La presidenta María Teresa Guerra Ochoa subraya que la Declaratoria de Procedencia es constitucional y no admite suspensión, conforme a la S...
La presidenta María Teresa Guerra Ochoa subraya que la Declaratoria de Procedencia es constitucional y no admite suspensión, conforme a la Suprema Corte
Culiacán, Sinaloa. – La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Sinaloa, en voz de su presidenta, la diputada María Teresa Guerra Ochoa, emitió un comunicado conjunto para fijar postura sobre el caso Ahorne, luego de que surgieran versiones sobre una presunta suspensión definitiva otorgada en el proceso de amparo relacionado con la Declaratoria de Procedencia aprobada el pasado 2 de mayo.
Guerra Ochoa aclaró que el Congreso no ha sido notificado de ninguna resolución que conceda suspensión definitiva, y reiteró que las declaratorias de procedencia son irrecurrribles e inimpugnables, de acuerdo con el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la queja 33/2021.
Explicó que lo que existe es una medida cautelar emitida por un juzgado de Zacatecas, que no entra al fondo del asunto y cuya audiencia constitucional está programada para el 8 de septiembre. Además, precisó que el mismo juez negó anteriormente la suspensión provisional por falta de pruebas aportadas por el quejoso.
La presidenta de la Jucopo agregó que otros intentos de impugnar la declaratoria en diferentes entidades han sido rechazados, y recordó que la jurisprudencia vigente impide la suspensión contra actos consumados o ejecutados, como es el caso.
“La situación jurídica del quejoso ha cambiado, pues ya está vinculado a proceso penal. Por tanto, no puede desempeñar un cargo de elección mientras no se resuelva su situación judicial, conforme a los artículos 135 y 136 de la Constitución local”, indicó.
Finalmente, Guerra Ochoa denunció un intento de manipular la competencia judicial al invocar una supuesta orden de aprehensión en otra entidad federativa, lo que calificó como un acto de corrupción. Afirmó que el Congreso actuó conforme a la ley y ratificó el compromiso de la Jucopo de defender la Constitución y combatir cualquier acto fuera del marco legal.
El posicionamiento fue respaldado por los coordinadores parlamentarios de todos los grupos representados en el Congreso local.
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