Otros más fueron amonestados este año por no pres...
Otros más fueron amonestados este año por no presentar su declaración patrimonial y negar información pública solicitada Culiacán, Sin.- Un total de diez funcionarios del Gobierno del Estado fueron sancionados durante este 2013 por diversas irregularidades cometidas en el ejercicio de su trabajo; las más graves son las cometidas por José Francisco Contreras Inzunza, de la Secretaría de Administración y Finanzas, por solicitar y recibir 30 mil pesos a cambio de conseguir un descuento en el pago de impuestos, multas y recargos del crédito fiscal detectado a una empresa, pero fue inhabilitado por cinco años a partir del 27 de septiembre.
De acuerdo a la información que contiene la página web de la Ley de Acceso a la Información Pública dependiente de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas también fue inhabilitado por cinco años a partir del pasado 7 de noviembre Jorge Salvador Tamayo Fernández, trabajador de la Secretaría de Administración y Finanzas, por solicitar y recibir la cantidad de 20 mil pesos a cambio de dejar trabajar a una empresaria en su negocio ubicado en una plaza comercial.
Norma Leticia Juárez Beltrán, de la Universidad Pedagógica Nacional, Maricela de Jesús Niebla Quintero, del Centro de Ciencias de Sinaloa, y Ruy Avilés Salazar, de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria fueron amonestados por omitir la entrega de información pública solicitada a sus organismos.
Y por no presentar su declaración patrimonial 2012 fueron amonestados los funcionarios Jesús Ricardo Vega Zepeda, de la Secretaría General de Gobierno; Alfredo Amillano López, de Servicios de Salud de Sinaloa, y Juan Guerra Medina, de la Secretaría de Turismo.
Dos nombres de los funcionarios sancionados no fueron revelados por tratarse de amonestaciones privadas.
En las sanciones del 2012 destacan la que se dio a conocer en su momento que involucró al rector de la Universidad de Occidente, Guillermo Aarón Sánchez por la solicitud, gestión y aprobación de pago improcedente de una indemnización laboral en su desempeño como vicerrector y omisión de solicitar la autorización a la junta directiva.
El funcionario fue suspendido por siete días y recibió una amonestación pública, pero cometieron la misma irregularidad Maximiliano Aarón Heredia Quiñonez, Óscar Terán Enríquez, Minerva Fabela Galaviz y Alba Alicia Armenta Camacho, trabajadores de la Universidad de Occidente que también gestionaron el pago improcedente de una indemnización laboral, mientras que Adelma Ríos Ríos fue sancionada por la autorización de pago improcedente de una indemnización laboral del rector.
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