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La Fiscalía General de la República lo acusa de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos; un juez ordenó prisión preventiva para él y otros cuatro implicados mientras continúa el proceso penal.
Ciudad de México.– El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, permanecerá en prisión preventiva luego de que un juez federal le imputara su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La medida cautelar fue determinada al concluir una audiencia inicial que se prolongó por más de 30 horas, una de las más extensas registradas desde la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en México.
De acuerdo con la FGR, además de Ruffo Appel, también fueron imputados Ricardo "N", José María "N", Guillermo "N", Juan "N", Luis "N", Adriana "N" y José "N", todos señalados por su presunta participación en una red dedicada al comercio ilícito de combustibles.
La investigación es encabezada por el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que presentó cerca de un centenar de datos de prueba para sustentar la imputación.
Permanecerán en distintos centros penitenciarios
El juez determinó que Ernesto Ruffo, Ricardo "N", Juan "N", Luis "N" y José "N" permanezcan bajo prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "Altiplano", ubicado en el Estado de México.
En tanto, José María "N" y Guillermo "N" enfrentarán el proceso en prisión domiciliaria por razones de salud, mientras que Adriana "N" permanecerá interna en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl Sur.
¿Qué penas podrían enfrentar?
La prisión preventiva no constituye una sentencia de culpabilidad, sino una medida cautelar mientras se desarrolla el proceso judicial.
En caso de que el exgobernador sea declarado culpable, las penas dependerán de los delitos que finalmente acrediten las autoridades y de la resolución que emita el órgano jurisdiccional.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión por delitos relacionados con el robo o comercio ilícito de combustibles.
Por su parte, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla sanciones de hasta 40 años de prisión, dependiendo de la participación y gravedad de los hechos acreditados en juicio.
Una de las audiencias más largas del sistema penal
El proceso judicial inició la tarde del jueves y se extendió durante más de 30 horas debido al número de personas imputadas y al análisis individual de la situación jurídica de cada una.
Durante la diligencia, la jueza otorgó diversos recesos para que las defensas revisaran la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía antes de continuar con la formulación de imputaciones y la imposición de medidas cautelares.
La investigación contra los ocho imputados continuará en las próximas etapas del proceso penal, en las que se determinará si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso y, posteriormente, resolver sobre su responsabilidad penal.
