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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero”, Voltaire CAMBIO D...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo
todo por dinero”, Voltaire
CAMBIO DE RIELES
El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Sinaloa ha
decidido apostar por una bandera menos polarizante: el emprendimiento. De la
mano del diputado Bernardino Antelo Esper y las diputadas Irma Moreno Ovalles y
Paola Gárate Valenzuela, se presentó una iniciativa para crear el Instituto
Sinaloense del Emprendedor.
La propuesta, que retoma la estructura del extinto INADEM
del sexenio peñista, busca articular una política pública que impulse a las
micro, pequeñas y medianas empresas.
La idea no es menor: en un estado donde el aparato económico
sigue concentrado en pocas actividades, y donde la informalidad y la
dependencia de programas sociales son fenómenos persistentes, hablar de
diversificación productiva puede resultar más que oportuno.
En el discurso del diputado Antelo, hay un doble mensaje:
por un lado, se plantea la necesidad de rescatar una visión institucionalista y
técnica del desarrollo económico; por otro, se lanza un guiño político al
comparar la propuesta con una acción emblemática de un gobierno priista
federal.
Es un intento de recordar que hay legado que aún puede
aprovecharse.
Uno de los puntos que más destacan es que la propuesta no
contempla la creación de plazas ni incremento presupuestal, algo poco común en
iniciativas de este tipo.
Según lo expuesto, el instituto operaría como un mecanismo
de coordinación y optimización, evitando duplicidades con la Secretaría de
Economía estatal. En papel, suena sensato; en la práctica, dependerá de su
diseño operativo y de la voluntad política para convertirlo en una herramienta
efectiva y no en un órgano decorativo.
No es casual que se cite a otros estados como Jalisco,
Querétaro o Yucatán, donde estructuras similares han dado buenos resultados. El
mensaje es claro: si en otras entidades funciona, ¿por qué no replicarlo en
Sinaloa?
Pero también implica una comparación inevitable con la
actual política federal, donde el fomento al emprendimiento ha sido desplazado
por programas asistenciales directos, dejando en segundo plano la construcción
de ecosistemas productivos sostenibles.
En ese contraste, el PRI en Sinaloa busca reposicionarse
como una fuerza propositiva, que más allá de la crítica, pone sobre la mesa
soluciones con enfoque económico.
La iniciativa todavía debe pasar el filtro de comisiones y
del pleno, pero abre un espacio interesante para discutir, con menos
estridencia y más visión técnica, el rumbo del desarrollo económico estatal.
Al final, como suele ocurrir con estas propuestas, lo
fundamental será su implementación. Las ideas pueden ser buenas, pero sin
acompañamiento técnico, voluntad ejecutiva y un marco normativo claro, corren
el riesgo de quedarse en buenos deseos.
Por ahora, el movimiento del PRI marca una diferencia en el
tono y enfoque dentro del Congreso local. Veremos si se convierte en una
política de Estado o en una anécdota más.
LLAMADO
El Congreso del Estado de Sinaloa vivió esta semana un
llamado de urgencia desde la tribuna.
El diputado Ambrocio Chávez Chávez, de Morena, puso sobre la
mesa un tema que trasciende colores partidistas: la inminente salida de
operación del Hospital General de Guamúchil, un centro que atiende a más de 95
mil personas en la región de Évora, y que, de acuerdo con Protección Civil,
presenta condiciones estructurales que comprometen su seguridad.
Más allá del tono enérgico, lo que planteó el legislador es
un reflejo de la fragilidad con la que muchas instituciones de salud pública
operan en Sinaloa. El problema no es menor.
El cierre de este hospital dejaría sin atención médica
esencial a miles de personas que no cuentan con seguridad social. No se trata
de un tema administrativo ni de un ajuste presupuestal: se trata, como lo
señaló el propio Chávez, del derecho a la salud.
El anuncio del nuevo Hospital General de Bienestar para
Guamúchil, hecho recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla
una inversión de 450 millones de pesos y una fecha tentativa de conclusión para
2026.
Es una promesa importante, pero el margen de espera puede
ser demasiado largo frente a una necesidad inmediata.
El legislador no se limitó a señalar el problema. Planteó
una ruta transitoria: aprovechar la capacidad de centros de salud en Mocorito,
Angostura, Salvador Alvarado, e incluso derivar casos a Guasave o Culiacán, si
fuera necesario.
Esto implica una coordinación interinstitucional que rara
vez se da con rapidez, pero que será indispensable si se quiere evitar un
colapso en los servicios sanitarios de toda la región.
También subrayó una exigencia clave: que el Congreso del
Estado acompañe y supervise tanto la construcción como el cumplimiento del
compromiso federal. Esto no es nuevo.
En más de una ocasión, obras hospitalarias han sido objeto
de señalamientos por deficiencias, retrasos o sobrecostos. La vigilancia
legislativa, en este caso, no debería ser vista como una presión innecesaria,
sino como una medida de responsabilidad institucional.
El posicionamiento de Chávez Chávez marca un precedente.
Pone sobre la agenda un problema que ya no admite dilación y exige respuestas
concretas desde los tres niveles de gobierno.
En un contexto político donde el discurso suele acaparar los
reflectores, el legislador apostó por los hechos, por los números y, sobre
todo, por la urgencia de garantizar la atención médica en condiciones dignas.
La propuesta no se limita al aspecto visual o disciplinario.
El trasfondo es más profundo: erradicar estereotipos de género desde las aulas
y garantizar que cada estudiante pueda desarrollar su identidad sin barreras
impuestas por normas escolares que, muchas veces, responden más a tradiciones
que a criterios pedagógicos o de derechos humanos.
En palabras del legislador, esta medida no es simbólica,
sino estructural. Al permitir que cada alumno o alumna decida si portar falda o
pantalón sin importar su género, se abre paso a una educación más incluyente,
respetuosa de la diversidad y alineada con principios de no discriminación.
La iniciativa contempla reformas puntuales: a los artículos
7 y 177, además de la incorporación de un artículo 7 Bis, todos en la Ley de
Educación estatal. También prevé su armonización con la Ley de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes.
La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) será la
responsable de definir los lineamientos para su aplicación.
No se trata de una ocurrencia aislada. Guerrero Verdugo se
apoya en antecedentes ya establecidos en entidades como la Ciudad de México y
Morelos, donde el uniforme neutro es una realidad en planteles escolares.
El argumento es claro: si en otros estados ya se aplica sin
conflictos mayores, Sinaloa también puede avanzar.
La resistencia a este tipo de reformas suele surgir desde
sectores que consideran que estas medidas trastocan la "normalidad"
escolar o los valores tradicionales.
Sin embargo, como lo señaló el diputado, las prácticas
discriminatorias dentro de las escuelas, basadas en apariencia o identidad de
género, no solo existen sino que afectan el bienestar emocional y el desempeño
académico de miles de estudiantes.
La propuesta busca que los lineamientos institucionales se
enfoquen en elementos realmente importantes, como colores o escudos, pero sin
imponer roles ni patrones de conducta asociados al género.
En otras palabras, se intenta separar la disciplina escolar
de los estereotipos, algo que el sistema educativo arrastra desde hace décadas.
Más allá de los debates ideológicos, esta reforma obliga a
repensar qué tipo de educación queremos en Sinaloa. Una que norme desde la
homogeneidad o una que abrace la pluralidad.
El uniforme, en este caso, se convierte en el símbolo de
algo mayor: el respeto a las decisiones personales, incluso desde la infancia.
Si el Congreso decide acompañar esta iniciativa, no solo
estará modificando una ley, sino enviando un mensaje claro: que en Sinaloa, la
educación también puede ser un espacio de libertad.
SOBRE LA MESA
El llamado del diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez desde la
tribuna del Congreso no fue solo simbólico. El legislador y coordinador del
Partido Verde Ecologista de México, expuso una verdad incómoda: en Sinaloa, el
deporte infantil sigue siendo sostenido casi en su totalidad por el esfuerzo de
las familias.
Reconocer al equipo “Solo 9”, reciente campeón en San Diego,
fue el punto de partida para una reflexión más profunda. El talento está ahí,
pero sin estructura, presupuesto ni acompañamiento estatal, los logros se
vuelven excepciones y no la regla.
Entre las propuestas presentadas, destaca la apertura de
escuelas públicas por las tardes, la revisión de concesiones deportivas y la
creación de un fondo financiado con recursos decomisados al crimen. Medidas
que, más allá de lo simbólico, requieren voluntad política y presupuesto.
Valenzuela tiene razón en algo fundamental: el deporte no
debe ser un lujo. Convertirlo en política pública es apostar por una niñez más
fuerte, disciplinada y con mejores oportunidades. El reto ahora es que el
Congreso pase del reconocimiento al compromiso real.
PROYECTO
El programa ¡Qué Bonito Mazatlán!, impulsado por la
alcaldesa Estrella Palacios, avanza con una meta clara: transformar áreas
abandonadas en parques infantiles funcionales.
En lo que va de 2025, ya se han rehabilitado 13 espacios y
se pretende llegar a 20 antes de finalizar el año.
La estrategia, ejecutada por la Dirección de Servicios
Públicos, no solo recupera entornos, sino que apuesta por el desarrollo
infantil y la convivencia vecinal. Con juegos elaborados por el propio
ayuntamiento, senderos y árboles, se dignifican zonas olvidadas.
El reto será mantener estos espacios y extender el programa
más allá del discurso. La ciudad lo necesita y las familias lo valoran.
