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En la raya
José Luis López Duarte
La presidenta Claudia Sheinbaum ha asestado otro duro golpe a un sistema de salud que ya se encontraba al borde del colapso. La incorporación del IMSS Bienestar y la desaparición del IMSS Coplamar, un subsistema que había funcionado durante 43 años, no es más que un intento caprichoso de centralizar el control del sistema de salud, despojando a los gobiernos estatales de sus competencias y dejándole al gobierno federal una carga insostenible. Este movimiento, lejos de solucionar los problemas existentes, solo ha contribuido a una crisis mayor, sumergiendo a millones de mexicanos en un mar de incertidumbre y desatención.
El IMSS Coplamar fue establecido por el presidente José López Portillo en 1979, con el objetivo de atender a las poblaciones costeras más alejadas de los centros hospitalarios del IMSS. A lo largo de los años, este programa operó en 19 estados, contando con 81 hospitales, 3600 unidades médicas rurales, 2700 camas, 93 quirófanos, 1100 consultorios y un impresionante equipo humano que atendió a 10 millones de mexicanos con un presupuesto anual de 30,000 millones de pesos. Sin embargo, con la incorporación de estos servicios al IMSS Bienestar, se han diluido responsabilidades y recursos, aumentando así la carga de trabajo y los costos para un sistema que ya estaba bajo presión.
Los problemas son evidentes. En Sinaloa, por ejemplo, hemos sido testigos de protestas en varios municipios, como en Culiacán y Guamúchil, donde la falta de pagos a los trabajadores ha provocado un estallido de indignación. A esto se suma la desidia y el abuso que padecen los empleados de salud, quienes han sufrido la burla de contratos precarios y la adjudicación de plazas a amigos y conocidos del gabinete. Mientras tanto, aquellos que llevan años de servicio se ven desplazados y olvidados en un sistema que prioriza el clientelismo político sobre la justicia laboral.
La situación en Escuinapa es un reflejo de esta crisis. Un video que circuló recientemente muestra cómo el agua se filtraba en la farmacia y los consultorios del IMSS Bienestar, una imagen que habla por sí sola sobre la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura sanitaria. El caso más alarmante proviene de Guamúchil, donde el hospital general enfrenta la posible demolición de su edificio, construido en 2009, argumentando fallas estructurales. Sin embargo, la incredulidad surge al comparar esta situación con la estabilidad del edificio contiguo de la UADEO, que, a pesar de ser más grande, no ha presentado problemas similares. ¿Es realmente la estructura lo que está en juego, o hay intereses ocultos detrás de esta decisión?
Las declaraciones de la presidenta Sheinbaum y el director del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, solo agravan la situación. Al afirmar que el 80% de los insumos médicos son impuntuales, están reconociendo la falta de capacidad de gestión y previsión por parte de su administración. Es inaceptable que, a pesar de que la industria farmacéutica nacional representa un mercado de 3300 millones de dólares, el gobierno no haya encontrado la manera de abastecer adecuadamente al sistema de salud. Su argumento de que esto es consecuencia de decisiones previas realizadas durante el gobierno de Felipe Calderón es patético. Si bien es cierto que los errores del pasado afectan el presente, es responsabilidad del actual gobierno resolver estos problemas y no simplemente buscar chivos expiatorios.
Y, como si todo esto fuera poco, viene la declaración escandalosa del doctor Quintero, quien dio instrucciones para que los médicos no recetaran medicamentos que no estaban disponibles. Esta es una medida desesperada que refleja la impotencia de un sistema que, en lugar de atender las necesidades de la población, se aferra a la ignorancia y la falta de transparencia. No es suficiente con negar a los pacientes los tratamientos que necesitan; se requiere una solución integral que contemple la reestructuración de un sistema de salud que claramente ha fracasado.
En conclusión, la administración de Claudia Sheinbaum parece estar más dividida entre sus caprichos políticos y la realidad que enfrenta el sistema de salud público. La centralización del poder y la desaparición de subsistemas vitales solo han llevado a una crisis de dimensiones históricas. Los ciudadanos merecen un sistema sanitario que funcione, que garantice el acceso a la atención médica y que, sobre todo, no sea objeto de juegos políticos. Sea cual sea el camino que decidan tomar, queda claro que el rumbo actual solo conducirá a más caos y sufrimiento para millones de mexicanos.
