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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Lo único capaz de consolar a un hombre por las estupideces que hace, es el orgullo que le propo...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Lo único capaz
de consolar a un hombre por las estupideces que hace, es el orgullo que le
proporciona hacerlas”, Oscar Wilde
RECONOCIMIENTO
Sinaloa vuelve a
destacar por lo que realmente importa: el buen manejo del dinero público. En la
primera revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) no hizo una sola observación al estado. Ni una.
El gobernador
Rubén Rocha Moya lo anunció este lunes con la contundencia que permiten los
hechos: los recursos federales auditados —las participaciones, el Fondo de
Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y el Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM)— fueron aplicados correctamente, sin
irregularidades, sin pendientes por aclarar. Todo en regla.
“No tenemos
observación alguna en nuestro manejo de recursos”, dijo el mandatario en su
Conferencia Semanera. Y esa frase, aunque parezca breve, representa mucho más
de lo que aparenta: orden, transparencia, eficacia y, sobre todo,
responsabilidad institucional.
Este resultado
coloca a Sinaloa entre las 11 entidades federativas del país que salieron bien
libradas en esta primera entrega del Informe de Fiscalización. Pero hay algo
más relevante: en 2023, Sinaloa fue uno de los cinco estados sin observaciones.
Lo que se está viendo no es un logro aislado, sino una práctica sostenida de
buen gobierno.
Lo que certifica
la ASF no es un favor ni un elogio gratuito. Es la conclusión de una revisión
técnica, autónoma y rigurosa sobre el destino de los recursos federales. Es
decir, no se trata de un reconocimiento político: es una validación
institucional sobre cómo se está gastando el dinero del pueblo.
Y en un entorno
donde las fallas, las observaciones millonarias y los subejercicios son comunes
en muchas entidades, destacar por el cumplimiento se vuelve algo
extraordinario. No es poca cosa. El manejo limpio de los recursos públicos
significa estabilidad, confianza y la posibilidad real de que el dinero llegue
a donde tiene que llegar: escuelas, hospitales, caminos, programas sociales.
Además, la
transparencia genera un efecto de doble vía. Por un lado, respalda al gobierno
estatal ante las autoridades federales y la ciudadanía. Y por otro, manda un
mensaje interno a las estructuras administrativas de la entidad: aquí se hace
bien, y no hay margen para desvíos.
Rocha Moya
recordó que los más de 60 mil millones de pesos ejercidos en 2023 también
pasaron esta prueba con resultados favorables. Ahora, el ejercicio 2024 arranca
por el mismo camino, con dos entregas más de la Cuenta Pública aún por revisar,
pero con el precedente de que se está haciendo lo correcto desde el principio.
Este tipo de
resultados no son los que suelen hacer ruido político ni llenar titulares
escandalosos, pero sí son los que deberían importar más. Porque mientras
algunos estados pelean con montones de observaciones sin solventar, Sinaloa
consolida una práctica administrativa basada en la legalidad, la claridad y la
eficacia.
Y en política,
como en la vida pública, los hechos cuentan más que los discursos. Aquí hay
hechos, cifras y documentos oficiales que respaldan lo que se dice. Hoy por
hoy, Sinaloa no solo cumple: da ejemplo.
PROYECTO
Culiacán se
prepara para una transformación urbana sin precedentes. Antes de que concluya
el año, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) arrancarán con la construcción de 9 mil
viviendas en la capital sinaloense, como parte de la primera etapa del Programa
de Viviendas para el Bienestar.
El anuncio lo
hizo el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, quien dejó en claro que el
proyecto ya no enfrenta obstáculos: los terrenos están definidos, validados y,
algo importante, son propiedad de desarrolladores privados que ya los tenían
reservados para este fin. Esto garantiza que la iniciativa no tropiece con
trámites burocráticos ni conflictos de tenencia de la tierra, como suele
ocurrir en otros programas similares.
La magnitud del
plan es contundente: 5 mil 500 millones de pesos de inversión en una primera
fase que abarca más de 51 hectáreas. Estamos hablando de un modelo intensivo,
que proyecta hasta 180 viviendas por hectárea, lo cual significa un
aprovechamiento eficiente del suelo urbano, ideal para una ciudad que necesita
crecer ordenadamente.
Y si bien es
cierto que el tema de la vivienda social ha sido promesa constante en distintos
niveles de gobierno, pocas veces se había concretado con la solidez con la que
este proyecto se presenta. Aquí hay dinero asegurado, terrenos con certeza
jurídica y un esquema claro: el Infonavit firma directamente con los
desarrolladores para agilizar los procesos. No se trata de simulaciones ni de
planes a largo plazo, sino de una estrategia concreta que comienza este mismo
año.
Además, el
alcalde fue puntual en su llamado: quienes estén interesados en acceder a una
vivienda deben acercarse al Ayuntamiento de Culiacán, donde ya está operando
una mesa del Instituto Municipal de Vivienda. Este detalle no es menor: muchas
veces, los grandes proyectos quedan lejos del ciudadano común por falta de
información o por trámites complicados. Aquí, al menos en el papel, se está
facilitando el acceso desde el inicio.
Lo que se está
gestando en Culiacán no solo es una inversión millonaria; es la posibilidad
real de que miles de familias accedan a una vivienda digna en espacios
planeados, con servicios, en zonas seguras y con vocación urbana. Es también un
ejemplo de cómo se puede combinar el esfuerzo público con la participación
privada para resolver uno de los problemas más sensibles del país: la falta de
vivienda accesible.
Claro, falta ver
la ejecución. Pero si el proyecto avanza como se ha anunciado, Culiacán podría
colocarse como un referente nacional en políticas de vivienda social. Y eso, en
tiempos donde las ciudades crecen muchas veces al margen de la planeación, sería
una muy buena noticia.
TRABAJO
Mazatlán no solo
es uno de los destinos turísticos más importantes del país: también quiere
consolidarse como ejemplo nacional en el cuidado y certificación de sus playas.
Y en esa ruta, el gobierno municipal que encabeza Estrella Palacios Domínguez
avanza con paso firme.
Este mes de
julio, tres nuevos tramos de playa en la avenida Del Mar y la Zona Dorada serán
sometidos a auditoría por el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación A.C., como parte del proceso para obtener el distintivo oficial
de playas certificadas. Así lo dio a conocer el director de la Operadora y
Administradora de Playas (OAP) de Mazatlán, Ángel García Contreras.
Se trata de dos
tramos en la avenida Del Mar: uno de 700 metros, que va desde el hotel Holiday
Inn Express hasta la UAdeO; y otro de 600 metros, desde el hotel Olas Altas Inn
hasta la zona de los Lobos Marinos. A estos se suma un tercer tramo en Zona Dorada,
de 300 metros, entre los hoteles Viaggio y El CID. En total, se busca
certificar mil 600 metros de litoral en esta etapa.
¿Y por qué es
importante? Porque estas certificaciones no se entregan a la ligera. Implican
cumplir con estrictos estándares de limpieza, seguridad, calidad del agua,
infraestructura y manejo ambiental. Son reconocimientos que no solo mejoran la
imagen turística del puerto, sino que elevan la experiencia de quienes
disfrutan las playas y garantizan su conservación a largo plazo.
García Contreras
detalló que ya se realizaron los estudios de calidad del agua —con muestras
recolectadas por la COEPRISS— y que está en marcha la instalación de señalética
y contenedores de basura. Es decir, no se trata de intenciones, sino de
acciones concretas con calendario definido.
El objetivo,
subrayó, es cerrar julio con la solicitud formal de auditoría para estos nuevos
tramos, lo que permitiría a la administración municipal alcanzar un total de 10
playas certificadas, cifra histórica para Mazatlán.
Actualmente, ya
se cuenta con siete certificaciones, entre ellas Playa Gaviotas (en varios
tramos), Playa Luna Bonita, Playa Estrella del Mar, Playa Cerritos y el
Santuario El Verde Camacho, esta última bajo la Norma Mexicana 120 en
coordinación con la CONANP. Todas han alcanzado la categoría Platino, una de
las más altas a nivel nacional.
Este avance no
solo responde a una visión turística, sino a una política pública centrada en
el orden, la salud y el respeto al medio ambiente. En temporada alta, como el
verano, contar con playas limpias y seguras no es solo un valor agregado: es
una necesidad.
Mazatlán ha entendido bien que su litoral no es un simple recurso económico, sino un patrimonio natural que debe cuidarse con visión de futuro. Y si el objetivo es tener diez playas certificadas antes de que termine el año, va por buen camino. Porque aquí, el compromiso no se queda en el discurso: se traduce en hechos.
