El exgobernador de Baja California enfrenta un proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos; un juez modificó e...
El exgobernador de Baja California enfrenta un proceso por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos; un juez modificó el lugar donde deberá cumplir la medida cautelar debido a su edad y condiciones de salud.
Ciudad de México.— Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, continuará sujeto a prisión preventiva, pero podrá cumplirla en su domicilio después de que una autoridad judicial modificó las condiciones de ejecución de la medida cautelar.
La resolución fue tomada durante una audiencia de revisión solicitada por la defensa de Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso penal por presuntos delitos de delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos.
La defensa argumentó que el exmandatario tiene 74 años y presentó documentación médica relacionada con una cirugía y otros padecimientos para solicitar que pudiera permanecer en su domicilio mientras continúa el proceso.
La determinación no significa que Ruffo Appel haya obtenido su libertad ni que haya concluido el proceso penal en su contra. La prisión preventiva se mantiene y únicamente cambia el lugar donde deberá cumplirla.
Guardia Nacional mantendrá vigilancia permanente
Entre las condiciones establecidas se encuentra la vigilancia permanente por elementos de la Guardia Nacional en el domicilio donde permanecerá el exgobernador.
También tendrá prohibido salir del país y deberá entregar su pasaporte y visa.
La resolución establece además que Ruffo Appel no podrá acercarse a testigos ni a otras personas relacionadas con la investigación.
De esta manera, continuará a disposición de la autoridad judicial mientras avanza el proceso penal.
Enfrenta acusaciones por delincuencia organizada e hidrocarburos
Ruffo Appel se encuentra procesado por su presunta participación en una estructura investigada por operaciones relacionadas con hidrocarburos.
La Fiscalía General de la República sostuvo que la prisión preventiva oficiosa continúa vigente debido a la naturaleza de los delitos que se le imputan.
El cambio autorizado por la autoridad judicial se limita, por lo tanto, al sitio donde permanecerá mientras se desarrolla el procedimiento.
La responsabilidad penal del exgobernador deberá ser determinada por los tribunales una vez que concluya el proceso correspondiente.
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