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El esquema de “compensación vitalicia” aprobado en 2022 habría carecido de sustento jurídico y presupuestal, además de generar un pasivo m...
Ciudad de México.– El programa de “compensación vitalicia” para extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro fue utilizado como un instrumento de operación política durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el libro Ni venganza ni perdón, escrito por Julio Scherer Ibarra en coautoría con Jorge Fernández Menéndez.
Según un adelanto de un capítulo publicado por la revista Proceso, Jesús Ramírez Cuevas desempeñó un papel clave para convencer al entonces presidente de aprobar el decreto que dio origen al programa, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2022.
En la obra, Scherer Ibarra sostiene que el esquema generó un pasivo estimado de casi 27 mil millones de pesos hasta el año 2086, de acuerdo con un estudio actuarial del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y que desde su origen fue objeto de cuestionamientos dentro del propio gobierno federal, al carecer de sustento jurídico y presupuestal sólido.
El impacto del programa también se reflejó en el ámbito sindical. La medida profundizó la fractura interna del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya dirigencia tradicional acusó que el decreto fue negociado con actores sin representación legítima, además de denunciar la imposición de liderazgos afines al gobierno federal. Estas diferencias derivaron en la conformación de grupos paralelos que resultaron beneficiados por el esquema de compensación.
El libro señala además que, en 2024, beneficiarios del programa manifestaron públicamente su respaldo político a la entonces candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y agradecieron de manera directa la intervención de Jesús Ramírez Cuevas, a quien atribuyeron un papel central en la implementación del programa.
La publicación plantea que el caso representa un ejemplo del uso de decisiones administrativas y decretos presidenciales con fines de control político y electoral, cuyos efectos financieros y sociales continuarán impactando a largo plazo.
