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Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“En su lucha contra el individuo, la sociedad tiene tres armas: ley, opinión publica y conciencia”, William Somerset Maugham
REFLECTORES
El regidor Felipe Alberto Parada Valdivia, del Ayuntamiento de Mazatlán, ha lanzado una severa crítica sobre el mal estado en que se encuentran los mercados municipales, señalando que seis de siete presentan daños estructurales graves, incluso algunos en estado de abandono.
Sus advertencias sobre riesgos para locatarios y usuarios no son menores, y su exigencia de mayor presupuesto parece razonable. Sin embargo, hay un matiz que no debe pasar inadvertido: este deterioro no es exclusivo este gobierno, el deterioro que mostró en fotografías a los medios de comunicación es un problema que se viene arrastrando desde otras administraciones donde el también formó parte.
Es cierto que los problemas en los mercados, como los del Pino Suárez, López Mateos, Juan Carrasco y Cuauhtémoc, no surgieron de un día para otro. Llevan años acumulando fallas estructurales, filtraciones, instalaciones eléctricas obsoletas y hasta materiales peligrosos como asbesto y está más que claro que un presupuesto de cuatro millones de pesos no alcanza ni para uno.
Por citar un ejemplo, el gobierno estatal pasado le metió 62.5 millones de pesos de inversión al Mercado Pino Suárez, uno de los que menciona el edil y ¿donde está esa rehabilitación?,
En el periodo de Quirino Ordaz Coppel, se rehabilitaron 19 mercados de todo el estado, cifra histórica, donde se invirtieron cerca de 153 millones de pesos, donde algunos de ellos se volvieron a hacer.
Pero también es cierto que, desde que se integró la Comisión de Rastros y Mercados en noviembre pasado, y con Parada como integrante, ha habido tiempo para hacer más que recorridos y boletines informativos. El riesgo ha estado ahí y sigue ahí, sin intervención estructural de fondo.
El discurso de señalar al gobierno municipal actual como responsable directo queda incompleto si no se reconoce que las “manitas de gato” de pasados gobiernos han sido invisibles pese a los anuncios con bombo y platillo.
Además, el énfasis en el uso de la palabra “riesgo” puede interpretarse como una búsqueda de visibilidad más que como una ruta efectiva para generar soluciones. En lugar de posicionamientos de oportunidad mediática, lo que urge es una estrategia de rehabilitación con metas claras, presupuesto definido y ejecución puntual.
El ajuste presupuestal de agosto es una oportunidad para pasar del discurso a la acción. Pero esa acción debe ser integral, no fragmentaria ni reactiva. Porque si los mercados están en ruina, no es solo por abandono de antes, sino también por la indiferencia de hoy. Pero siendo estrictamente objetivos, ¿cuánto más se le puede etiquetar? Lo que se le suba, simplemente no será suficiente.
El regidor en lugar de dar una conferencia de prensa referente a esto, nos hubiera sorprendido que hubiera dado a conocer que presentó como ciudadano una iniciativa en el Congreso del Estado, con base en unos estudios pagados por el para que para el presupuesto del 2026 se le asignara más recurso a Mazatlán para estos mercados algunos de ellos históricos.
Pero no, el edil cree que descubrió el hilo negro. Y además citó a la prensa para dar a conocer lo que todos ya saben… que a los mercados les falta meterles lana.
DISCRECIONALIDAD
La renuncia de la regidora y presidenta estatal del Partido Acción Nacional Wendy Liliana Barajas Cortés al Comité Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Mazatlán ha sido presentada como un acto de protesta ética, una especie de “golpe sobre la mesa” frente a la inacción institucional.
Pero si se observa con más detalle, el gesto parece menos una denuncia valiente y más una estrategia mediática que evade la responsabilidad política real.
Desde su instalación en marzo, el comité no ha sesionado ni una sola vez. Eso es grave, sin duda, pero insistimos no son los mecanismos para hacerlo.
Pero más grave aún es que una regidora que coordina la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables se conforme con renunciar, en lugar de usar su posición para activar los mecanismos necesarios, presionar en las instancias adecuadas y generar rutas institucionales de acción.
Porque si de verdad la regidora estuviera comprometida con las familias de personas desaparecidas, no bastaría con alzar la voz en una sesión de Cabildo o redactar una carta de renuncia cargada de frases para el encabezado noticioso.
Lo que haría falta —y no ocurrió— es construir desde adentro: acudir a otras instancias, elevar el tema a nivel estatal, buscar alianzas con colectivos, ejercer presión política legítima e incluso llevar el tema a tribuna o a comisiones interinstitucionales.
Pero no. En lugar de eso, se optó por la salida fácil y ruidosa: deslindarse públicamente de un órgano que no opera, pero del cual formaba parte, y al que, hasta ahora, no había logrado —ni intentado seriamente— sacudir de su letargo.
La renuncia, lejos de ser un acto de valentía, parece una forma de sacudirse la responsabilidad mientras se gana espacio en los reflectores.
¿Qué sentido tiene denunciar que el comité “no existe en la práctica” si quien hace esa denuncia es parte del mismo y tenía voz, plataforma y autoridad moral para intentar moverlo?
¿O es que el compromiso con los derechos humanos termina justo donde empiezan los desafíos políticos?
Hay que decirlo claro: la regidora Barajas no construyó, no propuso, no empujó con firmeza. Prefirió el camino corto del discurso público, confiando en que el efecto mediático bastaría para legitimarla.
Pero los familiares de desaparecidos no necesitan gestos mediáticos. Necesitan resultados, coordinación, políticas claras, voluntad real. Y eso no se consigue con renuncias vistosas, sino con trabajo institucional, constante y silencioso si es necesario.
En tiempos en que la simulación abunda, también hay que desconfiar de quienes se dicen críticos del sistema pero eligen quedarse en la superficie. Porque hay quienes protestan para cambiar las cosas… y quienes lo hacen solo para quedar bien.
Mazatlán, como todo el país, necesita menos espectáculo político y más responsabilidad pública. Quienes ocupan un cargo no pueden elegir cuándo actuar ni cómo. Si se asumió un compromiso, toca cumplirlo con hechos. Lo demás es ruido. Y el ruido no encuentra a nadie.
¿LA TERCERA?
Durante un encuentro informal con medios de comunicación, el diputado federal Mario Zamora Gastélum confirmó su interés por contender en 2027 por la gubernatura de Sinaloa. Al ser cuestionado directamente, respondió afirmativamente, aunque aclaró que su aspiración no debe interpretarse como una obsesión personal, sino como parte de una trayectoria de servicio público que continúa en desarrollo.
Zamora, quien ya ha sido senador y actualmente forma parte de la Cámara de Diputados, destacó que su experiencia le ha permitido madurar políticamente y conocer de fondo los desafíos del estado.
En ese sentido, consideró que su perfil se encuentra en condiciones de competir, aunque dejó en claro que no es el único en su partido con posibilidades.
Reconoció que tanto hombres como mujeres dentro de su fuerza política podrían encabezar un proyecto competitivo hacia 2027.
El legislador enfatizó la necesidad de que Sinaloa tenga un gobierno que escuche y actúe con resultados tangibles para la ciudadanía.
Desde su perspectiva, el reto no solo es electoral, sino de fondo: responder a temas urgentes como la inseguridad, el empleo y la justicia social. Aunque reconoció que la situación del estado es compleja, sostuvo que existen condiciones para lograr avances si se trabaja con visión y compromiso.
Zamora también hizo referencia a su motivación personal, a la que calificó como una vocación de servicio antes que una ambición política.
Subrayó que está dispuesto a contribuir desde cualquier posición en la que pueda ser útil, y que su eventual candidatura dependerá tanto de las decisiones de su partido como de las circunstancias políticas del momento.
En resumen, el mensaje del diputado federal combina una apertura clara hacia el proceso electoral de 2027 con una postura moderada, en la que reconoce la pluralidad de liderazgos dentro de su partido y la necesidad de construir un proyecto que responda a las demandas reales de la población.
El camino hacia esa definición aún está abierto, pero su posicionamiento lo coloca como uno de los actores a observar en el escenario político de Sinaloa.
