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La diputada Teresa Guerra Ochoa aseguró que el Congreso actuó dentro del marco constitucional y que el juez de Zacatecas carece de facultades para revertir una decisión soberana del legislativo estatal.
Culiacán, Sinaloa.— La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputada Teresa Guerra Ochoa, afirmó que el Poder Legislativo de Sinaloa no acatará la resolución emitida por un juez federal con sede en Zacatecas que ordena la restitución de Gerardo Vargas Landeros como presidente municipal de Ahome.
En entrevista para el diario EL DEBATE, la legisladora sostuvo que el Congreso local no ha sido notificado formalmente sobre dicha resolución, pero aun en caso de que ocurriera, consideró que la medida es improcedente e inconstitucional. Argumentó que el juez de distrito en Zacatecas no tiene competencia legal para intervenir en una determinación adoptada por el Congreso de Sinaloa en ejercicio de su soberanía, como fue la declaratoria de procedencia contra Vargas Landeros.
Guerra Ochoa citó la jurisprudencia 44/2004 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece que los actos derivados de una declaratoria de procedencia no son impugnables mediante juicio de amparo, por lo que sostuvo que la suspensión definitiva otorgada carece de validez jurídica.
La diputada subrayó que el Congreso ha actuado conforme a la Constitución local y federal, y que el nombramiento de un alcalde sustituto desde el 2 de mayo constituye un acto consumado que impide cualquier restitución del exalcalde de Ahome. Aseguró además que existen precedentes de jueces de distrito en Sinaloa y Baja California que han negado suspensiones en casos similares.
“Nosotros no tenemos absolutamente ninguna duda que no tiene ninguna facultad el juez de Zacatecas para querernos obligar a restituir en su cargo al alcalde de ahora. No tiene absolutamente ninguna facultad”, declaró.
Incluso, Guerra Ochoa no descartó que el Congreso promueva una denuncia penal contra el juez federal por considerar que su actuación podría configurarse como un acto de corrupción. Aunque evitó dar detalles por razones de secrecía, sostuvo que el Legislativo cuenta con los elementos legales para sostener su postura sin incurrir en desacato.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a tener certeza de que, desde la óptica del Congreso, no existe posibilidad legal de que Vargas Landeros sea restituido. Insistió en que la resolución del juez federal contraviene criterios de la Suprema Corte y carece de competencia.
La confrontación entre el Congreso de Sinaloa y el juez federal abre un conflicto jurídico que podría escalar a instancias superiores y elevar la tensión entre el Poder Legislativo estatal y el Poder Judicial de la Federación.
