
El Centro
Comunitario “Marco Antonio Verde”, en la colonia Benito Juárez de Mazatlán, es
una de esas obras que prometen transformar un entorno, pero que terminan
atrapadas en el pantano de la irresponsabilidad empresarial. Iniciada en 2023
con una inversión federal cercana a los 96 millones de pesos, hoy se encuentra
inconclusa y con apenas el 52 por ciento de avance físico.
El delegado de
Sedatu en Sinaloa, Casimiro Zamora Valdez, fue claro: la obra quedó tirada no
por falta de recursos, sino por falta de seriedad de la empresa responsable,
cuyo nombre —aunque no fue revelado— ha quedado boletinado a nivel nacional, lo
que la inhabilita para obtener contratos públicos en el futuro.
Este tipo de
casos exhibe una de las fallas estructurales del sistema de obra pública: la
debilidad en los filtros para seleccionar a las empresas constructoras.
No es el primer
proyecto que queda a medias en el país por incumplimientos, y no será el último
mientras no haya criterios más rigurosos y supervisión efectiva desde el
arranque.
La Sedatu ya se
encuentra en busca de una nueva compañía para retomar los trabajos y se estima
que se necesitarán entre 40 y 50 millones de pesos adicionales para concluir lo
pendiente.
Si los nuevos
tiempos se cumplen, la obra estaría terminada en diciembre. Claro, esto es
promesa sujeta a plazos burocráticos, nuevos contratos y la siempre
impredecible capacidad de gestión en los tres niveles de gobierno.
En paralelo, se
habla de rescindir el contrato a la empresa incumplida y aplicar sanciones
económicas.
Pero si algo ha
demostrado la historia reciente es que estas sanciones rara vez compensan el
daño comunitario: tiempo perdido, expectativas frustradas y espacios que
debieron estar ya al servicio de la gente, convertidos en elefantes blancos
temporales.
El Centro
Comunitario Marco Antonio Verde, nombrado en honor al medallista olímpico
mazatleco que trajo plata en los Juegos de 2024, debió entregarse hace casi un
año. Hoy, en lugar de ver actividad deportiva y social, solo se ve concreto
inconcluso.
La apuesta es
que esta obra no se sume a la larga lista de promesas que quedaron en el
olvido. En un entorno donde las necesidades urbanas son cada vez más urgentes,
cada peso invertido debe traducirse en resultados tangibles. Lo demás, es
retórica.
