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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide”, Auguste Comte INCREMENTO Duran...
Entre Veredas
Marco Antonio Lizárraga
“Mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide”, Auguste Comte
INCREMENTO
Durante su Conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha
Moya destacó que el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa
(SATES) reporta un incremento del 12 por ciento en el pago del Impuesto Sobre
Nómina, en comparación con el mismo periodo de 2024.
Esta cifra, desde la perspectiva gubernamental, es un
indicio de que los empleos formales se mantienen, y que la actividad económica
de las empresas sigue en marcha.
El razonamiento es claro: si las empresas están cumpliendo
con esta obligación fiscal, es porque tienen trabajadores registrados, lo que
implicaría que no se están dando despidos masivos ni cierres generalizados.
En ese marco, el mandatario estatal agradeció a los
empresarios por su responsabilidad fiscal, señalando que esto no solo
representa ingresos para el estado, sino también estabilidad para las familias
sinaloenses que dependen de un ingreso formal.
Sin embargo, junto con este dato alentador, Rocha Moya
también abordó otro aspecto que plantea una lectura distinta: la necesidad de
seguir apoyando a micro y pequeños negocios con recursos directos no
reembolsables.
Desde septiembre del año pasado, reconoció el gobernador, la
situación económica se ha visto afectada en ciertas zonas del estado,
particularmente en Culiacán, y por ello el Gobierno del Estado ha entregado
apoyos de entre 5 mil y 20 mil pesos a microempresarios, como comerciantes y
restauranteros con plantillas de entre cinco y diez empleados.
Además, el programa “Equipa Sinaloa”, que contempla la
entrega gratuita de mobiliario y equipo a negocios como estéticas, taquerías y
carritos de hotdogs, ya ha beneficiado a cerca de 50 mil personas, según datos
de la Secretaría de Economía.
Ambos anuncios, aunque orientados a resaltar acciones
positivas, proyectan un escenario dual.
Por un lado, se insiste en que hay estabilidad en el sector
formal y que las empresas siguen operando; por otro, se reconoce que miles de
microempresarios requieren apoyo para sostener sus actividades diarias.
Esta combinación refleja que la economía sinaloense, si bien
muestra signos de dinamismo en algunos sectores, todavía enfrenta dificultades
estructurales, especialmente en los niveles más bajos del tejido productivo.
En este contexto, es válido reconocer que los esfuerzos
gubernamentales apuntan a mitigar los efectos de una situación compleja, pero
también es necesario observar con cautela las cifras optimistas.
El aumento en la recaudación del Impuesto Sobre Nómina puede
interpretarse como un signo de fortaleza, pero no debe ocultar las necesidades
de miles de pequeñas unidades económicas que requieren apoyo estatal para
sobrevivir.
Los indicadores macroeconómicos deben dialogar con la
realidad de los pequeños negocios. Solo así se podrá tener una imagen completa
y honesta de cómo avanza la economía de Sinaloa en un entorno que sigue siendo,
por momentos, incierto.
LLAMADO
La presidenta municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya,
lanzó un llamado claro: los municipios no pueden seguir siendo ignorados en la
creación de leyes que los afectan directamente.
Frente a diputados locales, exigió reformas construidas
desde el territorio y no desde escritorios alejados de la realidad que viven
los gobiernos locales.
En un encuentro con diputados de la 65 Legislatura,
encabezado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa
Guerra Ochoa, la alcaldesa de Guasave planteó la necesidad de construir una
agenda legislativa con visión municipalista.
Su propuesta no es nueva en el discurso, pero sí cobra
fuerza al surgir desde la experiencia directa de gobierno local, donde se
enfrentan las limitaciones normativas y presupuestales que impiden una gestión
pública eficiente.
Ramírez Montoya señaló con claridad los vacíos,
contradicciones y obstáculos que enfrenta el marco legal actual, muchos de los
cuales, aseguró, ya no responden a la realidad del municipio.
Puso como ejemplo la tardía desindexación del salario
mínimo, aprobada a nivel nacional desde 2016, pero aplicada en Guasave apenas
este año, lo que evidencia el rezago normativo en el ámbito local.
La presidenta municipal propuso iniciar una serie de
reformas desde el enfoque territorial. Entre ellas destacó la necesidad de
modificar la Ley de Gobierno Municipal, particularmente en materia de
fiscalización, así como la Ley de Obras Públicas para adecuarla a las
necesidades de seguridad, servicios básicos e infraestructura local. Además,
consideró urgente una reforma a la Ley de Hacienda Municipal que permita
actualizar el catastro y fortalezca la recaudación propia de los municipios.
En su mensaje, subrayó que los ayuntamientos no pueden
seguir siendo considerados como el último eslabón del sistema institucional ni
ser tratados como simples operadores de decisiones tomadas desde el nivel
estatal o federal.
“El municipio es el primer contacto del Estado con la
ciudadanía y, por tanto, debe tener voz en la construcción de las reglas del
juego”, sostuvo.
Durante la reunión también se abordó la situación de la
municipalización de Juan José Ríos, proceso que requiere resolverse no solo en
el aspecto urbano, sino también en el fiscal, lo que exige una coordinación más
efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
Por su parte, la diputada Guerra Ochoa propuso establecer un
mecanismo de reuniones periódicas —cada dos meses— para mantener el diálogo con
los municipios y canalizar las propuestas directamente al gobernador Rubén
Rocha Moya, con el objetivo de darles seguimiento puntual.
Con un enfoque institucional más que partidista, Ramírez
Montoya cerró con una afirmación contundente: “La Cuarta Transformación no solo
es federal, también es municipal”.
Con ello, dejó en claro que los cambios de fondo en la vida
pública no serán posibles si los municipios siguen sin fuerza legal ni
capacidades reales. Su intervención no fue un reclamo aislado, sino una
propuesta para iniciar una reforma de fondo que tome en cuenta a quienes están
en el terreno, resolviendo problemas todos los días.
ENCUENTRO
La visita de la senadora Imelda Castro a Mazatlán no fue
solo parte de su informe de actividades, sino un ejercicio de diálogo directo
con los sectores productivos clave del estado. Más allá del protocolo, su
presencia dejó claro que legislar también implica escuchar en el territorio y
construir desde la realidad de quienes sostienen la economía local.
En su encuentro con integrantes de la Unión de Armadores, la
senadora escuchó las preocupaciones y propuestas del sector pesquero de alta
mar, clave no solo para la economía local sino también para la seguridad
alimentaria nacional.
Reconocer a la pesca como un sector estratégico no es un
gesto menor, sobre todo en un contexto donde la regulación, el ordenamiento
pesquero y el combate a la ilegalidad son temas pendientes.
Por otro lado, la reunión con la Asociación Ganadera Local
sirvió como espacio para discutir la Ley General de la Alimentación Adecuada y
Sostenible, y subrayar la relevancia de la ganadería en un sistema alimentario
justo y soberano.
Más allá del intercambio de ideas, este acercamiento
representa un puente entre el campo y el Senado, donde la legislación puede
tomar cuerpo a partir de las realidades que se viven día a día en el
territorio.
También se hizo énfasis en la importancia de mantener el
contacto directo con la ciudadanía.
En una dinámica donde a menudo el ejercicio legislativo se
percibe lejano o burocrático, esta visita pone sobre la mesa la necesidad de
fortalecer el vínculo entre representantes y representados, no como acto
simbólico, sino como base para una democracia funcional.
Más que una gira de cortesía, la presencia de la senadora en
Mazatlán da señales de un enfoque territorial del quehacer legislativo, que
busca nutrirse de la experiencia directa de los sectores productivos.
