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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Es fácil hablar claro cuando no va a decirse toda la verdad”, Rabindranath Tagore EN CONTEX...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Es fácil hablar
claro cuando no va a decirse toda la verdad”, Rabindranath Tagore
EN CONTEXTO
En un país donde
la desconfianza hacia el manejo de los recursos públicos sigue siendo uno de
los principales desafíos para los gobiernos estatales, el caso de Sinaloa
merece ser reconocido, analizado y, sobre todo, replicado. La reciente entrega
de resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondientes
a la primera parte de la Cuenta Pública 2024 arrojó un dato que, por su
contundencia, se convierte en un hito: Sinaloa obtuvo cero observaciones por
aclarar en el uso de recursos federales, logro que repite por segundo año
consecutivo.
Este dato, por
sí solo, ya es relevante. Pero adquiere mayor fuerza al insertarse en un
contexto donde las observaciones de la ASF suelen ser la regla y no la
excepción. Mientras que otros estados deberán responder por el uso de cientos
de millones de pesos, Sinaloa se mantiene al margen de los señalamientos, lo
que da cuenta no solo de una gestión ordenada, sino de una voluntad política
clara: hacer las cosas bien desde el origen.
El gobernador
Rubén Rocha Moya lo ha dicho en distintos foros: la transparencia no es un
accesorio de su administración, sino un eje rector. Y esta convicción se ha
traducido en prácticas concretas que van desde el fortalecimiento de los
controles internos hasta la revisión sistemática de los procesos
administrativos en todas las dependencias. Lejos de gobernar con
improvisaciones, el Ejecutivo estatal ha apostado por la disciplina financiera,
el cumplimiento normativo y la vigilancia preventiva, herramientas que han
permitido erradicar prácticas del pasado como los desfalcos, los subejercicios
y las simulaciones.
La figura de la
secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez
Zepeda, también ha sido clave en esta construcción institucional. Su informe de
noviembre de 2024 ya anticipaba lo que hoy la ASF ha confirmado: que en tres
años de gestión no se han registrado desvíos, cohechos ni irregularidades
significativas. Y esto no ocurre por casualidad, sino porque se ha puesto en
marcha un sistema de revisión continua que permite anticiparse a los errores,
corregir procesos y garantizar que cada peso del erario cumpla con su finalidad
pública.
Además, este
reconocimiento no solo es técnico: tiene un efecto político de gran calado. En
medio de un debate nacional sobre la corrupción, el clientelismo y el uso
faccioso de los presupuestos, Sinaloa aparece como un referente positivo. El
hecho de compartir este estatus con apenas ocho entidades del país refuerza la
idea de que es posible ejercer el poder con responsabilidad y resultados.
Por supuesto, el
reto ahora es sostener este estándar. La transparencia no es una meta que se
alcanza una vez y se olvida; es un compromiso permanente que debe evolucionar
con las exigencias ciudadanas y las nuevas formas de fiscalización. La ASF
auditará este año el 100% de los recursos federales ejercidos en los
municipios, incluyendo las 20 alcaldías de Sinaloa. Esto representa una
oportunidad para que el modelo estatal se extienda y consolide también a nivel
local.
La ciudadanía
debe ser consciente del valor que tiene este tipo de noticias. Mientras en
otros lugares se normalizan los escándalos financieros, aquí se celebra la
ausencia de ellos. Y eso también es democracia. Cuando un gobierno es capaz de
mostrar con hechos que su gestión es limpia, abre la puerta a una relación más
madura con la sociedad, basada en la confianza, la legalidad y la eficacia.
El
reconocimiento de la ASF no es un trofeo, sino una responsabilidad. Una
administración que sabe manejar el presupuesto con orden, sin desvíos ni
observaciones, tiene la obligación moral de traducir esa eficiencia en
bienestar para su gente. Y todo indica que en Sinaloa se está entendiendo esa
lógica: gobernar bien no es solo gastar bien, sino hacerlo con sentido social.
VIVIENDA
El anuncio de
que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(Infonavit) ha autorizado la habilitación de 50 hectáreas en Culiacán para el
desarrollo de las primeras 9 mil viviendas del Programa Viviendas para el
Bienestar, no es solamente una cifra: es una señal clara de que el derecho a
una vivienda digna comienza a traducirse en realidades tangibles para miles de
familias sinaloenses.
El alcalde Juan
de Dios Gámez Mendívil ha sido un actor clave en este avance. Su participación
activa y constante en las gestiones ante instancias federales refleja no sólo
compromiso político, sino sensibilidad social ante una de las demandas más
sentidas: el acceso a una casa propia. En tiempos donde la desigualdad urbana
se agudiza y el crecimiento desordenado margina a quienes menos tienen, una
política de vivienda bien estructurada es un acto de justicia.
La reunión
sostenida en las oficinas centrales del Infonavit, junto con el director de
Vivienda, Orlando Camarillo Ruiz, y el delegado en Sinaloa, Verdugo Dagnino, no
fue un simple trámite administrativo. Fue el espacio donde se revisaron a
detalle los predios disponibles, su factibilidad, conectividad, servicios y
proyección a futuro. Es decir, no se trata de improvisar conjuntos
habitacionales, sino de planificar desarrollos urbanos que respondan a
estándares de dignidad, sostenibilidad y cohesión social.
Este programa
forma parte de una visión nacional impulsada por la presidenta Claudia
Sheinbaum Pardo, que reconoce que la vivienda no puede seguir siendo un
privilegio, ni un producto del mercado sin control. En el nuevo modelo de
bienestar, la vivienda es un derecho, y el Estado debe garantizarlo con
políticas públicas serias, responsables y participativas.
En ese marco,
Culiacán se convierte en un ejemplo de coordinación institucional. La
participación del gobierno estatal, encabezado por Rubén Rocha Moya, fortalece
la articulación de esfuerzos. Esta sinergia entre Federación, Estado y
Municipio da lugar a políticas públicas más eficaces, menos burocráticas y con
mayor impacto territorial.
La visión de
Gámez Mendívil va más allá del número de viviendas. Desde el inicio de su
administración, ha impulsado otros programas de vivienda social orientados a sectores
vulnerables, reconociendo que no todas las familias tienen las mismas
condiciones ni necesidades. La atención a madres solteras, personas adultas
mayores, y trabajadores informales ha sido parte de una política de vivienda inclusiva
y con rostro humano.
En un país donde
por años se construyeron viviendas sin servicios, sin transporte, en zonas de
riesgo o sin visión comunitaria, la apuesta por proyectos planificados, con
infraestructura adecuada y criterios de sostenibilidad, es un giro necesario.
Culiacán tiene ahora la oportunidad de demostrar que sí es posible construir
ciudad desde una perspectiva social, justa y moderna.
Además, este
tipo de acciones fortalece la confianza ciudadana en sus autoridades. La
gestión de la tierra, la transparencia en los procesos, la prioridad a quienes
más lo necesitan y el respeto a las normativas urbanas, son elementos
fundamentales para que la política de vivienda se consolide como una política
de bienestar duradero.
La vivienda no
solo transforma entornos físicos: transforma vidas. Genera seguridad, arraigo,
estabilidad familiar y desarrollo económico. Que Culiacán esté al frente de
este esfuerzo es motivo de reconocimiento, pero también de responsabilidad.
El reto, a
partir de ahora, será garantizar que las viviendas proyectadas se construyan
con calidad, se asignen con justicia y formen parte de un modelo de ciudad
inclusiva. Si se logra, Culiacán no solo crecerá en casas, crecerá en dignidad.
ESPALDARAZO
En medio de una
oleada de desinformación, algunas voces han calificado como “ley espía” a la
Reforma de Telecomunicaciones 2025, ignorando que su contenido no solo está
lejos de vulnerar derechos fundamentales, sino que, por el contrario, los
fortalece con claridad legal, controles judiciales y garantías para la
ciudadanía. Es importante no dejarse llevar por titulares alarmistas y revisar
con seriedad los alcances reales de esta legislación.
El diputado
local Rodolfo Valenzuela Sánchez ha sido claro y firme: la reforma no pretende
crear nuevos mecanismos de vigilancia, sino dar certeza jurídica sobre los
instrumentos que ya existen desde hace años en el marco legal mexicano. La
localización geográfica de dispositivos móviles, por ejemplo, no es una
innovación reciente ni un atentado contra la privacidad, sino una medida
contemplada desde 2014 en el artículo 183 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión. Su aplicación, además, está supeditada a la
autorización de un juez y a la solicitud del Ministerio Público, lo que
descarta cualquier uso arbitrario o político.
El debate sobre
derechos digitales es legítimo, pero debe realizarse con conocimiento de causa.
El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales es tajante al
establecer que la intervención de comunicaciones privadas solo puede realizarse
mediante orden judicial debidamente fundada y motivada. No existe posibilidad
legal para el espionaje discrecional, mucho menos para fines de persecución
política.
La reforma,
entonces, no crea facultades nuevas ni abre la puerta a un estado de vigilancia
masiva. Lo que hace es actualizar y fortalecer el marco jurídico frente a
fenómenos crecientes como el fraude digital, la extorsión telefónica, el acoso
en línea y la filtración indebida de datos personales. Se trata de un esfuerzo
por equilibrar seguridad y libertad en un contexto de digitalización acelerada,
donde millones de personas están expuestas diariamente a delitos que operan en
la sombra de la red.
El respaldo del
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a esta
visión, no es menor. Su experiencia en tareas de inteligencia lo lleva a
afirmar que el trabajo de prevención no es sinónimo de vigilancia
indiscriminada, sino de acción informada, legal y en coordinación con
instancias judiciales. Esta postura refuerza la idea de que no se trata de
espiar ciudadanos, sino de protegerlos con responsabilidad institucional.
Quienes critican
la reforma deben explicar cómo proponen enfrentar delitos que evolucionan al
ritmo de la tecnología. ¿Acaso basta con el marco legal vigente, que fue
diseñado para una realidad que ya no existe? ¿O se debería renunciar a proteger
a los usuarios digitales por temor a interpretaciones erróneas?
La respuesta
está en el equilibrio. Y la Reforma de Telecomunicaciones 2025 lo busca al
establecer que no se puede bloquear contenido sin procedimiento legal, no se
pueden intervenir comunicaciones sin orden judicial, y no se otorgan facultades
discrecionales a las autoridades. Esa precisión normativa es, en sí misma, una
garantía.
En tiempos donde
la información circula con rapidez, pero no siempre con veracidad, es urgente
que el debate público se nutra de datos y no de prejuicios. La defensa de los
derechos humanos no está reñida con la modernización del Estado, y proteger a
la ciudadanía en el entorno digital no es una amenaza, sino una responsabilidad
democrática.
La reforma
propuesta no es perfecta, como ninguna ley lo es, pero representa un avance
hacia un modelo de gobernanza digital más seguro, equitativo y respetuoso de
las libertades individuales. Reducirla a la etiqueta de “ley espía” es, además
de injusto, profundamente irresponsable.
