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El Congreso del Estado aprobó una nueva legislación que endurece las sanciones por el delito de extorsión, al aumentar las penas de prisión y armonizar la ley local con el marco federal, como respuesta a una exigencia social en materia de seguridad.
Culiacán, Sinaloa.– Con la aprobación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión del Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado de Sinaloa avaló un incremento sustancial en las penas para este ilícito, que pasan de un rango de 4 a 12 años de prisión a uno de 15 a 25 años, como una medida ejemplar para inhibir su comisión.
Así lo expuso la diputada Tere Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política, durante la discusión del dictamen que finalmente fue aprobado sin ningún voto en contra. La legisladora, también coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que se trata de una “ley espejo” de la legislación federal, cuyo contenido fue analizado durante varias semanas.
Guerra Ochoa subrayó que la aprobación de esta ley local representa una respuesta directa a la ciudadanía ante una problemática que se ha agudizado, al reconocer que incluso desde centros penitenciarios se han realizado llamadas de extorsión. Añadió que la nueva legislación también pone énfasis en la reparación del daño a las víctimas y en la necesidad de sancionar de manera ejemplar una práctica que debe erradicarse.
Durante la discusión, la diputada Juana Minerva Vázquez González, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, destacó que la aprobación de la ley no es un simple trámite legislativo, sino una decisión estratégica para reducir una problemática real. Indicó que el nuevo marco jurídico aporta claridad legal, evita interpretaciones dispersas y cierra espacios a la impunidad.
La legisladora explicó que los cambios otorgan mayor certeza tanto al Estado como a las víctimas, reducen el margen de actuación de los extorsionadores y fortalecen la capacidad institucional para dar respuestas más rápidas, técnicas y consistentes mediante una coordinación efectiva entre las autoridades competentes.
En el debate también participó la diputada Irma Guadalupe Moreno Ovalles, quien manifestó no estar en contra del combate a la extorsión, al tratarse de un delito que genera temor y afecta directamente a la población. No obstante, planteó su desacuerdo con la dispensa de la segunda lectura del dictamen, al considerar que este había sido distribuido apenas la noche previa a su discusión.
Con esta nueva legislación, el Congreso del Estado fortalece el marco jurídico para combatir la extorsión, endurece las sanciones y busca ofrecer mayor protección y certeza a las víctimas de este delito en Sinaloa.
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