Jueces federales consideran constitucional el mecanismo financiero para garantizar la viabilidad de la jubilación dinámica y la estabilida...
Jueces federales consideran constitucional el mecanismo financiero para garantizar la viabilidad de la jubilación dinámica y la estabilidad institucional.
Culiacán, Sinaloa.– De acuerdo con un informe presentado ante el Honorable Consejo Universitario, los criterios emitidos por jueces de distrito y tribunales colegiados del Decimosegundo Circuito han coincidido en que la retención aplicada al personal jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, derivada de la implementación de la Reingeniería Integral Universitaria, es constitucional y legal.
El documento fue elaborado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la institución, encabezada por Alfonso Carlos Ontiveros Salas, y compartido por el director de la Facultad de Derecho Mazatlán, José Ramón Bonilla Rojas, quien explicó que el criterio judicial establece que la universidad no incurre en abuso alguno al aplicar dicho mecanismo.
Precisó que el planteamiento de un grupo minoritario de jubilados parte de considerar la prestación como un “derecho adquirido” intocable; sin embargo, señaló que los tribunales han valorado que, sin la retención o el mecanismo financiero correspondiente, la universidad no podría garantizar la continuidad de la jubilación dinámica.
Se destacó que la mayoría de los quejosos cuentan también con pensiones otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se pone en riesgo su subsistencia, ya que mantienen un estándar de ingresos superior al promedio nacional.
Bonilla Rojas indicó que en Sinaloa son diez los jueces de distrito que han conocido de amparos promovidos por este grupo: tres en la zona norte, cuatro en Culiacán y tres en el sur del estado. La mayoría de las demandas han sido desechadas por considerarse notoriamente improcedentes, mientras que otras continúan en trámite.
Asimismo, se advirtió que no atender las directrices emitidas por la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública en materia de reingeniería, o en un escenario remoto en que dichas medidas fueran revocadas por mandato judicial, podría comprometer la viabilidad financiera de la institución y poner en riesgo la continuidad de la jubilación dinámica.
El informe subraya que los fallos judiciales han dado respaldo a las reformas impulsadas por la universidad, al considerar que su finalidad es garantizar el cumplimiento de las prestaciones contractuales y fortalecer la estabilidad financiera de la comunidad universitaria.
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