Análisis Internacional Héctor Bernardo Contexto dialogó con el intelectual y académico ecuatoriano René Unda Lara para analizar el acuerdo ...
Análisis Internacional
Héctor Bernardo
Contexto dialogó con el intelectual y académico ecuatoriano René Unda Lara para analizar el acuerdo con el FMI que anunció el presidente de Ecuador. Como suele suceder, la receta implica pérdida de derechos para los sectores más vulnerables, achicamiento del Estado, reducción de los presupuestos de salud y educación y precarización de las condiciones de trabajo, en un marco de privilegios para los sectores del poder económico concentrado y la especulación financiera.
El presidente de Ecuador, el exbanquero Guillermo Lasso, anunció esta semana un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que antes de fin de año lleguen al país 1.500 millones de dólares, monto que complementa parte de lo acordado con su antecesor, Lenín Moreno.
Como suele suceder, el acuerdo con el FMI implica que Ecuador tome medidas para la reducción de la inversión pública, una reforma impositiva y una apertura económica. Para entender las implicancias de estas medidas y del acuerdo en general, Contexto dialogó con René Unda Lara, intelectual y académico ecuatoriano, doctor en Ciencias Sociales y profesor investigador de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
¿Qué implica para Ecuador el acuerdo con el FMI?
En principio –y de modo global– este acuerdo, cuyo monto global alcanza los 6.500 millones de dólares a desembolsarse entre octubre de 2020 y diciembre de 2022, previa verificación del cumplimiento de las metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional, implica la subordinación de las decisiones gubernamentales y, en general, del aparato estatal a las indicaciones de políticas que el FMI indica cuando se establece este tipo de acuerdos, que se concretan con los préstamos que este organismo hace a los países que lo solicitan y que comprometen a nombre de todo un país el cumplimiento de tales indicaciones.
El alineamiento irrestricto de la política gubernamental a las indicaciones que hace el FMI tienen implicaciones que afectan negativamente a la inmensa mayoría de la población, puesto que su ejecución y cumplimiento apuntan, en lo fundamental, al constreñimiento y asfixia de lo público.
La disminución y recorte de la inversión pública se expresa en severas limitaciones tanto en el acceso como en la cobertura de servicios y prestaciones sociales, en la reducción de la masa salarial contemplada en el PIB (una reducción gradual y anual), cuestión que se traduce en la eliminación de plazas de empleo y, con ello, en la precarización generalizada de la vida de la gente.
Una aproximación inicial al acuerdo del FMI con el país, en particular para los sectores medios y populares, permite evidenciar la implementación de recortes significativos en los rubros de salud, educación y empleo dentro del presupuesto general del Estado, por tomar tres de los ámbitos más sensibles para la vida de la gente.
En el sector educación, el recorte es de alrededor de 570 millones de dólares con respecto al presupuesto del año anterior, que a su vez ya tuvo recortes importantes respecto de 2018 y 2019. Según cifras oficiales, el presupuesto destinado a educación ya sufrió un recorte del orden del 36 % entre 2018 y 2019, año en que el Gobierno de Lenín Moreno implementa el primer tramo del acuerdo con el FMI, que se extiende hasta el actual Gobierno de Guillermo Lasso.
En el sector salud, el recorte presupuestario se enmarca en el mismo patrón de reducción de la inversión pública. La proforma enviada por el Ejecutivo hace pocos días a la Asamblea Nacional muestra una reducción aproximada a los 220 millones de dólares con relación al presupuesto general del Estado correspondiente a 2020. En este caso, la reducción de los recursos destinados a salud, una medida absolutamente regresiva en materia de los derechos establecidos en el marco normativo ecuatoriano, supone no solo dejar desprotegidos a amplios sectores de la población, sino que, en el contexto pandémico, tal tipo de decisiones expresa, sociológicamente hablando, una especie de ataque del Estado contra la sociedad. Que, reitero, en el curso de la pandemia significa la instalación en firme de prácticas necropolíticas.
En la misma dirección y en el campo de lo laboral, el acuerdo con el FMI ha significado una persistente sucesión de despidos masivos de servidores públicos, esto desde 2018 con la implementación de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, así como también de empleados privados que con la aprobación de la llamada Ley de Apoyo Humanitario, aprobada en el peor momento de la pandemia, a mediados de 2020, los trabajadores quedaron en un lamentable estado de indefensión al no contar con las garantías de protección de sus derechos por parte del Estado.
Todo esto tiene como contrapartida la preservación de privilegios de las élites económicas del país mediante las medidas gubernamentales directamente emanadas de las indicaciones del FMI en el marco de este acuerdo.
¿El Gobierno de Lasso es la continuidad –o la profundización– del Gobierno de Moreno?
Es una continuidad con profundización de las medidas antipopulares implementadas durante el Gobierno de Moreno. Una continuidad agravada, que supone la profundización de un estado generalizado de crisis ya instalado durante el Gobierno de Moreno y que se agudizó durante la pandemia con las medidas propuestas por aquel Gobierno y con el apoyo de la bancada política de Lasso, entre otras fuerzas políticas de marcado corte anticorreísta.
Si se mira con cierto detenimiento el conjunto de medidas que el Gobierno de Moreno adoptó e implementó desde el tramo inicial de su mandato, encontramos en el actual Gobierno los mismos ejes de la agenda de gestión económica y política. Es decir: desregulación generalizada, no solo de la economía sino también institucional; medidas de ajuste, aperturismo comercial, estigmatización de la oposición política, de modo particular estigmatización hacia el correísmo y sus actores y también de la actual dirigencia de la CONAIE. También una dinámica general de erosionamiento de la institucionalidad pública y estatal. Cabe recordar que todo lo que Lasso venía proponiendo desde su primera candidatura, entre 2013 y 2014, fue recogido e implementado durante el Gobierno de Moreno. El conjunto de medidas implementadas entre 2018 y 2021 contaron con el voto de los asambleístas del partido de Lasso y constituyen parte medular del andamiaje legal sobre el cual el Gobierno de Lasso actúa e intenta construir, de alguna forma, legitimidad decisional y gubernamental.
Las medidas adoptadas en el Gobierno de Moreno están teniendo efectos evidentes en la precarización de la vida de la gente, y sus líneas de continuidad se profundizan en la medida que los efectos de la crisis generalizada –agravada por la pandemia– se ven cada vez más en amplios y mayoritarios sectores de la población.
Al mencionar brevemente, tres de los principales paquetes de medidas adoptadas en el Gobierno de Moreno: la Ley Orgánica de Fomento Productivo de 2018, el acuerdo con el FMI en 2019 y la Ley de Apoyo Humanitario en 2020, en plena pandemia, representan de modo explícito una clara política de preservación y consolidación de privilegios para las élites empresariales y financieras del Ecuador, a partir de un agresivo desmontaje institucional de lo público.
Existen otros aspectos que representan tal continuidad y que forman parte del bloque de poder liderado por el gran empresariado y la banca criolla. Entre esos aspectos puede mencionarse: el cerco mediático desplegado por las grandes corporaciones de la comunicación, devenidos en actores centrales de la dinámica política que no solo ha blindado a los Gobiernos de Moreno y Lasso sino que, además, ha jugado un papel decisivo en la instalación de un «sentido común» que, legitimando la agenda de las élites empresariales, ha ido corroyendo y estigmatizando a cuanta oposición política ha intentado hacerle frente (en particular al correismo y, por momentos, a la CONAIE y al movimiento indígena).
Tanto el Gobierno de Moreno como el de Lasso han tenido en los grandes medios de comunicación un aliado incondicional de gran impacto en la sociedad.
Cabría mencionar que, hasta el momento, el único hecho que marca una ruptura evidente entre el Gobierno de Moreno y el de Lasso es el plan de vacunación. En ello el Gobierno de Lasso ha mostrado un desempeño enormemente superior al de Moreno.
¿A qué sector representa el Gobierno de Lasso?
Sobre todo, a las élites económicas de carácter empresarial, a las élites financieras representadas en los grupos accionistas de la banca; a las grandes corporaciones mediáticas cuyo papel ha sido decisivo en la dinámica política del país; y también podríamos decir que representa a aquellos sectores medios del país que experimentaron un momento prolongado de frustración de expectativas de movilidad ascendente, en especial a partir de 2015, cuando la crisis se hace palpable por el sostenido declive del precio del petróleo, el terremoto de abril de 2016, etc. Estos sectores representan también un significativo contingente poblacional con bajísima capacidad de análisis crítico de la realidad política, sobre todo en términos de una mirada y una aproximación analítica a la real correlación de fuerzas y de los intereses en juego en el Ecuador contemporáneo.
El Gobierno del presidente Lasso, cabe decir, ejerce una singular forma de representación política de los intereses de los grandes grupos económicos del país, puesto que él mismo es un banquero. En Ecuador hemos llegado a un punto de tal fragilidad institucional que la representación gubernamental, lejos de constituir una mediación entre los intereses y demandas de los distintos sectores, se representa a sí misma.
¿La Asamblea Nacional tiene herramientas para frenar el ajuste?
En el caso ecuatoriano, la Asamblea puede ejercer, en el marco de sus competencias, la no aprobación de los proyectos enviados por el Ejecutivo, incluida la proforma presupuestaria, lo cual implicaría la activación de varios recursos legales de los que dispone el Ejecutivo para implementar el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, uno de los problemas sustantivos es que, hasta la fecha, el Gobierno del presidente Lasso no ha presentado su Plan Nacional de Desarrollo, sino algunas iniciativas y un par de decretos que desde la perspectiva jurídica han sido ya fuertemente rebatidos por su claro carácter inconstitucional.
La aparente avalancha de medidas que se anuncian desde distintos ministerios e instancias gubernamentales muestran un contenido claramente anticonstitucional, como por ejemplo el Decreto 095, que modifica las modalidades de contratación y participación en materia de explotación hidrocarburífera y mediante las cuales la participación del Estado en renta y utilidades petroleras experimentaría un severo retroceso y un regreso a las condiciones anteriores a las que se modificaron positivamente para el Estado en el primer Gobierno de Rafael Correa.
En la perspectiva de los mecanismos de los que dispone la Asamblea para detener el ajuste en la mayoría de sus frentes, es el de la destitución presidencial por arrogación indebida de funciones del presidente constitucional o mediante lo que está establecido en el marco normativo en razón de grave crisis económica o conmoción social. Este tipo de mecanismos constituye una posibilidad, a mi juicio, aparentemente lejana, pues la declaratoria de un estado de conmoción social lo realizan los mismos actores políticos, y el escenario actual, no solo por la volatilidad y por la composición de la Asamblea sino por lo que ha sido la conducta política de las mayorías asamblearias, imposibilitaría que suceda.
En el marco normativo está establecida también la posibilidad de lo que se denomina la «muerte cruzada», que, si bien es una facultad del Gobierno, implica una aceptación explicita o tácita del Legislativo para que, disuelta la Asamblea por el Ejecutivo, se convoque a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias en simultáneo. Este sería, probablemente, uno de los modos de detener, al menos provisionalmente, el ajuste.
Lo que resuena el actual momento de pérdida de apoyo del Ejecutivo en la Asamblea Nacional es la convocatoria gubernamental a consulta popular, a un referéndum cuyo resultado implica la aceptación por parte de las distintas instancias del Estado. Finalmente, la Asamblea –o ciertos bloques de la Asamblea– podría a lo sumo apoyar iniciativas ciudadanas de activación de mecanismos de democracia directa previstos en la Constitución, como el de la revocatoria de mandato que, en mi opinión, también constituye en el corto plazo una posibilidad remota, pues el tejido político-institucional no muestra condiciones mínimas de viabilidad para la concreción, para el planteamiento y la realización de este mecanismo.
