Culiacán.- El Instituto para la Evaluación de la Educación de Sinaloa, cuya creación propone el Partido Sinaloense, tiene el propósito de a...
Culiacán.- El Instituto para la Evaluación de la Educación de Sinaloa, cuya creación propone el Partido Sinaloense, tiene el propósito de asegurar el intercambio de información y experiencias relativas a la evaluación educativa para que propicien acciones de mejora en el ejercicio de las funciones que corresponden a las autoridades en la materia, sostuvo Héctor Melesio Cuén Ojeda, presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado.
Explicó que en la iniciativa con proyecto de Decreto de Ley para la creación de este instituto, presentada el 24 de febrero por el PAS y a la cual ya se le han dado dos lecturas, se prevé que el Sistema Estatal de Evaluación Educativa cuente con una Conferencia que deberá sesionar al menos cuatro veces al año.
Dicha conferencia, precisó, de aprobarse en sus términos por el Congreso local, se conformaría por los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto, hasta cuatro representantes de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y por tres representantes de la Sección 53 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Dijo además que puede el Presidente de la referida Junta invitar a las sesiones a los representantes de las instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, así como a docentes distinguidos y las personas expertas que puedan exponer conocimientos y experiencias sobre temas vinculados a la evaluación de la educación.
Este instituto, detalló, estaría dotado de plena autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna a partir del reglamento que emita, con el objeto de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Estatal en lo que se refiere a la educación básica y media superior, tanto pública como privada, en todas las modalidades y servicios.
De esta manera, dijo que de acuerdo con la iniciativa del PAS, el Instituto sería la autoridad en materia de evaluación educativa a nivel estatal, y tendría las atribuciones necesarias para el cumplimiento de su objeto, tales como expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden.
Esto contempla, dijo, diseñar, implementar y mantener actualizado un sistema de indicadores educativos y de información de resultados de las evaluaciones.
Asimismo, agregó, diseñar e implementar evaluaciones que contribuyan a mejorar la calidad del aprendizaje de los educandos pertenecientes a los diversos grupos y a quienes tengan algún tipo de discapacidad, y establecer mecanismos de interlocución con autoridades educativas y otros órganos para analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así como las directrices que de ellos deriven, entre otras.
Subrayó que los educadores son uno de los elementos que constituyen el Sistema Educativo Estatal que son materia de evaluación, y en congruencia con el mandato constitucional de emitir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas en las funciones de evaluación que les corresponden, se proponen atribuciones específicas al Instituto, relacionadas con el servicio profesional docente para la evaluación de los maestros y personal con funciones de dirección y supervisión de la educación básica y media superior que imparte el Estado.
Dijo que el PAS propone que la dirección del instituto esté encomendada a una Junta de Gobierno, compuesta por nueve miembros, designados de acuerdo al procedimiento señalado en la presente iniciativa de Ley, de entre los cuales la propia Junta nombrará a su Presidente.
También se propone que el Instituto cuente con una Secretaría Técnica y las unidades administrativas que se determinen en su reglamento interior, a efecto de que sea la propia Junta la que determine la organización necesaria para el mejor cumplimiento de sus fines.
Con el propósito de lograr un elevado nivel técnico y profesional, la iniciativa contempla los requisitos que deberán cumplirse para ser miembro de la Junta de Gobierno, entre los cuales destacan que se trate de profesionales con experiencia mínima de diez años en materias relacionadas con la educación, la evaluación, las ciencias sociales o áreas afines, y que tengan experiencia docente en cualquier tipo y nivel educativo.
Dada la especialidad e importancia de las decisiones del Instituto, se propone en la iniciativa entre otras facultades de la Junta de Gobierno, las de aprobar los programas anual y de mediano plazo del Instituto, así como los objetivos, proyectos, metas y acciones de las unidades administrativas; los proyectos de medición y evaluación que corresponden a componentes, procesos y resultados del sistema educativo estatal, así como los instrumentos, lineamientos, directrices, criterios y demás medidas y actos jurídicos a que se refiere la Ley.
El Presidente de la Junta de Gobierno, adelantó, tendrá entre sus funciones, administrar y representar legalmente al Instituto; convocar y presidir las sesiones, además de acatar y hacer cumplir los acuerdos de la propia Junta de Gobierno; celebrar los actos jurídicos que al efecto resulten necesarios para la colaboración y coordinación con las autoridades educativas u otras personas físicas o morales, así como presentar anualmente al Congreso del Estado, dentro de los dos meses siguientes a la conclusión del ciclo lectivo, un informe del estado que guardan los componentes, procesos y resultados de la evaluación del sistema educativo estatal.
El Instituto, dijo, tendrá la facultad de expedir lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación, así como generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial para la igualdad social. Al respecto, la iniciativa propone que por su importancia para la sociedad, los lineamientos y directrices que emita el Instituto se harán del conocimiento público.
También se contempla que el incumplimiento de los lineamientos sea sancionado en términos de las disposiciones aplicables; además de que los procesos de evaluación realizados por las autoridades educativas en contravención a los lineamientos emitidos por el Instituto, sean nulos.
Cuén dijo que las directrices deberán ser producto de la información generada por el Instituto en el cumplimiento de sus funciones, tendrán por objeto contribuir a la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación y se establecerán mecanismos que faciliten su seguimiento por parte de la sociedad.
Por tal motivo, expuso sobre esta iniciativa, se establece que las directrices sean atendidas por las autoridades educativas, salvo que exista causa justificada, en cuyo caso éstas deberán fundar, motivar y hacer pública su respuesta.
