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La legisladora pidió que el Gobierno estatal asuma postura firme ante las fosas clandestinas localizadas en Concordia y demandó información diaria y verificable de parte de las autoridades federales, así como permitir la participación de colectivos de búsqueda como observadores.
Culiacán, Sinaloa.– La diputada Paola Gárate Valenzuela exigió que el Gobierno del Estado asuma una postura activa frente a los trabajos de rescate de cuerpos en las fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, y deje de mantenerse, dijo, “como espectador” ante la crisis de desapariciones.
En conferencia ante medios de comunicación y durante la sesión pública ordinaria del primer receso de 2026, la legisladora pidió que las autoridades federales que encabezan los trabajos de búsqueda proporcionen información efectiva, diaria y verificable sobre los hallazgos, además de permitir que los colectivos de mujeres con familiares desaparecidos participen al menos como observadores en las diligencias.
Gárate Valenzuela también solicitó la destitución de la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno estatal, al señalar que, en una reunión con madres rastreadoras, no se atendió su petición de acudir a presenciar los trabajos en El Verde, sino que se les advirtió sobre presuntos riesgos y se cuestionó el acompañamiento de una diputada de oposición.
La legisladora sostuvo esta postura ante integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, acompañada por representantes de colectivos de búsqueda, quienes han solicitado mayor apertura y acceso a información clara sobre los procedimientos realizados en la zona.
Señaló que, mientras la Federación no ofrece detalles suficientes sobre los resultados, el Gobierno estatal —afirmó— evita asumir una postura firme ante lo que calificó como una de las crisis de desapariciones más graves en Sinaloa.
En su posicionamiento, planteó una serie de interrogantes sobre el origen de la información que permitió ubicar las fosas, el número real de hallazgos y el resguardo de evidencias, así como las razones para limitar la presencia de observadores ciudadanos en los trabajos de búsqueda.
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