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Entre Veredas Marco Antonio Lizárraga “El destino se ríe de las probabilidades”, Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873) Escritor ingl...
Entre Veredas
Marco Antonio
Lizárraga
“El destino se ríe de las probabilidades”, Edward George Bulwer-Lytton (1803-1873) Escritor inglés.
FALLAS
Lo ocurrido en
Topolobampo dejó de ser un episodio local para convertirse en una señal
política, económica y diplomática. Lo que se perfilaba como el inicio de una
inversión estratégica terminó en un escenario de reclamo social, donde
comunidades indígenas, pescadores y colectivos ambientalistas irrumpieron para
señalar una omisión clave: la falta de consulta previa.
En el acto
estuvo el gobernador Rubén Rocha Moya, acompañado de autoridades federales y
representantes del proyecto. Pero también estuvo un observador de alto nivel:
el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, cuya presencia
convirtió el episodio en un mensaje que trascendió lo estatal.
Porque cuando un
evento de esta naturaleza ocurre frente a un representante diplomático, la
lectura cambia. Ya no se trata solo de un conflicto social, sino de una señal
hacia el exterior sobre cómo se gestionan las inversiones, la legalidad y la
estabilidad en la región.
El fondo del
problema sigue siendo el mismo: no se realizó la consulta indígena previa. Y en
proyectos de esta magnitud, ese paso no es opcional.
Es un requisito
legal y un componente esencial de legitimidad. Sin él, cualquier inversión
queda expuesta, no solo a la protesta social, sino a posibles litigios que
pueden frenar o encarecer su desarrollo.
Pero más allá de
lo jurídico, el episodio abre una lectura política inevitable.
La
responsabilidad de prevenir estos escenarios recae directamente en la
Secretaría General de Gobierno, encabezada por Yeraldine Ponce Valverde.
Su función es
clara: construir puentes, anticipar conflictos, generar diálogo y evitar que
las tensiones escalen al espacio público.
Sin embargo, en
este caso, la percepción es que ese trabajo no se reflejó. Las inconformidades
no eran nuevas. Existían señalamientos previos sobre la falta de consulta,
advertencias de colectivos y posturas críticas de comunidades. Aun así, el
conflicto llegó intacto al acto oficial.
Eso revela una
falla en la operación política. No necesariamente por ausencia total de
comunicación, pero sí por una interlocución insuficiente o poco efectiva. Y en
política, cuando el diálogo no alcanza, el conflicto encuentra su propio
espacio.
El resultado fue
un evento desbordado, una narrativa institucional interrumpida y una imagen que
no correspondía al objetivo del gobierno: proyectar certidumbre y orden.
La presencia del
embajador Ronald Johnson terminó por amplificar el momento. Mientras el
gobierno buscaba posicionar a Sinaloa como destino de inversión, lo que se
proyectó fue un recordatorio de que ningún proyecto puede sostenerse sin
respaldo social y cumplimiento legal.
El gobierno
estatal ha reaccionado al señalar que la consulta indígena se realizará antes
de continuar. Es un paso necesario, pero que llega después de que el conflicto
se hizo visible y público.
Y ese es el
punto central.
El arranque de la
construcción de la planta Mexinol no se frenó por falta de inversión ni por
inviabilidad técnica. Se frenó por una falla en el proceso. Y en política, los
procesos son tan importantes como los resultados.
El caso no era nuevo,
los grupos que protestaron y provocaron a la reprogramación de la planta, no
fueron atendidos por quien debe de ser quien le quite los “golpes” al gobernador
que es la secretaria de gobierno, esa es su función ante esto no pudo.
El tema del
conflicto primero debió atenderse por la gente, lo ocurrido en Topolobampo
demuestra la falta de oficio y visión política, así como social de Yeraldine.
Esperemos que ahora
que esto ocurrió ahora sí, la llamada “número 2” del gobierno de Rocha cumpla sus
funciones de resolver problemas al gobernador antes de que lleguen a el. Al
menos, en años, esa ha sido la función de la Secretaría General de Gobierno.
Ahí se las dejo
de tarea.
El caso Mexinol
no ocurre en el vacío. Llega a una región donde ya existe memoria de conflicto,
donde la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente marcó un
precedente que aún no termina de resolverse. Hoy, con la suspensión del
arranque de Mexinol, Topolobampo suma su segundo gran proyecto industrial
detenido en medio de cuestionamientos sociales, legales y ambientales.
La lectura es
inevitable. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón que comienza a
consolidarse: proyectos de alto impacto que avanzan en lo técnico y en lo
financiero, pero que tropiezan en lo social y en lo político. La repetición del
conflicto evidencia que no se ha logrado construir un modelo de desarrollo que
incluya de manera efectiva a las comunidades desde el origen.
Porque si el
primer caso dejó lecciones sobre consulta, diálogo y legitimidad, el segundo
confirma que esas lecciones no se han terminado de incorporar. Y ahí es donde
el problema trasciende a los proyectos en sí. Se instala en la forma de
gobernar, en la manera de gestionar la inversión y en la capacidad del Estado
para equilibrar intereses.
A LOS CUATRO
VIENTOS
La declaración
del diputado federal Ricardo Madrid Pérez no sorprende por su contenido, sino
por el momento en que se realiza. En la política sinaloense, los tiempos
formales rara vez coinciden con los tiempos reales, y lo dicho en Mazatlán
confirma que la carrera rumbo a 2027 ya comenzó, aunque todavía no exista una
ruta clara.
Madrid Pérez
reconoce lo que muchos actores políticos prefieren matizar: sí hay aspiración.
Y al hacerlo, se coloca dentro del abanico de perfiles que buscan posicionarse
en la antesala de la definición de candidaturas dentro del bloque de la llamada
Cuarta Transformación. No define cargo, no adelanta estrategia, pero deja claro
que está en la fila.
El dato
relevante no es solo su intención, sino el contexto en el que la enmarca. La
referencia a que su nombre ha sido considerado por la dirigencia nacional del
Partido Verde, encabezada por Manuel Velasco Coello, lo inserta en una lógica
de validación externa. En otras palabras, no es una aspiración aislada, sino
una que busca respaldo desde el centro del poder partidista.
Sin embargo, el
escenario sigue siendo difuso. La posible fórmula de tres mujeres y tres
hombres para participar en el proceso interno —que él mismo menciona como
versión no confirmada— refleja el nivel de incertidumbre que prevalece. No hay
reglas claras, no hay convocatoria formal y, sin embargo, ya hay
posicionamientos.
Ese vacío no es
casual. Forma parte del método político que ha caracterizado a la 4T: construir
candidaturas a partir de encuestas y acuerdos cupulares que se definen más
adelante, pero que desde ahora comienzan a moldear el comportamiento de los
aspirantes. En ese terreno, adelantarse no es un error; es una necesidad.
Para el Partido
Verde, la jugada tiene otra lectura. Su papel dentro de la alianza con Morena
ha sido estratégico, pero también subordinado en muchos momentos. Colocar
perfiles propios en la conversación, como el de Madrid Pérez, es una forma de
negociar espacios y no quedar relegado en la toma de decisiones.
La experiencia
que el propio diputado menciona —su paso por distintos cargos públicos y su
conocimiento del estado— forma parte del discurso habitual de legitimación. Sin
embargo, en procesos como el que se avecina, esos elementos no siempre son
determinantes. La definición final suele depender de factores más amplios:
equilibrio político, acuerdos nacionales y, sobre todo, la viabilidad electoral
que arrojen las encuestas.
Entre Veredas,
el movimiento de Ricardo Madrid no define candidaturas, pero sí marca
presencia. En un tablero donde aún no se colocan todas las piezas, comenzar a
jugar es también una forma de no quedar fuera.
Porque en la
política de hoy, esperar a que se definan las reglas puede ser el primer paso
para perder la partida.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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