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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “Si algo he aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del pr...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“Si algo he
aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser
del prójimo”, Carmen Martín Gaite
PROYECCIÓN
El anuncio de la
presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, sobre la
aprobación de un nuevo paquete de obras por parte del Gobierno del Estado —con
una inversión de 15 millones de pesos para pavimentación y sustitución de redes
hidrosanitarias—, es un paso significativo en la agenda de infraestructura
urbana del municipio.
Más allá de la
cifra, lo que está en juego es el impacto directo en la calidad de vida de
miles de familias que por años han padecido rezagos básicos.
Con esta gestión
se suman ya más de 50 obras en ejecución durante el año, además de los 137
proyectos contemplados en el Plan de Obras 2025.
Si se considera
el volumen de inversión y el número de acciones previstas, se puede hablar de
un esfuerzo coordinado por posicionar a Mazatlán como un polo de desarrollo, no
solo turístico, sino también social y urbano.
La presidenta
municipal ha sido clara en su narrativa: este impulso no sería posible sin el
respaldo del gobernador Rubén Rocha Moya y, en una visión aún más amplia, de la
presidenta Claudia Sheinbaum.
Ambos gobiernos,
el estatal y el federal, han asumido un discurso que prioriza la justicia
territorial y la equidad regional. En ese sentido, Mazatlán aparece como un
municipio clave para consolidar esa política pública en el sur de Sinaloa.
Pero si bien los
anuncios generan expectativas, también exigen resultados. Pavimentación,
drenaje, agua potable: son demandas históricas en colonias populares del
puerto, donde el crecimiento urbano ha superado por años la capacidad de
planeación institucional.
Obras como las
anunciadas no solo representan infraestructura, sino también dignidad para
comunidades que esperan soluciones concretas y no solo promesas.
Otro punto que
vale la pena destacar es la dimensión social de la política pública que
acompaña esta etapa.
La alcaldesa
recordó que más de 120 mil mazatlecos se benefician actualmente de programas
federales del bienestar, con una inversión anual superior a los 2,500 millones
de pesos.
Adultos mayores,
mujeres, niñas, niños y jóvenes forman parte de ese esquema de apoyo. Es decir,
la intervención del Estado no se limita a la obra física, sino que se
complementa con un entramado de asistencia social que busca equilibrar las
desigualdades estructurales.
Sin embargo,
también hay retos pendientes. La transparencia en la asignación de contratos,
la supervisión de la calidad en las obras y la priorización de zonas con mayor
marginación deben estar en el centro del debate.
No basta con
invertir: hay que invertir bien. De lo contrario, la política de
infraestructura puede caer en la lógica del gasto sin impacto.
En un momento
político donde la coordinación entre niveles de gobierno es clave para mantener
la gobernabilidad y generar resultados visibles, Mazatlán se convierte en un
ejemplo de cómo una administración municipal puede gestionar apoyos y movilizar
recursos en favor de su población.
Pero ese mismo
escenario también exige que la ciudadanía esté atenta y participe, que los
medios fiscalicen y que el Congreso local vigile que los compromisos se
cumplan.
RESPALDO
Desde la sierra
de Mazatlán, el gobernador Rubén Rocha Moya dio un mensaje que va más allá de
los 24.5 millones de alevines que se sembrarán en presas y diques de Sinaloa
durante 2025.
Se trata de un
programa que, aunque técnico en su diseño, tiene una carga simbólica y política
poderosa: sembrar peces es también sembrar esperanza.
En una entidad
donde la pesca en aguas continentales muchas veces ha sido la hermana menor
frente a la producción costera, este tipo de programas marcan una diferencia
clara.
Rocha Moya lo
entiende y actúa en consecuencia, colocando al pescador de presa en el centro
de una política pública que, aunque modesta en monto —12 millones de pesos—
tiene un impacto directo en la economía familiar de cientos de comunidades.
La presencia del
gobernador en Picachos, acompañado por autoridades de todos los niveles y de
representantes del sector pesquero, no fue una casualidad.
Fue un acto
calculado políticamente: atender un sector históricamente relegado, con
resultados tangibles, en un momento donde se requiere afianzar legitimidad en
el ejercicio del poder.
Este programa no
sólo es único en el país, como lo destacó la secretaria de Pesca, Flor Emilia
Guerra, sino que está cimentado sobre una red de centros de reproducción que
han crecido de uno a cuatro en esta administración.
Y aunque la
política no se mide solo en cifras, no deja de ser relevante que Sinaloa sea ya
primer lugar nacional en producción de tilapia, producto precisamente de estas
acciones.
Más allá de la
siembra de peces, Rocha lanzó compromisos que también tienen lectura política:
un Cobaes en la zona para evitar que los jóvenes migren por falta de
oportunidades educativas, y el desazolve de un dique clave para ampliar la
capacidad de pesca. Ambos anuncios conectan directamente con necesidades reales
y demuestran que hay disposición de atender no solo el presente, sino también
el futuro de estas regiones.
En contraste con
gobiernos que han privilegiado el discurso sobre la acción, Rocha ha optado por
mostrar resultados en el territorio. Y eso tiene un valor político que no debe
subestimarse.
El reto ahora
será mantener este esfuerzo como política de Estado, no solo como bandera de un
sexenio. Porque si bien el Bienpesca estatal, los motores y pangas, y los
centros de reproducción funcionan ahora, lo que se requiere es una
institucionalización de estas estrategias para que no dependan del humor
político en turno.
La comunidad
pesquera continental está viendo resultados después de años de olvido. Y si
algo queda claro, es que cuando el Estado voltea hacia ellos con políticas
públicas serias, la respuesta social no se hace esperar. Lo que se siembra hoy
en las presas, puede cosecharse mañana en gobernabilidad.
VISITA
La reciente
visita de la diputada María Teresa Guerra Ochoa al municipio de Elota dejó en
claro que los actores políticos están reconociendo, aunque con retraso, los
retos estructurales que enfrenta una de las regiones agrícolas más dinámicas
del sur de Sinaloa. Elota, con un crecimiento constante en la producción de
hortalizas, sigue cargando con una vieja deuda institucional: el agua.
Guerra Ochoa, en
su calidad de presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, no llegó solo con discurso.
Además de su
conferencia magistral ante estudiantes de la Universidad Politécnica del Mar y
la Sierra, sostuvo una reunión con líderes agrícolas y empresariales, quienes
no pidieron favores, sino infraestructura.
Y en voz de
todos, el mensaje fue claro: si no se resuelve el problema del abasto de agua,
el futuro productivo de Elota está en riesgo.
La diputada
respondió con lo que el Congreso puede ofrecer: una Ley Estatal de Aguas que
está en proceso, y el compromiso de retomar el diálogo con actores clave como
Codesin, Conagua y el nuevo Secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué.
Un paso en la
dirección correcta, aunque todavía en el plano de las intenciones.
El mérito de
Guerra Ochoa está en reconocer que Elota es una zona emergente que, sin grandes
reflectores, ha sostenido empleos locales y para jornaleros migrantes.
Pero también en
decir las cosas como son: el Congreso no construye presas ni decide
presupuestos, pero sí puede empujar desde la gestión política. Ese es el
terreno donde debe medirse su compromiso.
La mención de
Berdegué como interlocutor federal no es casual. Su perfil técnico y su
cercanía con el presidente Sheinbaum pueden ser clave para sacar del cajón los
proyectos hidráulicos que Elota requiere, pero que hasta ahora han dormido el
sueño burocrático.
En el fondo, lo
que está en juego no es solo una región agrícola, sino el modelo mismo de cómo
se articula el desarrollo en el sur de Sinaloa.
Si la política
sigue siendo solo retórica, los campos se secarán. Pero si las gestiones se
traducen en proyectos reales, este encuentro puede marcar el inicio de una
nueva etapa para Elota.
