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Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, diputadas y diputados del Congreso del Estado aprobaron una reforma constitucional, para incorporar la protección de los animales en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, así como la prohibición de su maltrato, además de establecer la obligación del Estado de garantizar su cuidado y bienestar.
El dictamen aprobado por las y los legisladores fue enviado por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, el pasado 24 de julio, tras analizar cuatro iniciativas presentadas por diferentes diputados y diputadas durante las 64 y 65 Legislaturas del Congreso estatal.
La reforma modifica los artículos 4 Bis B y 91 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. En el primer caso, se adiciona un tercer párrafo a la fracción tres, que establece que queda prohibido el maltrato a los animales y que el Estado garantizará su protección, trato adecuado, conservación y cuidado en los términos que señale la ley.
Por su parte, la modificación al artículo 91 incorpora la protección de los animales como tema obligatorio en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos del estado, junto con otros temas como derechos humanos, seguridad pública y preservación del medio ambiente.
Las y los legisladores que impulsaron las iniciativas, fundamentaron sus propuestas en el reconocimiento científico de que los animales son seres sintientes capaces de experimentar dolor, sufrimiento y diversas emociones.
La reforma se alinea con las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobadas en noviembre de 2024 y publicadas en diciembre del mismo año, que incorporaron la protección animal en los artículos 3, 4 y 73 de la Carta Magna federal.
Las y los diputados consideraron que el maltrato animal no solo afecta a estos seres vivos, sino que representa un indicador de riesgo de violencia generalizada en la sociedad, por lo que su protección constituye una medida preventiva contra la violencia social.
Con esta modificación, Sinaloa se suma a las entidades federativas que han elevado a rango constitucional la protección de los animales, fortaleciendo el marco jurídico existente que incluía ya la Ley de Protección a los Animales y la tipificación del maltrato animal como delito en el Código Penal estatal.
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